Terrorista y funcionario

Han pasado más de quince años del último asesinato de la banda terrorista de ETA y casi ocho desde su disolución. Si al transcurso del tiempo añadimos el interés del actual gobierno de España por convertir a su brazo político en pilar de su estabilidad, es normal que hayan dejado de escandalizar algunas noticias relacionadas con los que protagonizaron su historia criminal. Comprendo el escaso interés que pueda derivarse de su conocimiento, pero cuando uno ha dedicado algunos años de su vida pública a combatir esta lacra, queda la costumbre de hacerlo.

Muchos presos de la banda terrorista obtuvieron sus títulos académicos en la Universidad del País Vasco de manera fraudulenta. Tan solo algún diputado del PP se atrevió a denunciarlo hace más de veinte años en el Parlamento Vasco, aunque de poco sirvió, pues continuaron regalándose. Como continuación de ese fraude, la mayoría de los presos de ETA, declarándose insolventes, eludieron el abono de la responsabilidad civil a sus víctimas. El Estado, de manera subsidiaria, hizo frente al abono de las indemnizaciones previstas en la ley. En su momento, la dirección general de atención a las víctimas del terrorismo cuantificó el importe de las mismas en 886 millones de euros. Cantidad que pagamos entre todos los españoles mientras los asesinos se iban de rositas económicamente.

La mayoría de aquellos terroristas se encuentran hoy en libertad, algunos han sido incluso ayudados por el Gobierno vasco a encontrar una colocación, otros perciben salarios o subvenciones de la administración pública y todos, insisto, coinciden en no haber hecho frente a la deuda que en su día asumió en su nombre el Estado. Terroristas como Ainhoa Ozaeta o Joseba Permach son hoy profesores en la Facultad de Económicas de la Universidad del País Vasco. Otros colaboradores de la banda, como Miren Azkárate, ocupan cargos de dirección en ONGs –como ‘PausuMedia Elkartea’ dedicada a la promoción de medios de comunicación en vascuence– y reciben fondos de los gobiernos de España, País Vasco o Navarra –más de 120.000 euros en este caso–. Por último, otros como Mikel Albisu –Mikel Antza– son contratados por ayuntamientos de Bildu como animadores culturales de lectura en vascuence.

Toda esta vergüenza es posible porque o la ley no lo impide o la Justicia hace la vista gorda. El código penal se modificó en 2015 para incluir en su artículo 35 la prisión permanente revisable. Si aquella reforma fue posible para reservarla a delitos especialmente graves –asesinato de menores, terrorismo, genocidio– ¿Por qué no plantear la inhabilitación permanente revisable para cargo o empleo público de los condenados por terrorismo? Así no se repetiría el oprobio de Ozaeta o Permach. También podemos preguntarnos por qué la ley no impide a los condenados por este delito recibir subvenciones públicas o prestar ningún servicio en la Administración. De este modo no se repetiría la vergüenza de Azkárate.

Y como última pregunta, ¿por qué la Fiscalía de la Audiencia Nacional no investiga y persigue el patrimonio de los condenados por delitos de terrorismo para recuperar la responsabilidad civil abonada de manera subsidiaria por el Estado? Así como la inhabilitación tiene una duración limitada al tiempo fijado en la sentencia, la obligación de abonar la responsabilidad civil no prescribe. Si un defraudador de Hacienda es perseguido de manera implacable, con más razón debe hacerse con un terrorista que fraudulentamente ha evitado asumir sus obligaciones económicas con las víctimas por él causadas.

Comprendo que lo acabo de plantear tiene serias dificultades para llevarse a la práctica. Todo lo relacionado con el terrorismo se considera ya asunto cerrado, liquidado y superado. Siendo así y convertidos sus responsables en hombres de paz y de gobierno, a nadie interesa remover el pasado. Por otra parte, estas reformas legales, que obviamente no tendrían carácter retroactivo, requerirían de un consenso imposible en la actualidad. A pesar de ello, me parecen tan vergonzosos los ejemplos relatados, que me ha parecido obligado recordarlos y proponer estas soluciones. Se lo debemos a las víctimas del terrorismo, pero también a la dignidad y el respeto que merece el Estado de derecho.