Editorial
Este martes se ha cumplido el 25 aniversario de la masacre en la casa cuartel de Zaragoza, uno de los más salvajes atentados perpetrados por la banda terrorista ETA, en el que fueron asesinadas 11 personas –entre ellas cinco niñas– y resultaron heridas 88, dos de las cuales eran mujeres embarazadas que también perdieron a sus hijos en gestación.
El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha querido acompañar a las asociaciones de víctimas en tan emotivo aniversario asegurándoles que todos los etarras serán perseguidos y detenidos «se encuentren donde se encuentren». Es muy de agradecer este gesto del ministro, así como que, en esta ocasión, no nos haya salido con que su objetivo es la «autodisolución» de ETA o circenses «entregas de armas».
Ahora bien, si nos hemos de creer la disposición del ministro del Interior a cumplir activamente con su deber legal de perseguir a todos los terroristas y delincuentes «sin excepciones», hemos de advertir que unos de los principales inductores de ese bestial atentado en Zaragoza fue Josu Ternera, con quien el anterior presidente del Gobierno mantuvo contactos a través del dirigente del PSE, Jesús Eguiguren.
Mucho se ha hablado, aunque nunca lo suficiente, del delito de colaboración con banda armada en el que incurrieron los policías que, en el bar Faisán, alertaron a los miembros del aparato de extorsión de la banda de que estaban siendo vigilados por orden del juez Grande Marlaska. Pero peor aun y mucho más ignorado es este otro infame capítulo de la paz sucia de Zapatero, en el que los miembros del gobierno socialista, empezando por su presidente, faltaron activamente a su deber, en favor de Josu Ternera, del «deber de perseguir delitos y sus responsables», omisión del deber tipificada como delito en el artículo 408 de nuestro supuestamente vigente Código Penal.
A pesar de que desde 2002 pesaba contra Josu Ternera una orden del Tribunal Supremo de búsqueda y captura precisamente por su imputación como inductor de la masacre que hoy recordamos, el secretario general del PSE no tuvo empacho en reunirse en repetidas ocasiones con este cabecilla de la banda terrorista y, entre cafetito y cafetito, transmitirle los mensajes del presidente del Gobierno. Y esto lo sabemos por el propio Eguiguren, quien lo ha confesado en libros y entrevistas.
Por todo ello, antes que nada, tenemos el derecho y el deber de preguntar al actual ministro del Interior si puede prometer por su conciencia y honor que ignora el actual paradero de este sanguinario terrorista. Y si lo ignora, preguntarle también si ha requerido información sobre este asunto a su antecesor en el cargo, Alfredo Pérez Rubalcaba. «Ejemplar» fue el calificativo que empleó Fernández Díaz, hace ahora un año para referirse a la gestión de sus antecesores socialistas, de quienes dijo también «para que lo sepa todo el mundo, que me consta que el Ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en suspenso el Estado de Derecho».
Pues bien. Esperemos que el actual ministro del Interior sea algo más que «ejemplar» en su anunciado objetivo de detener y enjuiciar a Ternera. Algo más de lo que lo ha sido a la hora de detener a los autores del chivatazo del Faisán.