Al rechazar el recurso de Vox contra la Ley de Educación, el TC invoca una realidad que solo existe en la Carta Magna y en las sentencias judiciales, y que no se ha respetado nunca: «un patrón de equilibrio e igualdad entre lenguas» en el sistema educativo. Ojalá pudiéramos culpar al sanchismo (a su ocupación de las instituciones) de esta disonancia entre ley y realidad. Pero no podemos.

La triste verdad es que la discriminación del castellano en la escuela se ha consentido durante décadas por todos los gobiernos, sin importar su color ideológico. A nadie puede sorprender que el PSOE –con o sin dependencia de los separatistas– esté por la inmersión, toda vez que el PSC no deja de ser un partido nacionalista más. Hace unos pocos años estaba defendiendo el ‘derecho a decidir’, eufemismo con el que se referían al derecho de autodeterminación. Más inquietante fue que el PP se aquietara ante unas políticas basadas en la discriminación clasista, ante prácticas que han logrado armar un nuevo proteccionismo, reforzando la empleabilidad en Cataluña de los hijos de familias catalanohablantes y reduciendo la de las víctimas de la diglosia: un idioma oficial y formal para la vida pública y otro, el mayoritario en Cataluña, para la vida privada. Y hasta de esta última quieren borrarlo.

Conozco por experiencia la pasividad del PP, que mantuvo en estado de práctica inexistencia la inspección educativa del Estado. Sin medios, era imposible, por ejemplo, que supervisara el contenido de los libros de texto, cuya grosería adoctrinadora alcanza niveles orwellianos. De nada sirvieron las llamadas del Ciudadanos auténtico a corregir esta carencia. Méndez de Vigo era un muro inexpugnable, no nos hacía ni puñetero caso. Respondía con una broma pesada: la Generalidad de Cataluña ya cuenta con su propio servicio de inspección.

Cuando el Supremo ratificó la sentencia del TSJC que establecía un mínimo del 25 por ciento del horario lectivo en castellano, la inmediata reacción del Gobierno separatista fue ordenar a los centros que no la cumplieran. Y no la han cumplido. El truco posterior, aprobar una ley autonómica para poder invocarla a la hora de saltarse las resoluciones judiciales, repugna a toda lógica jurídica.

¿Alguien cree que Feijóo va a hacer lo que no hicieron Aznar ni Rajoy? ¿Precisamente él, bajo cuya presidencia estuvo la Xunta comunicándose por escrito con los administrados exclusivamente en gallego? ¿Él, cuyo Gobierno organizaba anualmente una campaña para que los estudiantes se abstuvieran de usar el castellano las veinticuatro horas del día durante tres semanas? La diglosia se extiende por toda la España con dos lenguas supuestamente cooficiales. Es ilegal, es discriminatorio y, donde hay inmersión, incumple sentencias firmes. El recochineo final es seguir simulando, como acaba de hacer el TC, que no sucede lo que sucede.