EL 6 DE diciembre de 1930, José Ortega y Gasset escribía en el diario El Sol un artículo bajo el título Un proyecto. Decía Ortega que «ante todo, es preciso que cuantos hombres haya de intención a un tiempo clarividente y honrada se esfuercen en peraltar el nivel donde ha de moverse la discusión y aun la lucha que el destino, queramos o no, ha traído ahora sobre España». Con este llamamiento a la responsabilidad cívica, Ortega tomaba partido por lo que consideraba que era una labor de patriotismo inapelable ante un escenario político y social extraordinariamente convulso.
En «esta España nuestra» que ha sufrido una crisis sin precedentes en nuestra historia reciente, muchos ciudadanos han perdido muchas cosas que les hacían más fuertes como personas: la confianza, las ilusiones, las perspectivas vitales, las causas personales y colectivas. Nuestros hijos empiezan a sospechar que van a vivir peor que nosotros y que el ascensor social ya no llega al ático; un caldo de cultivo ideal para los populistas y los separatistas. Por eso, en el horizonte se perfila hoy con más nitidez que hace unos años la posibilidad de un divorcio colectivo: un divorcio entre españoles, que –lejos de ser, como los divorcios entre individuos, un punto y aparte en una biografía– equivale a una ruptura en toda regla de nuestro Estado de derecho, de nuestro régimen de libertades y de la idea misma de España.
La cuestión catalana es hoy, como lo era entonces, el problema más acuciante al que se enfrenta España. Las crisis económicas se remontan, los conflictos políticos se superan pero, si nuestro país se disuelve, será un hecho irreversible: un parteaguas en la historia de España, y diría incluso que de nuestra civilización. Si ese hecho irreversible se consuma, los hombres y las mujeres de mi generación, nacidos en un país atrasado y sin libertades, entregados a una lucha generacional por la democracia, el Estado de derecho, la estabilidad y la prosperidad, estaremos legando a nuestros hijos un país netamente peor que aquel por el que luchamos. En cierto modo, habremos fracasado como generación. Este artículo trae causa de este sentimiento.
El proceso de secesión que ha puesto en marcha Puigdemont ha sido calificado por algunos como un golpe de Estado. Yo no coincido: estamos ante un hecho mucho más grave. Es absolutamente cierto que nos encontramos aquí con «[…]una ilegalidad anunciada. Una ruptura unilateral que no respeta los procedimientos de la legalidad vigente para revisar la Constitución […]; una decisión en la que la sentencia precede al juicio, que era como Gabriel Naude –el bibliotecario del cardenal Mazarino– definía el golpe de Estado» (Varela Ortega). Pero la actuación de los separatistas va mucho más lejos: lo que pretenden no es un golpe tal y como Malaparte los describió en su libro Técnica del colpo di Stato; lo que pretenden es la voladura de la Constitución, tal como explicó Carl Schmitt en su obra Teoría de la Constitución. Según el autor alemán, caben distintos atentados contra una Carta Magna, cada uno más grave que el anterior: la suspensión de la Constitución cuando se ignoran algunos de sus preceptos; el quebrantamiento cuando se violan otros, la supresión o derogación total de la Constitución pero manteniendo intacto el poder constituyente y, por último, la destrucción de la Carta Magna que supone la supresión del poder constituyente mismo en que se basa el texto constitucional.
La lectura de cualquiera de las resoluciones o declaraciones de los dirigentes de la Generalitat demuestra que estamos exactamente ahí, ante un desafío en toda regla a los principios y valores en los que se sustenta la Constitución española y en una negación pura y simple de lo que España ha significado y significa. Si se produjese la secesión de Cataluña, España dejaría simplemente de existir tal y como la conocemos hoy.
La cuestión es tanto más grave cuanto este desafío no procede de un partido político sino de una institución, la Generalitat, que trae causa de la Constitución y el Estatuto y que por definición está obligada a representar a todos los catalanes, y no sólo a los catalanes que aspiran a la independencia. Eso solo ha ocurrido una vez en la historia, el 6 de octubre de 1934, cuando Lluis Companys proclamó la República catalana, retomando el término acuñado por Maciá tres años antes.
Los navegantes sabemos bien que, en mitad de una tormenta, no es posible gobernar un barco sin el apoyo pleno y decidido de todos los tripulantes. Para ir per aspera ad astra («hacia las estrellas a través de las dificultades», uno de los lemas de la Armada española) es preciso que todos arrimen el hombro y pongan de su parte. Lo decía Ortega en la frase que he citado al comienzo de este artículo, y lo decía Anatole France, de manera más concisa aunque no menos clara, al asegurar que «sin ilusiones, la humanidad moriría de desesperación o…», lo que es peor, «de aburrimiento».
Lo que ahora nos toca a los que hemos hecho del servicio a España nuestra razón de ser es reunirnos a dialogar e imaginar un futuro mejor para todos, para Cataluña y para el resto de España. Lo que nos toca es decir alto y claro que juntos estamos mejor, queriéndonos, respetando nuestras diferencias, pero amando todo lo que tenemos en común y queremos seguir compartiendo. Eso se llama política. Y la política suele incluir altísimas dotes de seducción más allá de la innegable defensa de la ley.
PS.: Para empezar, podríamos irnos acostumbrando a exhibir en nuestros balcones y ventanas, en lo que los hispanoamericanos llamas «fiestas patrias», los símbolos que nos unen a todos: la bandera nacional y las banderas de las Comunidades Autónomas, que todas juntas forman esa unidad que los hombres y los siglos llaman España, la nación más antigua de occidente. Por cierto, que la primera de estas fiestas es mañana, día 25 de julio, conmemoración de Santiago Apóstol, Patrón de España.
José Manuel García-Margallo es diputado del Partido Popular y ex ministro de Exteriores.