España es ese país en el que cada crisis, sea de la naturaleza que sea, es una oportunidad para derribar al Gobierno. Ese es el único fin y todos los medios se pueden justificar para lograr el objetivo. Con esta crisis del espionaje de Pegasus, convertida ya en una ‘macrocausa’ política y mediática contra el Gobierno de la nación, lo estamos viendo porque entre algunos socios de la mayoría socialista se empieza a especular con la posibilidad de que se adelante el fin de la legislatura; que el presidente Pedro Sánchez se vea obligado a disolver las Cortes Generales ante el acoso creciente y múltiple contra su Gobierno. 

Por supuesto que ninguno de los actores escapa a la responsabilidad de esta obscenidad democrática en que se desenvuelve la vida política en España, empezando, obviamente, por el líder de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque él mismo es quien abandera desde el Ejecutivo la confrontación sin cuartel, como vimos la semana pasada cuando optó por ceder ante independentistas y batasunos con el único fin de esquivar la posibilidad de un acuerdo con el Partido Popular, que se había ofrecido. Mejor dar entrada en la comisión de secretos oficiales a quienes defienden la destrucción del Estado español que apoyarse en el principal partido de la oposición para aprobar un paquete de medidas contra la crisis múltiple de estos días, la pospandémica, la energética y la bélica, por la invasión de Ucrania. Y la del espionaje, como guinda.

Todos contra Pedro Sánchez, por lo tanto, sin que el daño que se pueda estar haciendo al prestigio institucional de España, que es un daño a la democracia, frene a nadie en sus ataques. Sin embargo, aunque no haya esperanzas de cambiar esa deriva política, sí debemos insistir y desmontar algunas de las mentiras o medias verdades que se están utilizando sobre los episodios conocidos desde hace unas semanas. La primera de todas, como ya se ha apuntado aquí en otra ocasión, es que se nos intenta hacer ver que las cosas que ocurren en España no pasan en ninguna otra parte del mundo, en ninguna otra democracia, como que se ordene el espionaje de quienes quieren destruir la unidad territorial o que el Gobierno mismo descubra que ha sido espiado por agentes externos, ya sean de otros países o de ‘hackers’ internacionales. 

Es evidente que todos los servicios de Inteligencia del mundo actúan de la misma forma que en España, siempre al límite de la legalidad, y no siempre logran mantenerlo en secreto. “Los servicios secretos de todos los países tienen que ser más malos que los malos para ser eficaces”, explicaba hace unos días, de forma muy gráfica, un exagente de la Inteligencia española. Por eso existen fondos reservados, por ejemplo, por la certeza de que hay dinero público que se puede gastar en este tipo de actividades para proteger al Estado de sus enemigos. En cuando al espionaje, lo que también se suele ignorar deliberadamente es que es en España donde la actuación de los servicios secretos cuenta con más requisitos judiciales, porque la intervención de los teléfonos que se solicitan tiene que estar autorizada por un juez del Tribunal Supremo. No en todos los países pasa igual y, sin embargo, hay quien sigue repitiendo que esta es una demostración de la mala calidad de la democracia española.

El mantra de infamias siempre es el mismo: “España está en una situación de emergencia democrática” por el espionaje, que ha demostrado que la nuestra no es una democracia plena, como dijeron los portavoces de varios grupos, precisamente los socios podemitas de Pedro Sánchez y sus aliados parlamentarios del independentismo, en la comisión de Defensa del Congreso, en la que compareció Margarita Robles. Que lo digan, con absoluta desvergüenza, aquellos que han alentado un golpe de Estado a la Constitución en España, es algo tan patético como cínico, pero no debe sorprendernos porque ese es el eje demagógico sobre el que pivotan siempre. Lo extraordinario es que haya tantos que secunden y admitan la estrategia corrosiva del independentismo contra la democracia española con tal de acosar al Gobierno, por ese ‘todos contra Sánchez’. La deducción subliminal es aterradora, la peor versión del ‘cuanto peor, mejor’. 

Así que, de nuevo: la democracia española no es una anomalía, los servicios secretos han cumplido con su obligación legal de espiar a quienes atentaron contra la unidad de España. Se les espía por la actividad delictiva, demostrada y sentenciada, no por sus planteamientos políticos. Y en el caso concreto del independentismo —esto es esencial—, lo que detectó el CNI es que el ‘gusano Pegasus’ se estaba utilizando en España al margen de las intervenciones telefónicas solicitadas por ellos. Y que fue a partir de esa sorpresa cuando se sospechó que pudieran estar espiando también a miembros del Gobierno, como se acabó confirmando. Es decir, podemos deducir que el CNI ordenó seguimientos con el programa Pegasus, pero desconocemos totalmente cuántos espionajes más se han realizado y quién los ha encargado.

En la retahíla del ‘esto solo pasa en España’ también se intenta hacer pasar por chapuceros, cómicos o ineptos a los servicios de Inteligencia españoles. También en esto se ignora que, igual que ha ocurrido en España, en otros países se han detectado, y conocido, espionajes e intervenciones con virus informáticos, incluido el mismo Pegasus, a presidentes de gobiernos y ministros de países, como Alemania, el Reino Unido o, incluso, Estados Unidos, a los que nadie cuestiona por la calidad de su democracia. Quiere decirse que el hecho de que al presidente del Gobierno de España y a la ministra de Defensa les hayan intervenido los teléfonos no tiene por qué ser, necesariamente, una prueba irrefutable de la chapuza nacional. Consideremos, por lo menos, que, si es un agujero en la seguridad nacional, España no es el único país que tiene ese problema. Tampoco en eso somos una excepción o una anomalía. 

En su comparecencia en el Congreso, la ministra Robles lamentó, como ha hecho en otras ocasiones, que, sistemáticamente, se dirijan ataques y descalificaciones contra aquellos profesionales y colectivos del Estado que no pueden defenderse, como militares, jueces, guardias civiles y, también, servicios de Inteligencia. Es así, tiene razón la ministra, y el objetivo es el mismo que el que afecta a otros cuerpos del Estado a los que se ataca para intentar erosionar al propio Estado. Pero como le recordó el portavoz del PP en la misma comisión de Defensa, Carlos Rojas, el problema del PSOE es que, cuando plantea estos temas, encuentra más lealtad y comprensión entre la oposición que entre sus socios parlamentarios, que son los que dirigen esos ataques desde el propio Consejo de Ministros. Cuando un partido como Podemos, abrazado como nunca al independentismo, solicita reformas legales, en realidad lo único que pretende es liquidar esas instituciones, no reformarlas.

Así que, por evidente que sea esta campaña de acoso del ‘todos contra Sánchez’ a la que tantos se suman entusiasmados, sin pensar en las consecuencias, el problema fundamental es la desolación completa que se produce cuando, al volver la mirada, se observa que el primero que la agita es el afectado, el presidente del Gobierno, por el inexplicable comportamiento sectario de los últimos días cuando, en vez de buscar acuerdos de Estado con el Partido Popular en estos momentos de turbulencias institucionales, ha preferido premiar y plegarse ante independentistas vascos y catalanes.