Isabel San Sebastián-ABC
- PNV y Bildu compiten por ver quién se apunta el mérito de liberar a los etarras que les ha entregado Sánchez
Ni siquiera se han molestado en guardar las formas. Un día antes de que las cárceles situadas en el País Vasco pasaran a depender del gobierno presidido por Urkullu, ya habían sido eliminados de sus fachadas los escudos de España, como símbolo de lo que ocurrirá con los presos que albergan y, muy especialmente, de los asesinos, torturadores, extorsionadores, chivatos y demás escoria perteneciente a la banda terrorista ETA. Su destino será la calle, precedida por un generoso régimen abierto que les permitirá moverse sin apenas restricciones, al amparo de la ley de «segundas oportunidades» que el parlamento vasco aprobó esta misma semana por el procedimiento de urgencia, con los votos entusiastas de Bildu, PNV, PSE y Elkarrekin, marca local de Podemos.
Los dos partidos separatistas estuvieron décadas colaborando diligentemente en la tarea de alcanzar la independencia, unos «sacudiendo el árbol», otros «recogiendo nueces», y ahora compiten por ver cuál de los dos se apunta el mérito de liberar a los «gudaris» cuyos crímenes terminaron por doblegar al gobierno de España en época de Zapatero. Doblegar, sí. Porque, lejos de haber sido derrotada, ETA detenta ahora más poder del que jamás soñó cuando sus pistoleros mataban pero en Moncloa se sentaban dirigentes dignos, leales a la Constitución y a España. Ahora el brazo político de esa banda no solo es legal, sino que ocupa escaños decisivos para la aprobación de los presupuestos que el jefe del Ejecutivo pretende sacar adelante a costa de humillarse y humillarnos ante una formación que jamás ha renegado de ese historial delictivo y que, con su mera existencia, rentabiliza todos y cada uno de los atentados etarras, a la vez que afrenta a sus víctimas y a cualquier persona decente.
Desde que Sánchez ocupó la poltrona con el respaldo indispensable de bilduetarras y peneuvistas, su peón en Interior, Marlaska, ha mostrado gran celo acercando a terroristas a prisiones próximas al País Vasco o directamente a los centros que a partir de ahora gestionará el ejecutivo autonómico y donde ya cumplen condena setenta y tres indeseables que muy pronto andarán sueltos. Actualmente quedan menos de doscientos encarcelados, que progresivamente irán saliendo, sin haber mostrado arrepentimiento ni mucho menos colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los más de trescientos asesinatos pendientes de resolución, para recibir los correspondientes homenajes en sus pueblos. Es el precio acordado por Zapatero a cambio de ese fraude que tuvo la desvergüenza de llamar «paz». Un pago de cuyos plazos se hace puntualmente cargo su aventajado discípulo, con la ayuda del ministro que un día vistió una toga y llegó a engañar a las víctimas en la Audiencia Nacional haciéndoles creer que servía a la Justicia. Abonada desde las filas socialistas esa factura ignominiosa, queda por saber quién recoge en las urnas vascas más papeletas de sangre.