LIBERTAD DIGITAL 18/05/16
· «En Barcelona, hazlo en catalán… o paga la multa», titula un reportaje sobre la erradicación del idioma español en el ámbito de los negocios.
El carácter totalitario de la política lingüística de la Generalidad no pasa desapercibido en Europa. Las denuncias en el Parlamento Europeo, la observación directa de algunos corresponsales (que han llegado a mostrar su malestar por el acoso y presiones de la administración autonómica) y el trabajo de los grupos que defienden a los afectados por las políticas de inmersión tienen más eco en The Economist, por ejemplo, que la reciente gira de Carles Puigdemont por el Reino Unido.
Bajo el título «En Barcelona, hazlo en catalán… o paga la multa«, el reportaje del influyente medio aporta abundante información sobre las prácticas de la Generalidad y el incremento en los últimos años de la actividad del comisariado lingüístico. Así, explica que en 2014 fueron multadas 57 empresas; 68 en 2015 y en lo que va de 2016 un centenar.
El texto recoge las impresiones de Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, quien describe la ofensiva para que el catalán se convierta en el único idioma oficial de la región. También recaba The Economist la opinión de Montserrat Ribera, directora de la agencia de consumo de la Generalidad, quien declara que es absolutamente necesario proceder con multas para preservar la lengua y los derechos de los consumidores catalanes.
Resulta llamativo el caso de Roger Seuba, al que se presenta como un bibliotecario que declara haber denunciado a más de cinco mil empresas, así como el hecho de que las denuncias puedan ser anónimas. La información se articula sobre los casos de Ángel Centeno, propietario de una inmobiliaria y multado con mil euros por incumplir la ley catalana de consumo, o Rafael Moreno, en idéntica situación por no rotular en catalán.