Es probable que nos encontremos ante la caducidad de un sistema de poder inaugurado con la Transición y sin capacidad para sustituirlo por otro de manera ordenada. Al fin y al cabo, la sintonía manifestada entre Eudel y el Gobierno de López para la elaboración de la ley municipal no supondría más que la tardía aprobación de una asignatura pendiente durante años.
Los días anteriores a la celebración del primer Aberri Eguna que no contará con la presencia del lehendakari -como ayer señalaron los portavoces jeltzales- han ofrecido todo un mosaico de gestos y declaraciones públicas que dibujan una Euskadi política sumida en la contradicción, la incoherencia. Es posible que la semana transcurrida responda a la tan deseada normalidad. O que refleje las dificultades que afectan a partidos e instituciones para representar el juego político a medida que se va amortizando el problema del terrorismo etarra. El hecho de que una mayoría de vascos vaticine que el PNV regresará al Gobierno tras las próximas autonómicas concede al momento una provisionalidad muy apropiada para el desorden. Pero debe haber algo más.
Se escenifica el anuncio de la reordenación del sistema hospitalario de Vitoria mediante una comparecencia conjunta del consejero Bengoa con el secretario general de los populares, Iñaki Oyarzábal, institucionalmente inapropiada, días antes de que se adelantara el inevitable recorte presupuestario en Osakidetza. La presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga, muestra su coincidencia con las manifestaciones de Mayor Oreja en cuanto a su convicción de que los socialistas mantienen negociaciones con ETA, olvidando que ocupa una posición institucional desde la que resulta anómalo que se sitúe en un extremo de su propio partido. Gregorio Rojo insiste en la necesidad de despolitizar las cajas de ahorros en una invitación encomiable a los demás, haciéndose el olvidadizo respecto al origen de su ascenso a una posición tan relevante en la economía alavesa. La portavoz del Gobierno vasco, y titular de Justicia, se enzarza con la Diputación de Guipúzcoa a cuenta de los centros de menores de dicho territorio, en una diatriba que no encuentra otra salida que la de la marcha atrás. Iñaki Azkuna convierte la Alcaldía de la villa en la casamata desde la que poner condiciones bilbaínas a un proyecto que su partido consideraba tan «nacional», y propio de la jornada que se celebra el próximo domingo, como la fusión de las cajas vascas.
Y ello mientras los grupos parlamentarios tratan de salvar la disputa por el tema de la capitalidad de Euskadi mediante un reconocimiento formal de Vitoria-Gasteiz que todos estarían interesados en suscribir. Juan Luis Ibarra acaba colándose casi sin querer en la liza por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, tras una encarnizada pugna cruzada entre candidatos y miembros del CGPJ. El hasta ahora viceconsejero de Política Lingüística, Ramón Etxezarreta, se explaya dando cuenta de su dimisión en términos poco menos que indescifrables después de una breve y parca gestión al frente de dicha área de responsabilidad. El invitado del año para la ‘resolución del conflicto’, Brian Currin, se muestra desconcertado tras haber acompañado a la izquierda abertzale a describir su enésimo movimiento circular en torno al nudo gordiano de que ETA no quiere renunciar a la violencia.
Al tiempo, Eusko Alkartasuna declara que las cosas no están maduras como para concurrir con la izquierda abertzale a las próximas elecciones locales y forales, pero sí para manifestarse juntos con motivo del Aberri Eguna. Domingo de Resurrección que sus escindidos de Hamaikabat conmemorarán en su web, porque hay cosas más interesantes que hacer ese día que reunirse para un mitin. E Iñigo Urkullu se ve obligado a apelar nada menos que a la «coherencia histórica» para explicar la reacción de su partido ante las denuncias de corrupción que implican a dirigentes alaveses del PNV que gozaban de amplia confianza dentro de la familia jeltzale.
La coincidencia en el tiempo de tan paradójicas noticias puede ser fruto de la casualidad. Pero todas y cada una de ellas revelan un notable desorden en el comportamiento de las instituciones y en la capacidad de los propios partidos para supervisarla. La inexistencia de una formación que acapare el gobierno de las principales instituciones, y la sensación de transitoriedad que puede transmitir el Ejecutivo socialista, justificarían algo de lo que ha ocurrido esta última semana. La proximidad de los comicios a ayuntamientos y diputaciones explicaría otra buena parte de tan confusa maraña de posturas.
Pero es probable que este tiempo sin orden sea la consecuencia de una crisis más profunda; de la paulatina atomización del poder en un ámbito tan reducido como el vasco, combinada con la dificultad que las distintas áreas de influencia encuentran para argumentar su propia existencia. Los momentos de indignación y entusiasmo que se vivieron en torno a la última junta de accionistas de Iberdrola sería un buen reflejo.
Es probable que nos encontremos ante la caducidad de un sistema de poder inaugurado con la Transición y sin capacidad para sustituirlo por otro de manera ordenada. Al fin y al cabo, la sintonía manifestada entre Eudel y el Gobierno de López para la elaboración de la ley municipal no supondría más que la tardía aprobación de una asignatura pendiente durante años.
Kepa Aulestia, EL CORREO, 2/4/2010