Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 26/10/11
El camino para obtener beneficios penitenciarios existe: cumplir la ley
El comunicado de ETA anunciando el cese definitivo del terrorismo ha puesto en marcha una cadena de reacciones en la que pueden distinguirse claramente dos velocidades. Por un lado las del PNV y la izquierda abertzale que pretenden que se adopten medidas de inmediato. Por otro las del Gobierno, el PSOE y el PP deseosos de tomarse las cosas con un poco más de calma. La situación de interinidad política derivada de las vísperas electorales es uno de los motivos de ese deseo de los grandes partidos de relajar la respuesta, pero no es la única razón. También está la necesidad de ver el alcance que tiene el anuncio en el seno de la propia banda terrorista. Si en la tregua del 2006 el Gobierno se tomó varios meses para verificar el parón etarra no pasa nada porque ahora las instituciones reaccionen con frialdad. La democracia ha tenido que esperar demasiado tiempo como para que los etarras no puedan ahora esperar.
La izquierda abertzale tiene como prioridad en su agenda política la cuestión de los presos etarras y el PNV, que no se quiere quedar atrás, ha pedido también cambios penitenciarios. El fin de la dispersión de los reclusos es la primera de las medidas solicitadas y es la demanda más fácil de atender y la de menos coste político. Se cumple igual la pena en Burgos que en Cádiz y, si las cosas se tuercen, es una medida reversible. El problema viene con el resto de las demandas. El presidente del PNV habló también de reinserción de los presos, de resocialización y la aplicación de medidas personalizadas. Ahí está el problema. No es un problema que planteen los gobiernos, sino los propios terroristas.
La legislación prevé medidas de resocialización con carácter individual, en función de la evolución particular de cada preso y eso es algo que rechazan tanto ETA como el colectivo oficial de reclusos afines a la banda. La última vez que mostraron en público su rechazo a los beneficios penitenciarios fue el pasado mes de septiembre en el acto en el que escenificaron su adhesión a los acuerdos de Gernika. ETA tiene prohibido, desde 1992 nada menos, acogerse a los beneficios penitenciarios. La aceptación de los grados «nos introduciría en una dinámica liquidacionista del proceso», escribió Josu Ternera.
En el 2003, el mundo de ETA intentó una maniobra: presentar una solicitud de tercer grado y libertad condicional por parte de casi cien reclusos que habían cumplido tres cuartas partes de condena. La demanda fue rechazada, entre otros motivos porque antes de pedirla al juzgado tenían que solicitarla en las cárceles cosa que hasta el día de hoy se niegan a hacer. En 1994 más de noventa reclusos pidieron la puesta en libertad alegando que habían cumplido tres cuartas partes de condena. Se rechazó porque no cumplían la legalidad. El camino para obtener beneficios penitenciarios existe, sólo que hay que cumplir la ley, como hacen los reclusos que están en Nanclares.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 26/10/11