Si el Estado de las Autonomías genera un mosaico lingüístico, político, sanitario y climatológico, ¿por qué no fiscal?

Sostienen los independentistas catalanes que no debe permitirse, saliendo al paso de las iniciativas de Ayuso en Madrid y Moreno Bonilla en Andalucía, por cuenta del impuesto de patrimonio y otros relacionados con la acumulación de riqueza. 

Moncloa dispara a la vez contra el ministro Escrivá por querer centralizar y contra Moreno Bonilla por querer descentralizar 

Si es para convertirlo en inversiones y puestos de trabajo, sin dañar servicios públicos, bienvenidas sean las rebajas fiscales. Si es por quedar bien con los poderosos, que son pocos, lo castigarán en las urnas los electores, que son muchos. 

A ver quién lo entiende: Moncloa dispara contra el ministro Escrivá, que es de los suyos, por querer centralizar (¿o solo «armonizar»?) y, al mismo tiempo, contra Moreno Bonilla, el presidente andaluz, que es un adversario político, por querer descentralizar.

Eso sería suficiente en una primera aproximación a la estúpida carrera de sacos que están librando el PSOE que gobierna y el PP que aspira a gobernar. A mayor abundamiento, resulta que, no hace ni un año (noviembre de 2021), los barones socialistas convocados en Ferraz por la entonces vicesecretaria general, Adriana Lastra en Ferraz, fueron incapaces de acordar una postura común sobre financiación autonómica. Y fue un presidente socialista, Zapatero, quien abominó del impuesto de patrimonio. El ministro Solbes, llegó a calificarlo de «obsoleto». 

Sin embargo, el Gobierno también socialista de Pedro Sánchez pone el grito en el cielo porque el presidente andaluz, Moreno Bonilla (PP), acaba de anunciar la supresión por favorecer a los ricos y dejar a los andaluces sin los profesores y los médicos que necesita. 

Se está cuestionando un dogma civil de nuestro ordenamiento: la descentralización del poder diseñada en el título VIII de la CE 

Eso ha dicho la vicepresidenta, Yolanda Díaz. Si su razonamiento es correcto, debería estar encantada de capitalizar en las urnas el error de un PP que en Madrid y Andalucía desatiende los servicios públicos por quedar bien con los poderosos. Y no como el Gobierno, que anuncia la creación de un impuesto a las grandes fortunas después de haberlo rechazado en sede parlamentaria. Con lectura apresurada entre espectadores desavisados de la carrera de sacos: lo que el PP da a los ricos a escala regional se lo quita Sánchez a escala nacional. 

Qué despelote. La demagogia a ambos lados de una barricada móvil porque vamos camino de las urnas de mayo. 

Pero el asunto desborda la recurrente batalla electoral, porque se está cuestionando un dogma civil de nuestro ordenamiento. Nada menos que la descentralización del poder diseñada en el título VIII de la Constitución y, en consecuencia, la posibilidad de que los territorios compitan en la tarea de mejorar la vida de sus ciudadanos. O sea, el Estado de las Autonomías, cuyo sistema de financiación lleva ocho años caducado. 

La reforma fiscal y financiación autonómica son dos agujeros del sistema que desbordan las fronteras partidistas 

Lo que cuelga: ocho barones autonómicos de distinto signo, reunidos en Santiago de Compostela por Núñez Feijóo hace un año (62% del territorio, con asistencia de los socialistas Page, Lambán y Vara) se conjuraron para impedir que el nuevo modelo se acabe decidiendo en una mesa bilateral del Gobierno con la Generalitat, como de hecho ya ocurrió con el sistema aún vigente, negociado en 2009 por Zapatero y Artur Mas. 

A pesar de los apremios de Bruselas, también caducada y en estado comatoso, está la reforma fiscal, la otra gran asignatura pendiente del Estado. Dos agujeros del sistema causantes de este debate bobo en el que los cruces desbordan las fronteras partidistas, mientras la demagogia se dispensa en régimen de barra libre.