Hicieron falta muchos años, mucha sangre, mucho dolor, para definir con precisión en el Código Penal y en la conciencia ciudadana el auténtico significado de la palabra ‘terrorismo’. A saber; que terroristas no son únicamente quienes accionan un coche bomba o aprietan un gatillo, sino los colaboradores indispensables para crear el clima de terror perseguido con esas acciones. O sea, que lo principal no es el tipo de violencia utilizada, sino la finalidad pretendida con esa violencia: someter mediante el terror. Ahora parece bastar la conveniencia de Pedro Sánchez para volver al punto de partida y así allanar el camino de los empeñados en demoler nuestro marco de libertades. Desde los separatistas catalanes hasta los islamistas, sin olvidar a los etarras. A la vista de los precedentes, el mero hecho de que el presidente diga en una entrevista que tal cambio «no está en el ánimo del Gobierno» debe hacer saltar las alarmas.

Tras la reforma de la legislación llevada a cabo en 2015, el terrorismo quedó tipificado de la siguiente manera: «La comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos… cuando se llevaran a cabo con la finalidad de subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o alterar gravemente la paz pública».

No hace falta ser jurista para constatar que los sucesos protagonizados en Cataluña por Tsunami Democrático, a cuyo vértice el juez sitúa al propio Puigdemont, entran de lleno en lo descrito. Actuaban con el propósito subvertir el orden constitucional tras la declaración unilateral de independencia, estaban en posesión de explosivos y otras armas, alteraron gravemente la paz pública, causaron la muerte de un turista francés, además de daños irreparables a la integridad física de varios policías, y ocasionaron destrozos multimillonarios en Barcelona.

En derecho todo es susceptible de interpretación, pero en este caso parece evidente que los hechos acaecidos encajan de lleno en la tipificación. Con pruebas menos consistentes cumplen penas de prisión decenas de yihadistas condenados por adoctrinar o planificar atentados. Si finalmente prevalece el interés personal de Sánchez y se modifica el Código Penal a la baja, en aras de satisfacer las exigencias de su socio fugado, esos terroristas serán los máximos beneficiarios de la claudicación ‘progresista’. La excarcelación de agresores sexuales beneficiados por el ‘sí es sí’ de Montero se quedará en una broma frente a la suelta masiva de terroristas islámicos. Y adivinen de qué modo expresarán su gratitud…