- Vamos a saltarnos el secreto profesional para revelar quién es el responsable de la operación de Fiscalía: Pedro Sánchez
Han salido los periodistas buenos, de ésos que demuestran el hundimiento de la sanidad andaluza con la epopeya comparecencia a bata descubierta de una médica valiente, dando otra lección frente al Tribunal Supremo: nada menos que fueron allí a testificar que tenían la información exacta y original de los tratos de González Amador con la fiscalía antes que el fiscal general del Estado, pero que no la enseñaban porque les asiste el secreto profesional.
No son los únicos. Por allí han pasado otros políticos que insisten en lo mismo, en escenas que ponen los pelos de punta por tanta épica junta: por alguna casualidad, también poseían las comunicaciones del novio de Ayuso, que en principio solo podían custodiar él mismo y la Fiscalía y no parece probable que las filtrara el primero a los enemigos de su pareja para agravar una condena a sí mismo.
En resumen: mucha gente tiene la prueba de que García Ortiz no se encargó del trabajo sucio y de que por tanto es inocente, pero ninguno ha querido enseñarla por distintas razones. Unos porque, como los curas, han de guardarse las confesiones. Y otros porque han borrado los mensajes o han cambiado de celular, vaya infortunio.
Ese panorama contrasta con otro que sí está documentado: García Ortiz reclamó todo el dossier de Amador a una subordinada; la subordinada se lo reclamó a otro subordinado; el segundo subordinado se lo transmitió a la primera y ésta se le reenvió al fiscal general, a una cuenta de correo privada distinta a la oficial.
También está comprobado que esa misma información acabó en la Moncloa, lo que viene a sugerir que o bien se la pasó García Ortiz o bien, al mismo tiempo en que él la recibía, un tercero misterioso se la estaba remitiendo al gabinete de Pedro Sánchez. No se rían en este punto.
De donde salió a su vez, y esto es un hecho, al despacho de Juan Lobato en el PSOE madrileño, que la usó en una versión aderezada por la publicación en el mismo medio que difundió los bulos de los dos DNI del juez Peinado o del deseo de un coronel de la UCO, el que investiga al PSOE, de atentar contra el presidente del Gobierno. Medio, por llamarlo de alguna manera, cuya directora fue elevada al Consejo de Administración de RTVE por un decreto impulsado el día de la dana, más prioritario para el Gobierno que declarar la emergencia nacional.
Para rematarlo todo, algún periodista asegura que tenía todo el expediente cinco o seis antes que García Ortiz, pero que por alguna razón desconocida no lo publicó: aunque en Ayuso buscan cualquier resquicio para darle sonoros capones, esta vez decidieron guardarse algo que, según sus parámetros editoriales, podía hacerle mucho daño.
Todos los que podían salvar al pobre fiscal general se han negado a demostrar lo que sin embargo sostenían, solemnes, frente a los jueces. Y el fiscal no ha sido capaz de explicar por qué movilizó a todos sus subordinados, recabó toda la información, acabó completa en la Moncloa y borró todo rastro de sus comunicaciones justo cuando llamó la Guardia Civil a su puerta con orden judicial… y sin embargo anda suelto el verdadero responsable de una operación que no buscaba hacer justicia con un anónimo «defraudador», cuyo caso sigue su rumbo en el juzgado, sino acabar con la carrera política de una rival muy incómoda.
Por favor, no nos tomen por gilis. Que nos llamen fascistas, ultras, franquistas y todas esas paparruchas infantiles es una cosa. Pero que nos traten como si fuéramos igual de necios que ellos, no. Todo Dios sabe que el tal Alvarito vio en un caso menor una oportunidad mayor; que se frotó las patitas para organizar la información; que el hoy ministro y entonces jefe de Gabinete, Óscar López, se sirvió de su número 2 para utilizar el asunto en sede oficial y que, entre medias de todo eso, los medios más cercanos a Sánchez y más lejanos a Ayuso se prestaron a difundirlo y después a ayudar, hasta donde podían, a la Fiscalía General y a la Moncloa.
En este juicio la pena no es que acaben condenando al indecente García Ortiz, cosa que ocurrirá si las pruebas irrefutables y el sentido común más elemental encajan en un ordenamiento jurídico garantista que no se permite veleidades.
La lástima es que en el banquillo no esté también alguien de Presidencia, aunque tampoco eso es necesario para alcanzar una conclusión ética: el culpable de todo esto es Pedro Sánchez, el único con capacidad de dar la orden mafiosa de que le envíen una cabeza de caballo a su enemiga y, si pueden, la envíen al fondo del Manzanares en un saco lleno de piedras.