ABC – 19/12/14
· Renuncia a la Fiscalía General por «motivos personales» e informa a Catalá por carta; a Gallardón le llamó La decisión, fruto de una «reflexión serena», se debe a la falta de sintonía con el Gobierno, cada vez más patente.
Después de tres años al frente de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres-Dulce puso ayer punto final a esa etapa de su trayectoria profesional, que más que por luces y sombras ha estado marcada por su falta de sintonía con el Gobierno de Mariano Rajoy. Quedaba justo un año para terminar su mandato, tarea para la que fue propuesto por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón –otro de los caídos en esta legislatura–, y Torres-Dulce tiraba la toalla aduciendo «razones personales». Lo hace cuatro días antes de que el Tribunal Superior de Cataluña decida el destino que va a dar a las querellas contra Artur Mas por el 9-N.
Ni en el Ejecutivo ni en medios jurídicos ha causado sorpresa esta dimisión. Las tensiones entre la Fiscalía y el Gobierno eran patentes, especialmente en los últimos tiempos, y la rumorología acerca de una posible renuncia –tras la reforma del Estatuto fiscal de 2007 el Gobierno no podía cesarle– era una constante. Quizá sí ha desconcetado la forma en la que ha comunicado su salida. Según ha podido saber ABC, Torres-Dulce había llamado el día anterior al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para decirle que posponía dos propuestas de nombramiento en el Consejo Fiscal, pero no le mencionó en ningún momento lo que tenía previsto hacer tan solo unas horas después. Es más: a Rafael Catalá le sorprendió la noticia en Barcelona. La anunciaba una escueta nota de prensa de dos líneas pasadas las once de la mañana.
Sin palabras
El fiscal general había enviado una carta urgente al ministro, pero éste no conoció su contenido hasta que lo supo por los medios de comunicación. Solo entonces fue Catalá quien le llamó, y en esa conversación Torres-Dulce se limitó a anunciarle que había tomado esa decisión «por motivos personales» en los que no quiso entrar.
En cambio Torres-Dulce sí telefoneó ayer mismo por la mañana al anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, según ha podido saber ABC de fuentes próximas al extitular de Justicia, con quien sus relaciones en el pasado siempre fueron mejores que en los últimos tiempos.
Cuando Catalá llegó a Justicia en sustitución de Gallardón, y consciente de que había sido propuesto por este último, Torres-Dulce enfatizó su idea de «autonomía» del Ministerio Fiscal ante el nuevo ministro, e incluso le explicó que entendería que prefiriera proponer para ese cargo a alguien de su confianza. Catalá le reiteró su apoyo, pero el asunto de Cataluña acabó por romper la baraja.
La falta de sintonía con el fiscal general viene de más atrás: ya era evidente y palpable desde el momento en el que, tras abrir unas diligencias de investigación, decidió llevar a la Audiencia Nacional el caso de los papeles de Bárcenas. Antes se había mantenido firme en su decisión de dejar que las fiscales de Gürtel, asignadas a este caso con Cándido Conde-Pumpido al frente del Ministerio Público, continuaran investigando la trama liderada por Francisco Correa.
Plena autonomía
A diferencia de aquellos tiempos, en los que al entonces fiscal general del Estado no le temblaba la voz al decir que las togas tienen que mancharse con el polvo del camino –en referencia a que los jueces debían implicarse en el llamado «proceso de paz»–, no se puede decir que Torres-Dulce no haya actuado durante todo este tiempo con plena autonomía. Y tan grande ha sido esa distancia que él mismo ha querido marcar con el Gobierno que se ha sentido «ninguneado» en la tramitación de algunas de las leyes judiciales más importantes. También cuando se enteró por la prensa de que su número dos, el teniente fiscal del Supremo, Antonio Narváez, pasaba a ser magistrado del Constitucional, un puesto al que quizá él aspiraba.
El último episodio de esa falta de sintonía ha sido por la querella que la Fiscalía interpuso finalmente contra el presidente de la Generalitat y otros tres miembros del gobierno autonómico por desobedecer al TC y seguir adelante con la consulta del 9-N.
Fiscalía General y Gobierno estaban de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero Torres-Dulce no soportó lo que consideró desde el primer momento una intromisión del Ejecutivo: ni que la dirigente del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho informase de forma oficiosa del contenido de la querella de la Fiscalía ni que desde el Gobierno se le apremiara para que llevara a Mas a los Tribunales.
Con el orgullo propio de quien no quiere que se cuestione quién toma la iniciativa («no he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer», proclamó en el Congreso el pasado 26 de noviembre, a modo de despedida), Torres-Dulce posponía diez días la interposición de la querella contra Mas. Era el mismo texto que tenía preparado el día después de la celebración de la consulta, pero con un elemento nuevo: Torres-Dulce quiso recabar el criterio de la Junta de fiscales (la cúpula de la carrera ) para que no se pudiera decir que esta denuncia contra Mas obedeciera a una instrucción del Gobierno. Esa era la auténtica obsesión del fiscal general.
ABC – 19/12/14