Tiempo de acuerdos

La incertidumbre que aún pesa sobre la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno abre un curso político que empieza como terminó el anterior. Sin embargo, asistimos a un cierto cambio positivo de actitudes. Después de muchos años en los que la negociación política brilló por su ausencia, los partidos no tienen más opción que retomar la vía del diálogo como el único método capaz de asegurar la gobernabilidad de España y eso, en sí mismo, ya representa una novedad.

Deben perder toda esperanza los que crean que las conversaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos son una concesión excepcional para salvar el trago de la investidura. No basta con designar un jefe del Ejecutivo y que este ponga en marcha un simulacro de Gobierno. Ejercer el poder necesita un mínimo de estabilidad y el diálogo será indispensable cada vez que se plantee un proyecto para el que sea precisa la mayoría absoluta, como los Presupuestos o una ley orgánica, u otro quorum aún más exigente. De ahí que la idea del Congreso de los Diputados como apéndice del Gobierno pase al ostracismo, en beneficio de un concepto de Gobierno parlamentario.

Que esto funcione depende del grado de responsabilidad de las principales fuerzas. La interinidad política ha durado demasiado tiempo y los problemas no aguantan eternamente. Agotado por el pesimismo político, puesto de relieve por múltiples encuestas —tras el profundo bache de confianza originado en los años de problemas económicos—, este país necesita resolver la crisis institucional que padece. Y esto solo puede conseguirse a partir de la voluntad de los líderes.

Por fortuna, la provisionalidad política no ha influido hasta ahora en los principales resultados económicos. No ha limitado el crecimiento y ha coexistido con una reducción de la prima de riesgo del Tesoro español. Los últimos datos de contabilidad nacional han vuelto a sorprender favorablemente, con un crecimiento del 0,8% en el segundo trimestre del año, algo por encima de lo esperado, y una tasa interanual, del 3,2%, significativamente superior al promedio de la eurozona. La mejor de las contrapartidas que ha dejado la crisis es el aumento de la propensión exportadora de nuestras empresas, y los ingresos por turismo registrarán un año récord.

Todo esto se debe en gran parte a las mejores condiciones de financiación de la economía. Las políticas excepcionalmente expansivas del Banco Central Europeo nos resarcen de la incertidumbre interna. Pero su continuidad en modo alguno está garantizada. Sería un grave error confiar en que el aparente divorcio entre situación económica y deterioro político no tenga costes. Todos los riesgos señalados meses atrás para la estabilidad de España siguen estando ahí, comenzando por el mal momento que vive Europa y la absoluta necesidad de volver activamente a ese escenario cuanto antes para no perder lo que nos resta de influencia.

Por ello hace falta disponer de un horizonte presupuestario que haga compatible el saneamiento de las finanzas públicas con el progreso económico y del empleo, lo cual exige la suficiente estabilidad y fortaleza políticas para hacer valer, ante las instituciones europeas, la necesidad de suavizar los ajustes necesarios en los próximos años. También, que se restauren las dotaciones de capital humano y tecnológico, seriamente sacrificadas durante la gestión de la crisis, pero indispensables para asentar la economía en la senda de modernización que necesita; y que se aborde la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Afirmar voluntades más consensuales también es importante en el plano interno, para no desaprovechar la oportunidad de acometer la regeneración política necesaria. A corto plazo está convocada la sesión de investidura de Rajoy, quien debería ser el primer interesado en no maltratar verbalmente a quien puede necesitar —ayer llamó “irresponsable” al PSOE por enésima vez— y mostrar con más claridad qué es lo que está dispuesto a hacer. Este debe ser el tiempo del diálogo y de la búsqueda de acuerdos. Con un Parlamento constituido por minorías hay que hablar frecuentemente con otros, haciendo de las imposiciones de un solo partido un residuo del pasado y no la forma habitual de la toma de decisiones ni de poner en marcha proyectos políticos.

En todo caso, un nuevo Gobierno habrá de enfrentarse a desafíos inmediatos, desde el freno tajante a la corrupción a la deriva secesionista de las autoridades de Cataluña, manteniendo alta la unidad frente al terrorismo yihadista. Por eso la hipótesis de invalidar en la práctica las elecciones del 26 de junio tiene que desaparecer de la agenda de unos partidos que deben trabajar por la normalización, antes de que la incuria pueda precipitarnos en una grotesca repetición de las elecciones por tercera vez en un año.