BAJO la habitual farfolla retórica del conflicto político y el derecho a decidir, Aragonès ha ido a Madrid en busca de la ‘desjudicialización’, eufemismo que significa la impunidad penal completa del ‘procès’ y sus secuelas. Solucionado el problema de la plana mayor con un indulto que Sánchez no puede repetir en pleno ciclo electoral sin riesgo de graves consecuencias, queda el de la segunda línea, el del tipo aquel que puso el plan de la insurrección por escrito en una agenda y toda la grey subalterna, más los sumarios derivados de la costumbre de desacatar sentencias. Desde esa perspectiva, verbalizada por el propio presidente catalán y negada por Moncloa, se entiende mejor el pacto del viernes para controlar el Constitucional y la cúpula de los jueces, únicas instituciones que resisten el empuje sanchista y se empeñan en aplicar las leyes. Pero el Gobierno tiene ya su ‘longa manus’ en la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y la Abogacía del Estado, y con ese escuadrón puede maniobrar en descargo de las responsabilidades jurídicas y económicas de los sediciosos de menor rango.

No de todos. Hay uno, y muy principal, cuya peripecia judicial interesa conservar viva a ambas partes. El regreso de Puigdemont pondría la alianza de poder en una tesitura desagradable. El ruido de un juicio con condena y posterior indulto es lo último que conviene a Sánchez, y Esquerra no quiere ver ni en pintura al rival capaz de disputarle el liderazgo independentista y hasta el sillón de San Jaime. Unos y otros lo necesitan lejos, disfrazando su cobardía de fugitivo con el honorable maquillaje del destierro, pudriéndose en esa especie de folklórica corte republicana que tiene montada con el dinero enviado por una Generalitat deseosa de que siga en el limbo europeo. La idea de tenerlo de vuelta y ante el Supremo produce algo más que recelo porque su capacidad de desestabilización es lo bastante potente para darle un vuelco al ‘statu quo’ de la desinflamación y el apaciguamiento.

En ese sentido, el informe del abogado general de la UE sobre las euroórdenes, que ha ido bastante más allá de las alegaciones de boca chica presentadas por las autoridades españolas, ha sembrado el pánico en Madrid y en Barcelona. La entrega del exconseller Puig no sería catastrófica pero urge encontrar el modo de que Bruselas prolongue la inmunidad parlamentaria del resto de la tropilla prófuga. Sólo que el magistrado Llarena es difícil de desactivar y frente a las estrategias dilatorias opone una paciencia y una tenacidad asombrosas. La batalla de los dos aliados del bloque de investidura es contra el tiempo: necesitan dar con los trucos leguleyos que permitan mantener a ‘Puchimón’ en Bruselas durante al menos un año y medio. Para él no hay desjudicialización que valga. No mientras su regreso a España entrañe una amenaza para este juego de discrepancias pactadas.