De las once acepciones del verbo «topar» recogidas en el diccionario de la Real Academia, ninguna hace referencia al significado de «poner un tope» o techo –«plafonar», dicho en horrendo galicismo– a algo, preferentemente a los precios. Y sin embargo ése es el sentido que domina en el lenguaje político de los últimos tiempos, desde que la secuencia de crisis consecutivas ha desatado la pulsión intervencionista de los gobiernos. Primero fueron los alquileres, luego las mascarillas y otros productos de protección sanitaria, más tarde el recibo energético, y topando, topando ya estamos en la fijación normativa o pactada del importe de los alimentos. Poco parece ‘importar’ al respecto la indefectible experiencia de que esos límites siempre acaban repercutiendo en las subidas de otros productos, cuando no en la especulación sumergida del mercado negro.

El fracaso del control de precios es una de las verdades científicas constadas en la historia de la economía. Desde la Revolución francesa a la Unión Soviética o a la Argentina peronista. Eso no funciona por más que a los dirigentes de inspiración filocomunista de todas las épocas y latitudes les parezca una receta justa y sencilla. La última –por ahora– en acogerse a ella ha sido Yolanda Díaz, empeñada en abaratar de modo artificial, es decir, forzado, el pan, los huevos, las naranjas o la harina. Luis Planas, uno de los pocos ministros que de veras conoce el funcionamiento de su negociado, fue el primero de sus colegas en decir que es un disparate arriesgándose a quedar desautorizado por un Sánchez al que ninguna medida populista le parece inaceptable. Díaz parece recular ante las dudas políticas y legales pero del silencio del presidente no cabe por ahora deducir el sentido final del debate.

Los pactos de concertación sobre la venta al público (cárteles) están prohibidos por la Ley de la Competencia, y su imposición, por decreto o por acuerdo, choca con el artículo 38 de la Constitución, el que consagra la libertad de empresa. Sin embargo, la tendencia a la limitación proteccionista está cobrando bajo el pretexto de la emergencia un auge creciente en el seno de la mismísima Unión Europea, donde las corrientes iliberales toman fuerza sin que nadie parezca dispuesto a dar la voz de alerta y a recordar que los principios comunitarios se basan en la idea de que no es posible la libertad política sin la económica, y viceversa.

La intervención del mercado siempre acaba provocando escasez o empobrecimiento a medio plazo. Y en este caso, de consumarse, le tocará pagar la factura al pequeño comercio y al sector primario, que ya andan en estado de pre-insurgencia por cansancio. La fruta, las hortalizas, o los cereales no crecen en los supermercados. Y antes de ‘topar’ de bruces con el campo, los urbanitas aficionados a la regulación agroalimentaria deberían tomarse la molestia de escucharlo.