El anteproyecto de Presupuestos encaja perfectamente en esta idea. Las cuentas públicas reflejan lo que el Gobierno puede hacer en estas circunstancias, pero pensar que estamos ante una nueva política económica (¿se acuerdan de la NEP soviética?), como proclama el cerebro económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, es algo más que osado. Entre otras razones, porque el año 2021 es un ejercicio de transición entre la tragedia de 2020 y las políticas de ajuste (más o menos finas) que se iniciarán en 2022, cuando decaiga, previsiblemente, la cláusula de salvaguarda de la UE, que ha dado a los gobiernos barra libre para gastar. Y esa es, precisamente, la parte más débil del anteproyecto de ley de Presupuestos, la sostenibilidad de la polítca de gastos más allá de 2021 por un problema estructural que tiene este país en términos de recaudación. Y no hace falta recordar que los fondos europeos tenderán con el tiempo a agotarse.

Es en este marco en el que hay que situar los PGE 2021, que conjugan, por un lado, mayor gasto público al abrigo de los fondos europeos Next Generation (España adelanta 27.000 millones a cuenta) y, por otro, no son capaces de asegurar que la capacidad de recaudación del Estado sea suficiente para encauzar la economía española hacia un nuevo modelo de crecimiento. No porque haya que gastar más en balde, sino porque pasar de una economía de bajo valor añadido a otra de mayor productividad exige recursos públicos en materias como el cambio climático, la digitalización o, lo que es todavía más importante, en mejorar el sistema educativo preparándolo para poder competir en un mundo que puede dejar España en una posición subalterna en la división internacional del trabajo.

Lo cierto es que España, como suele decir el economista Daniel Fuentes, parece condenada a la maldición del 38%. Es decir, a una recaudación tendencial muy baja respecto de la media de la UE, lo que históricamente, salvo tras la adhesión de 1986, limita la posibilidad de acometer una modernización profunda del aparato productivo.

Hechos imponibles

Esta insuficiencia histórica, desde luego, no se cubre con la panoplia de subidas impositivas planteada por el Gobierno, que ha hecho más ruido que nueces a la hora de incrementar la recaudación o encontrar nuevos hechos imponibles. Apenas 3.997 millones entre 2021 y 2022, sin contar los nuevos tributos: servicios financieros, residuos, plásticos, gasóleo o economía digital, y cuyo impacto en términos de ingresos es muy limitado (4.273 millones). El incremento del IRPF, por ejemplo, solo afectará al 0,17% de los contribuyentes, lo que da idea de su potencia recaudatoria. En total, 8.270 millones, lo que no parece mucho sobre los 377.401 millones de euros en ingresos tributarios (financieros y no financieros) de que dispondrán las distintas administraciones.

No se trata de subir más los impuestos —desde luego, sería una temeridad hacerlo en el actual contexto para las clases medias— sino de recaudar más con un sistema fiscal más equilibrado que no haga descansar en los asalariados el peso de la recaudación, lo que hubiera exigido una amplia reforma. O, más a largo plazo, cambiar el modelo productivo, que es lo que diferencia, en realidad, la fiscalidad de España respecto de sus socios europeos. Y como eso no se puede hacer en una ley presupuestaria (Constitucional ‘dixit’), no hay razones para pensar que se esté ante una nueva era fiscal.

Tras la hojarasca verbal, lo que resulta algo más que evidente es que la vicepresidenta Calviño ha ganado por goleada a Iglesias, aunque en esto hay un cierto reparto de papeles. Mientras la propia Calviño y la ministra de Hacienda se afanaban ayer en hablar de ‘ajustes’ en el sistema fiscal a la espera de una reforma más profunda, lo que supondrá reunir la enésima comisión de expertos, Iglesias se esforzó en decir que se trataba de una subida de impuestos, sin matices, en aras de aumentar la progresividad. Su euforia llegó al punto de proclamar el fin de la hegemonía neoliberal, lo cual habrá que repasar en su día con la hemeroteca en la mano.

Es verdad que el Presupuesto incorpora un incremento que es social y políticamente muy significativo, como es la subida del Iprem, que es el indicador para acceder a determinadas ayudas sociales, pero esa euforia desmedida por una subida del 5% contrasta con una dura realidad. El Iprem ha subido en la última década apenas 10 euros, hasta los 537,84 euros, lo que da idea del parche que supone una subida de esa intensidad.