Cualquiera menos Pablo Lucas. Todos menos tú, como en la canción de Sabina. Es la consigna que el Gobierno ha dado a los vocales del Poder Judicial bajo su influencia o/y obediencia. Antes el bloqueo –total, otro más– que permitir que Lucas sea presidente del Consejo y del Supremo. Como es difícil justificar el veto nominal y expreso, y también negarle al candidato sus evidentes méritos profesionales, el argumento-coartada es que la doble presidencia ha de ser para una mujer porque no ha habido ninguna antes.

—Oiga, ¿y quién ese Pablo Lucas? ¿Qué ha hecho?

—Es magistrado del Supremo y presidente interino de la Sala de lo Contencioso. Catedrático de Derecho Constitucional, académico de Ciencias Morales y Políticas y autor de un corpus de publicaciones apabullante. En este momento es difícil encontrar dentro o fuera del CGPJ alguien más cualificado.

—¿Me está usted diciendo que un presidente de Sala no está capacitado para presidir el Supremo?

—Ése en concreto, según la Moncloa. Porque resulta que recientemente tumbó el nombramiento de la exministra Valerio para dirigir el Consejo de Estado, por no ser jurista «de reconocido prestigio», y en otra sentencia de la que fue ponente señaló la «desviación del poder» (sic) del fiscal general en la designación de Dolores Delgado para una fiscalía de Sala. Ah, también es juez supervisor del CNI, y autorizó la intervención telefónica a Aragonès y otros dirigentes independentistas catalanes.

—Pero… ¿no es del sector llamado progresista?

—En teoría, sus ideas jurídicas están en esa línea. Y quizá también las políticas. Sin embargo, parece que en la Moncloa, donde Félix Bolaños funge a la vez de ministro de la Presidencia y de Justicia, no lo consideran lo bastante progresista. O más bien, lo suficientemente sanchista. Filtran que no están satisfechos de sus veredictos ‘críticos’ sobre ciertas decisiones gubernativas. Además, le reprochan haber paralizado inicialmente, aunque luego dio luz verde, la exhumación de Franco.

—No me diga más. ¿Y ahora?

—Pues ahora, más bloqueo, si el sector llamado conservador se mantiene firme en el rechazo a otro candidato o candidata. La elección ha de ser por tres quintos. Cabe imaginar lo que puede suceder en noviembre cuando toque relevar a Manuel Marchena en la Sala de lo Penal, con toda su importancia estratégica. Mire, lo que está ocurriendo no es sólo un veto ‘ad hominen’; es un aviso a navegantes, para que aprendan los jueces con aspiraciones legítimas en tribunales superiores y Audiencias. Y el mensaje es diáfano: el que desautorice al Gobierno o se empeñe en hacer valer su independencia, que se vaya olvidando de ascender en el escalafón de la carrera…