ABC 02/02/17
EDITORIAL
· Es razonable que la Generalitat sepa que, si persiste en su desafío, encontrará enfrente toda la maquinaria y la fuerza del Estado para proteger la unidad y la soberanía nacionales
NADA de lo que pueda hacer o decir el independentismo catalán sorprende ya a nadie. Hace tiempo que su apuesta separatista se ha convertido en una obsesión abiertamente ilegal y desafiante para todos los españoles. Dentro de unos días, Artur Mas se sentará en el banquillo por promover la consulta farsa del 9-N. Ahora presumen de disponer de los datos fiscales de millones de españoles, clasifican a jueces y fiscales como aliados de la causa separatista o traidores, y el nacionalismo tradicionalmente constructivo y pragmático ha entregado todo el patrimonio político acumulado durante la democracia a un partido antisistema como la CUP para pisotearlo imponiendo sus condiciones y plazos. El independentismo amenaza con adelantar a mayo o junio el prometido referéndum ilegal, y especula con la posibilidad de camuflarlo celebrándolo el mismo día de unas elecciones autonómicas adelantadas. Todo es un desvarío sin fin, un disparate de primera magnitud en el que la manipulación emocional de los catalanes corre a la par que los delirios planteados por Puigdemont, Junqueras y otros dirigentes que han decidido llevar a Cataluña a un desastre sin precedentes.
Los esfuerzos del Gobierno central por negociar una salida están resultando en vano. Nada puede negociarse con quien nada quiere negociar. Y concebir el diálogo solo como la obligada cesión a un chantaje abiertamente inconstitucional y prohibido por la Ley es completamente absurdo. Pretender imponer por la fuerza una ilegalidad no es admisible desde ningún punto de vista. Y en este caso, además, carece de la justificación histórica, social o cultural que falsamente invoca el independentismo. Y es razonable que la Generalitat sepa que, si persiste en su desafío, encontrará enfrente toda la maquinaria y fuerza del Estado para proteger la unidad y la soberanía nacionales, incluso aunque tenga que recurrir excepcionalmente al artículo 155 de la Constitución para desactivar el perverso engranaje de desobediencia, felonías y deslealtades puesto en marcha por el nacionalismo catalán.
La Generalitat está a punto de empujar a los catalanes a una sedición colectiva e irracional por pura irresponsabilidad y está arrogándose el sentir de una mayoría de ciudadanos que ni se sienten independentistas ni quieren ver su territorio separado de España. Una parte de Cataluña no puede decidir sobre algo que también implica de lleno a los madrileños, los vascos, los andaluces o los murcianos. Pero de ese referéndum, el único que sería legalmente admisible, los nacionalistas no quieren oír hablar; ellos imponen las reglas. Han optado por una rebeldía sistemática cuyas consecuencias están siendo demoledoras para todos los catalanes.