Va a ser una sentencia difícil, controversial, con algún probable voto particular que sea cual sea el sentido del veredicto facilitará su cuestionamiento desde el ámbito político. Porque aunque la causa se ha desarrollado con garantista pulcritud procesal y estricto rigor jurídico, resulta innegable que la política la ha sobrevolado desde el principio. Política fue la filtración original, político el debate que ha generado, política la intromisión gubernamental, política la renuencia del acusado a dimitir, político el ruido comunicativo. Y político, pese a su cargo de alto funcionario judicial, el rango del principal protagonista del juicio. El fiscal general del sanchismo. El hombre a quien el presidente ha defendido como si fuese uno de sus ministros.

De modo que habrá polémica suceda lo que suceda. El Gobierno lanzará una formidable campaña propagandística si el tribunal emite un fallo de inocencia. Y si es de culpabilidad ahondará en el argumento de la persecución togada bajo la inspiración de la derecha. El estrépito continuará con o sin condena, consecuencia de la polarización que domina la escena pública, enfrenta a media España con la otra media y tritura el crédito de la justicia poniéndola al borde de la fractura interna. Nada ni nadie queda ya al margen de este penoso cisma civil cuyos efectos repercuten sobre instituciones esenciales en el equilibrio del sistema.

Los españoles hemos podido ver a fiscales próximos a García Ortiz denigrar a la misma policía judicial, la UCO, que les ayuda en las investigaciones de otros sumarios. Hemos podido oír a juristas y catedráticos pontificar sobre el cariz tendencioso de la instrucción, y hemos podido leer clasificaciones apriorísticas de la ideología de los magistrados, cargadas de desprecio a su independencia jurisdiccional y a la profesionalidad de su trabajo. Hemos conocido las rencillas entre miembros de la Fiscalía por boca de su propio responsable, cuyo alegato señaló a Isabel Ayuso como inductora del caso. Y hemos contemplado la transformación mediática de la vista oral en un espectáculo más del circo partidario, con comentaristas alineados en la dialéctica de bandos.

De todo eso se tendrán que aislar los jueces para deliberar en conciencia sobre el único material que tienen a su alcance: pruebas, indicios, testimonios, garantías, contexto. A sabiendas de que se producirán discrepancias entre ellos, de que será difícil la unanimidad de criterio y de que cualquier conclusión acabará sirviendo para especular sobre su sesgo. Ya han sufrido de hecho, mientras asistían al juicio en significativo silencio, la injerencia de un jefe del Ejecutivo capaz de pronunciarse antes de tiempo con la atrevida ignorancia de un perfecto lego en Derecho. Pero no se alcanza un asiento en una sala del Supremo sin la experiencia, el temple y el conocimiento suficientes para sobreponerse a todo eso.