Ignacio Camacho-ABC
- Primero se le pierde el respeto a los principios, luego al Derecho, más tarde a la ética y por último a las apariencias
Una de las más graves anomalías de la política española, y ésta viene de mucho antes del sanchismo, son las puertas giratorias de la justicia. Jueces y fiscales van y vuelven de los juzgados al poder ejecutivo o legislativo sin más trámite que colgar y descolgar la toga del despacho, mientras cualquier otro alto cargo debe guardar tras el cese un período de incompatibilidad de dos años. Esto es bastante peor que aterrizar en el consejo de una empresa energética porque afecta a la separación de poderes y a la credibilidad de unos tribunales independientes. De nada sirve que los magistrados no puedan afiliarse a partidos si carecen de impedimento para trabajar a su servicio y retornar a sus puestos sin un plazo cautelar mínimo que preserve el espacio jurídico de un conflicto objetivo de intereses ideológicos y sospechas de prejuicios. Al parecer no es suficiente con que la partitocracia arruine el prestigio de los organismos judiciales cooptando sus componentes a capricho.
El caso del enchufe ventajista de Dolores Delgado no tiene que ver exactamente con esta desviación aberrante pero comparte la misma base de desaire a las formalidades más elementales. Se trata de asegurarle un ascenso por métodos irregulares que vienen a premiar su desempeño a favor de Sánchez. Ya fue un notable escándalo que pasara del Ministerio a la Fiscalía del Estado y que el presidente presumiese en televisión del control que ejerce sobre su trabajo. Ahora le aseguran una promoción ‘digital’ en el escalafón, un salto automático de rango que esquiva el procedimiento reglado a través de una enmienda de tapadillo en el curso parlamentario de una ley mercantil sin relación alguna con su ámbito orgánico. Un retiro de cinco estrellas que ha soliviantado al resto de la carrera por su descarado desprecio a la legítima competencia. Da igual: la lealtad al Gobierno tiene su recompensa. Primero se le pierde el respeto a los principios, luego al Derecho, más tarde a la ética y al final se prescinde hasta del decoro de las apariencias. Como decía Quincey, se empieza cometiendo una fechoría y se termina por no ceder la acera a las viejas.
Al fondo de este tipo de arbitrariedad está el desafuero que permite a los ropones entrar y salir de las instituciones como quien se va a dar un paseo. Un día están instruyendo un sumario, otro son ministros o diputados y al siguiente regresan de inmediato a decidir sobre la libertad, el honor o la hacienda de unos ciudadanos que han asistido perplejos a su ejercicio sectario. Alguna vez habrá que cambiar esta dinámica viciosa y tendrá que hacerlo una alternativa de poder con verdadera voluntad rehabilitadora. Es cierto que a la oposición se le va a saturar la agenda derogatoria pero tendrá que ser consciente de que tras el paso de Sánchez por la Moncloa, la regeneración política es tan importante o más que la económica.