El resultado es escalofriante: el nominativo presidente de la Generalitat la ha destruido por designio de su mandante, asumiendo así la condición más subalterna y situándose en el peor rincón de la historia que es el de la indignidad. Le quedaba una posibilidad que él, sumisamente, no aprovechará: ejercer la mayor de las facultades que le es otorgada a su magistratura, la de disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones. Lo que, por otra parte, anunció el pasado mes de enero. No parece que lo vaya a hacer porque el hombre de Waterloo quiere tiempo. Tiempo para destruir lo que quede de los remisos a su liderazgo en la extinta CDC y en PDeCAT para construir su propio partido. Tiempo para que, en una situación inédita, Cataluña entre en el caos, si acaso no lo estuviera ya. Torra se lo dará.

Puigdemont sabe que la Generalitat —reinstaurada antes de la Constitución y del Estatuto en 1977, en la persona de su presidente en el exilio, Josep Tarradellas— es una institución autonómica, no soberana. Y hay que acabar con todas aquellas que lo sean y sustituirlas por organismos sociales que, incluso, condicionen a los partidos, sea la Asamblea Nacional Catalana, sea Òmniun Cultural, y provocar la implosión de las que encarnen el tejido social de Cataluña, como el Círculo de Economía o la Cámara de Comercio de Barcelona. Fuera ya del Principado las grandes empresas —desde CaixaBank y su fundación hasta el Sabadell, pasando por decenas y decenas de otras compañías—, hay que hacer tabla rasa, sin importar que Madrid haya ‘sorpasado’ a Cataluña en todos los vectores socioeconómicos a cuenta de los desgarros del proceso soberanista. Deben primar el Consejo de la República y su anejos asamblearios, que encabeza Puigdemont. Y poner en marcha la confrontación (“inteligente”) con el Estado. Al precio que sea.

Torra dudó, se llegó a distanciar de Puigdemont, y ante la tumba de Antonio Machado la semana pasada, en visita turística (¡qué paradoja más cínica!), volvió a su triste papel de testaferro. El día 17 acudirá a la vista de su recurso de casación en el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le inhabilitó por desobediencia a la Junta Electoral. Reiterará que, efectivamente, desobedeció (y anunciará nuevas insubordinaciones) y será inhabilitado en firme en el mes de octubre. No aceptará la resolución firme —ya no será presidente de la Generalitat— y comenzará otra vez el pulso al Estado.

Confía Torra —o sea, Puigdemont— que el secesionismo no elija nuevo presidente de la Generalitat, es decir, que se insurreccione en el Parlamento de nuevo, como en septiembre de 2017, con la aprobación de las leyes de desconexión. Está en marcha una nueva forma sofisticada y metafórica de sedición: dejar la presidencia de la institución catalana en sede vacante y de forma indefinida, creándole al sistema estatutario catalán un problema insoluble y a España una crisis constitucional. Y se haría necesario un 155. Artur Mas ya ha sugerido que su predecesor quiere hacer del PDeCAT una especie de CUP.

Eso es lo que traman Torra y Puigdemont: situar al Gobierno al borde del precipicio, demostrando que si pudieron con Rajoy, podrán también con Sánchez. Salvo que Xavier Muro, secretario general de la Cámara legislativa, un letrado íntegro y un funcionario fiel a sus obligaciones, imponga un criterio de racionalidad jurídica, una vez más, al propio presidente del Parlamento.

Los dos personajes insurrectos, uno al mando, el otro subalterno, pretenden lo mismo: lograr que la situación sea explosiva, inmanejable, inabordable, después de haber acorralado a ERC —cosa no excesivamente difícil para los que conocen a ese partido ciclotímico y con pulsiones históricamente erráticas— y hacerlo en una situación tan dramática como es la que ahora atraviesa España y, en particular, Cataluña: en la segunda ola de pandemia y con una crisis económica de proporciones formidables.

El Gobierno, los partidos constitucionalistas y las instituciones deberían estar preparados —algunos ya lo están— para un octubre callejero y violento como el del año pasado tras la sentencia del Tribunal Supremo en la causa del proceso soberanista. El ‘mártir’ de la patria —no ya solo ni principalmente los presos que cumplen sentencia— sería Joaquim Torra, otro presidente ‘legítimo’ también abatido por la Justicia española. Esta es una predicción no ya verosímil, sino probable. Ha llegado el momento sacrificial del testaferro y cumplirá. Por eso ha anunciado que volverá a desobedecer y por eso también ha adelantado su impostada seguridad de que el independentismo no le sustituirá para que Cataluña entre en la catarsis de la disolución autonomista y se perciba como un pueblo en pie —el secesionista, el único que cuenta— ante la ‘opresión’ española. La cuestión no es lo que harán Torra, Puigdemont y el secesionismo, porque lo suponemos, sino lo que harán Sánchez y el Gobierno. La determinación de aquellos ya la conocemos; la del presidente y la de su Gabinete no nos consta.

Aunque no sería la primera vez, como escriben los historiadores Fuentes y Rueda, «que una epidemia se cruzara en los designios del independentismo catalán». Al final de su libro ‘The Revolt of Catalans’, John Elliott señalaba las consecuencias que la peste tuvo en las ensoñaciones separatistas de la Cataluña del siglo XVII, tras el triunfo de la revuelta de 1640, en un contexto de fortalecimiento del poder de los estados por la Paz de Westfalia: “La gran peste de 1650-1654 destruyó todas las esperanzas que todavía podía tener Cataluña de mantener su independencia de la Corona española” (‘Lecciones de la historia’, documento del Círculo Cívico de Opinión, de julio de 2020).