Alberto Ayala, EL CORREO, 9/9/12
Los partidos deben concretar qué Estado del bienestar puede permitirse Euskadi y trasladar los recortes a los sillones del poder
Apenas acaba de arrancar septiembre, de no pocos tendederos cuelgan todavía toallas y bañadores, pero ese estado de cierta despreocupación que suele acompañar a las vacaciones estivales y que tiende a extenderse en las semanas siguientes parece haberse evaporado este año como por ensalmo. La gravedad de la crisis apenas deja margen para otras preocupaciones que las estrictamente cotidianas. Y harán muy bien los estrategas de los partidos en tenerlo absolutamente presente de cara al 21-0.
En la agenda ciudadana la prioridad máxima es mantener el puesto de trabajo a casi cualquier precio para poder pagar la hipoteca y no perder la vivienda. Luego toca contener los gastos porque los hijos, muchos con carrera, siguen sin trabajo o, como mucho, están de becarios o con un empleo eventual cuya remuneración en casi ningún caso alcanza para iniciar una vida independiente. Los jubilados y quienes se acercan al retiro cruzan los dedos para que el tijeterazo a las pensiones –llegará seguro, es posible que en otoño– no sea demasiado severo, y también para que los peores augurios no se cumplan, el fondo de reserva de la Seguridad Social que ya ha empezado a disminur aguante y no se produzca la quiebra del sistema.
Con este cuadro de situación, la precampaña vasca no puede estar resultando más tópica y decepcionante en lo que se refiere al capítulo económico. El aspirante al que todas las quinielas colocan como próximo lehendakari, el jeltzale Iñigo Urkullu, se ha limitado hasta ahora a copiar el esquema que siguió Mariano Rajoy en las últimas generales. El aún presidente del EBB sigue concentrando sus esfuerzos en convertir al PSE y a Patxi López –en las generales eran el PSOE y Zapatero– en los responsables de todas las desdichas, cuestionando sus cuentas y hasta de la limpieza democrática de sus actuaciones hasta el 210. Un guión un tanto pobre porque no ha venido acompañado de la explicación de ni uno solo de los epígrafes de su agenda económica para el día después. Apenas algún titular no matizado que, en algún caso, se ha visto obligado a puntualizar escasas horas después.
Líneas rojas
Cerradas desde hace semanas sus listas y con los batzokis otra vez en calma, los jeltzales anuncian con carácter inmediato la presentación de su programa electoral. Expectación, pues, y confianza en que sea todo lo claro que la gravedad del momento exige. Lo ocurrido primero con CiU en Cataluña y luego con Rajoy –que ganaron con un programa oculto de recortes sociales y que se han saltado casi todas las líneas rojas que se comprometieron a respetar, desbordados por la gravedad de la situación– no debe volver a repetirse aquí. Por la propia credibilidad del sistema.
Otro tanto cabe exigir a las restantes formaciones en liza. Alguna, como EH Bildu, con rumores de tensiones internas en la confección de sus listas, que presentan hoy. Otros, como el PSE, las han cerrado con tormenta interna, sobre todo en Álava.
Todos ellos deben desgranarnos qué Estado del bienestar creen que podemos permitirnos los vascos. Eso supone detallar qué prestaciones sanitarias o educativos trendremos y cuáles perderemos. Qué servicios y qué ayudas sociales se van a continuar ofertando. Qué margen dejaremos a la solidaridad. Y qué impuestos creemos necesarios para lo anterior.
Esta claridad programática aparece en esta ocasión como una exigencia ciudadana ineludible para los partidos. Aquellas formaciones que elijan el atajo, que intenten refugiarse en generalidades, no deben merecer la confianza del voto.
Pero no solo. La clase política debe autoincluirse en el programa de ajustes. Y no me refiero a decisiones populistas como congelarse el sueldo o quitarse una paga extra. A la política, es evidente, no se debe acudir para hacerse rico, pero tendremos cada vez más complicado encontrar personas cualificadas para que se encarguen de los asuntos públicos si seguimos eligiendo la demagogia y las verdades a medias, como ahora. Lo cierto es que con la excepción del PP, que ha planteado reducir de 75 a 60 el número total de parlamentarios vascos, lo que supone elegir 20 por territorio en lugar de los 25 actuales, apenas se han escuchado medidas.
Resulta poco coherente seguir metiendo la tijera al bolsillo de los ciudadanos y no tocar nada de cuanto concierne a la clase política. Los programas de los partidos debieran decirnos esta vez cosas importantes, como si ven necesario tener tres parlamentos provinciales de 51 junteros; o contar con defensores del pueblo en España, en Euskadi y también, por ejemplo, en Vitoria. O qué justifica que mantengamos en Euskadi parques móviles públicos de cientos de coches para políticos, responsables de entes públicos y hasta responsables de orquesta más allá de la pompa y el boato.
Creciente exigencia
Tampoco estaría mal que nos justificaran para qué necesita el/la presidente del Parlamento hasta siete asesores, cuando la Cámara cuenta con una notable plantilla de funcionarios profesionales. Y otro tanto puede decirse de los cientos y cientos que los aparatos que nuestros partidos –de todos los que mandan en algún sitio, incluidos los recién llegados como Bildu– tienen incrustados en entes autónomos, sociedades más o menos necesarias y corporaciones.
En la calle se palpa una creciente exigencia para que los partidos dejen de mirar permanentemente hacia otro lado y acometan reformas de fondo en ese engranaje institucional clientelar, poco sostenible económicamente y menos justificable. Pese a ello, desgraciadamente, ninguna sigla ha dado muestras de que figure en sus planes entrar a fondo en el asunto. Ojalá los programas electorales que pronto verán la luz nos deparen una agradable sorpresa.
Alberto Ayala, EL CORREO, 9/9/12