No será por falta de ocurrencias. Sánchez va a proponer una reforma del artículo 49 de la Constitución con el fin de sustituir el término ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’. A mí esto en general me parece bien, aunque no estoy seguro de que el lenguaje políticamente correcto baste por sí mismo para eliminar barreras y discriminaciones. Cabe preguntarse si sería pertinente postular para el cargo de vigías a los ciegos, o por mejor decir, a ‘personas ópticamente limitadas’ o ‘con inconveniencias visuales’, como proponen Cerf y Beard en su  magistral ‘Diccionario de lo políticamente correcto”.

El problema, como cuenta aquí al lado Marisa Cruz, es que la propuesta va a estimular mucho a nuestros populistas y separatistas: Empezamos con los disminuidos y seguimos por la autodeterminación y la República como forma de Estado, en vez de la Monarquía. Algunos partidos han llamado la atención sobre el peligro: el PP, Ciudadanos, UPN, Vox y sorprendentemente el PNV, cuyo diputado, Mikel Legarda, ha advertido que esta reforma llevaría a un debate más desestabilizador y más complejo. Unas cerezas arrastran a otras.

El problema del sanchismo es que a su objetivo principal le viene muy bien este pretexto; las cerezas que salgan del cesto arrastradas por el ‘disminuidos’ son el pago que el doctor Fraude hará gustoso a quienes pretende halagar para que lo sostengan más tiempo en La Moncloa.

El PSOE ya había propugnado una reforma constitucional en 2015, bajo el mando de Sánchez, 40 modificaciones, y lo hacía saber en un documento de once páginas en el que proclamaba campanudamente: “Los socialistas creemos que el tiempo de la reforma de la Constitución ya ha llegado. Y también creemos que este convencimiento es crecientemente compartido por los ciudadanos”. Natural, a ver, para eso son el partido que más se parece a España. Hay muchos conciudadanos nuestros que aspiran a votarla en referéndum, algo que no pudieron hacer el 6 de diciembre del 78. Calculen el porcentaje de estadounidenses que votaron la suya en 1788. No hace falta, el cero por ciento.

La falacia del propósito estaba expuesta en un par de frases: “Debemos afrontar la reforma constitucional sin miedo, con ilusión y con esperanza. Y también, y sobre todo, con voluntad de diálogo y acuerdo”. La nueva líder de Podemos estará de acuerdo en esto, al menos por la parte de la esperanza: “Las personas de este país (perífrasis que significa ‘los españoles’) hemos hecho un pacto con la esperanza. No nos valen las soluciones de antaño. No nos vale sino avanzar y seguir dialogando con la esperanza”.

Como todo en esta tropa que nos malgobierna, el lenguaje está entre lo abstruso y lo cursi. Joaquín Leguina ha abierto su último libro, ‘Pedro Sánchez, historia de una ambición’ una de estas frases del líder, rigurosamente ininteligible: “Nuestro ecosistema innovador tendrá experiencia en la definición de objetivos de mejora en la colaboración de grandes proyectos multidisciplinares orientados”. Otro núcleo irradiador. El asunto es que los hechos se entienden a la primera: van encaminados a destruir el sistema democrático, nuestras libertades y la legalidad constitucional cuya reforma se invoca como mero pretexto.