IGNACIO CAMACHO – ABC – 13/05/16
· Además de politizar la justicia, los partidos judicializan la política reclutando magistrados en puertas giratorias.
La despolitización de la justicia es uno de esos mantras eternos de la vida pública española, como los de la reforma del Senado, la supresión de las diputaciones o la modificación del sistema electoral; ideas bienaventuradas que pasan de una legislatura a otra en el limbo de las intenciones y en el purgatorio de los sindicatos de intereses y la falta de consenso. La mayoría de los ciudadanos nos conformaríamos con que, ya que la clase dirigente no es capaz de aliviar esos defectos endémicos de la arquitectura democrática del Estado, al menos se limitase a no agravarlos.
Es el caso lacerante de una administración judicial controlada por los partidos a través de correlatos corporativos que reproducen el equilibrio de fuerzas parlamentarias; lejos de reducir el carácter político de los nombramientos judiciales por cooptación, la partitocracia ha dado en sembrar sus listas electorales… ¡¡de jueces!! Es decir, que además de politizar la justicia, están judicializando la política. Por reclutamiento.
La más inquietante de las puertas giratorias –otro mantra de éxito en el reciente debate público– es la que funciona en los juzgados. Un magistrado que se quita y se pone el ropón al compás del baile electoral socava la separación de poderes, perturba la esencial ejemplaridad esencial de su función y le pierde el respeto a su propia independencia.
El criterio de un juez que decide sobre la libertad de los ciudadanos no sólo necesita ser autónomo e imparcial: tiene que parecerlo. Y no lo puede parecer si se enreda la toga en el vaivén rotatorio de la política, si un día aparece en un escaño y al otro se sienta en el estrado de un tribunal, o viceversa. ¿Qué pueden pensar los justiciables que litigan su suerte ante un árbitro al que semanas antes o después ven ataviado con la camiseta de un adversario ideológico?
Como si no bastase con la permeabilidad evidente del CGPJ, que resuelve sus discusiones por mayorías paralelas a las del Congreso, las candidaturas electorales se pueblan con descaro de miembros de la magistratura y hasta de inspectores de Hacienda con acceso a información sensible. Podemos, la organización más beligerante contra los vasos comunicantes entre el poder y la alta empresa, ha incorporado a varios ropones en sus listas y ofrecido un puesto en ellas al instructor del sumario contra la Infanta Cristina. Margarita Robles –dueña de uno de los cerebros mejor amueblados de nuestra judicatura– aparece ahora en la papeleta del PSOE tras haber ido y vuelto del Gobierno al Supremo y al Consejo del Poder Judicial.
El mismo presidente del Constitucional tiene o tuvo carné de militante del PP. Y todo ese trasiego no se puede sustanciar con el simple expediente de una excedencia de compatibilidad; no sin que los españoles piensen que son ellos el verdadero excedente incompatible con una justicia invadida de partidismo y por tanto no ciega, sino moralmente tuerta.
IGNACIO CAMACHO – ABC – 13/05/16