Territorialidad en la política vasca

La situación actual del PP vasco, con las especulaciones sobre el futuro secretario general, ha generado en su interior diversos y continuos comentarios respecto a la territorialidad en el partido, o dicho de otro modo, a las cuotas de representación que debe tener cada territorio en la ejecutiva, que ponen de manifiesto la importancia extrema de esta cuestión en su organización interna. Pero tanto los argumentos del PP alavés, de verse representados en la ejecutiva por tener mayor peso institucional, como los del vizcaíno, por tener mayor número de militantes, deberían dejar su sitio a una comprensión cabal de lo que significa la foralidad en Euskadi, de la que el PP vasco es, de largo, su más cualificado representante.

Ninguna otra organización territorial del PP en España demanda, como la de aquí, esas cuotas provinciales y la actual presidenta del PP vasco es muy consciente, como demostró en su discurso de política general de septiembre pasado, de que la foralidad es el pilar histórico que sustenta su ideario político, y sobre el que descansan todos sus apartados, desde la economía a la cultura y el euskera. Ningún otro partido, ni siquiera el PNV, tiene un pasado foral equiparable al del PP vasco. Sencillamente porque la foralidad se inició con la derecha liberal vasca allá por los años treinta del siglo XIX, en vísperas de la Ley de Fueros de 1839, mientras que el nacionalismo solo ve la luz al final de esa centuria.

El PP, como representante actual de la derecha histórica vasca, debe respetar la territorialidad en su ejecutiva básicamente por dos razones: una, porque los derechos históricos asisten primero a cada territorio en particular, y solo de ahí a la autonomía vasca en su conjunto, y dos, porque cuenta con antecedentes políticos e intelectuales de primer nivel en cada uno de los tres territorios. Por ceñirnos solo al momento fundacional de la foralidad, por Álava tenemos a Ortés de Velasco, Fausto Otazu y Blas López quienes, desde el liberalismo moderado, defendieron en 1834 la compatibilidad del régimen foral con el constitucional español. En Guipúzcoa, la foralidad moderna partió del Conde de Villafuertes quien, junto con el Conde de Monterrón, fundó el fuerismo liberal, que da continuidad a los fueros vascos bajo el régimen del Estatuto Real de 1834. Y en Vizcaya Manuel de Urioste y Casimiro Loizaga elaboraron el programa de la derecha liberal vasca para encajar los fueros en la legalidad constitucional, que desembocó en la Ley de 25 de octubre de 1839.

Desde entonces la foralidad es la base ideológica de nuestra estructura institucional moderna, y la derecha vasca actual debe ser muy consciente de la historia que representa, para no perderse en discusiones bizantinas. Hoy a cada territorio le corresponde exactamente el mismo número de representantes políticos en el Parlamento vasco, caso único entre el resto de autonomías. Galicia, con el mismo número de parlamentarios que aquí, 75, respeta la diferencia poblacional porque no cuenta con el entramado institucional y político vasco. No hay ninguna otra comunidad política en España, excepto Navarra, que presente una continuidad institucional semejante. Y esto se confirmó con la citada Ley de 1839. Si para los nacionalistas, con una falta colosal de rigor y sentido histórico, esa fecha fue la de la pérdida de la independencia, para la foralidad bien entendida fue la que abrió el periodo del llamado «oasis foral» o época dorada de los fueros, que sintonizó a la derecha vasca con el resto de la española y que rigió las décadas centrales del siglo XIX. ¿Cómo, si no, al catalán Mañé y Flaquer, autor de ‘El Oasis, viaje al país de los fueros’, se le hubiera ocurrido titular así su obra si en 1839 el sistema foral, que él conocía a la perfección, se hubiera quedado vacío de contenido? Lo que pasa ahora en nuestro País Vasco, visto en perspectiva histórica, es que estamos empezando a salir, con un esfuerzo y una paciencia a prueba de bomba, y nunca mejor dicho, de la etapa más negra de nuestra historia reciente, y en la Euskadi actual son muchísimas las personas que consideran que estos últimos cuarenta años han sido, de un modo inaprensible desde el exterior pero muy evidente para quienes vivimos dentro, de imposición, de miedo y de adoctrinamiento, procedentes de cierto sector del nacionalismo vasco. Ha habido democracia, sí, quién lo duda, pero con las calles tomadas por un solo mensaje dominante, el de un nacionalismo vasco que ha arramplado con toda nuestra historia, y para el que España es franquista y fascista desde, al menos, los Reyes Católicos. Nacionalismo que ahora mismo experimenta un vértigo parecido al que sintió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y que le llevó a aglutinarse en el pacto de Lizarra, porque pensó, y sigue pensando, como se está viendo con el tema de los verificadores, que si la población pasa del todo la página del terrorismo, el nacionalismo en su conjunto se resentirá sin remedio.

Y con este panorama, resulta obligado que la derecha vasca reivindique la foralidad con todas sus consecuencias, como eje central de nuestra historia, con su territorialidad diferenciada, con su patria chica vasca en el seno de la patria grande española, con su pujanza económica solidaria con el resto de España y con su pervivencia del euskera como seña de identidad única en Europa. Foralidad casi bicentenaria que el nacionalismo rompió en mil pedazos, convirtiendo el doble patriotismo en enfrentamiento excluyente, el euskera en sinónimo de independentismo y la pujanza vasca en distinción insolidaria. Por lo tanto, conformar una ejecutiva teniendo en cuenta la territorialidad, para un partido foral como el PP vasco, es una cuestión de principios, no de diferencias en poder institucional, en población o en personas concretas.