CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO – EL MUNDO – 23/11/14
· Unos días antes del 9-N, el Gobierno contempló incluso una operación para incautarse de las urnas de cartón que finalmente sirvieron de recipiente para que más de dos millones de catalanes depositaran su papeleta, mayoritariamente a favor de la independencia. Había una querella preparada, pactada con la Fiscalía de Cataluña. Pero el Gobierno decidió no actuar, ser prudente, en espera de ver hasta dónde llegaba Artur Mas en su reto a la legalidad constitucional.
Esa fue la instrucción que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, transmitió al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. El Gobierno no quería que la imagen del 9-N fuera la de los Mossos d’Esquadra retirando las cajas de cartón rodeados de gente increpándoles. Se argumentó: «Esa es la fotografía que está buscando Mas».
También es cierto que Rajoy confiaba en que el president mantuviera una actitud mesurada y que, en ningún caso, su Gobierno utilizara los símbolos de la Generalitat para avalar los datos de participación en el simulacro de consulta. Como recordarán, Joana Ortega, vicepresidenta del gobierno catalán, fue dando durante el domingo los resultados de la votación rodeada de la parafernalia de una consulta legal, incluida, claro, la senyera y el escudo de la Generalitat. El propio Mas asumió personalmente la autoría de lo que estaba ocurriendo: «Si buscan un responsable, ese soy yo», dijo por la tarde en actitud provocadora.
Basándose en datos previos al 9-N, como la propaganda forzada por el Govern en medios de comunicación privados, el buzoneo de papeletas de votación y el uso de colegios públicos para llevarla a cabo, Jaime Moreno, el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, había redactado un proyecto de querella que fue trasladado a los fiscales de Cataluña, que lo asumieron en su totalidad.
El domingo a última hora de la tarde, el ministro de Justicia transmitió al fiscal general el deseo del Gobierno de que se presentará la querella a las 21.00 horas de la noche de ese mismo día.
La Agencia EFE difundió que la querella estaba casi lista.Esa filtración sacó de sus casillas a Torres-Dulce. El fiscal general quería una acción rotunda, pero no estaba dispuesto a actuar en función de los intereses puntuales del Gobierno. Pidió tiempo para hablar con los fiscales de Cataluña, que le habían comenzado a mostrar una cierta resistencia a presentar la querella.
A todo esto, el PP de Cataluña, encabezado por Alicia Sánchez-Camacho exigía y, a la vez anunciaba, la actuación de la Fiscalía al día siguiente, lo que fue dado por cierto por algunos medios. El ministro del Interior, Jorge Fernández, muy involucrado en el contencioso catalán no sólo por su cargo, sino por sus orígenes, tampoco entendía la dilación del fiscal general. Un miembro del Gobierno manifiesta su disgusto con Torres-Dulce: «Un fiscal general debe mandar y a Eduardo no le gusta mandar, siempre busca el consenso, en una especie de buenismo intelectual».
Debieron ser horas de tensión terribles. Fuentes de la Fiscalía afirman que el Gobierno cambio de posición dos veces en el mismo día. Tampoco entienden la pasividad de la Abogacía del Estado: «¿Por qué si era tan importante salir el domingo por la noche con la querella el abogado del Estado no hizo nada?».
El lunes 10 la Fiscalía amplió su nota (la prequerella) y la remitió a la Fiscalía de Cataluña. El martes, los fiscales catalanes incluyeron en los posibles delitos la malversación. El miércoles 12, el fiscal jefe, José María Romero de Tejada y su segundo viajaron a Madrid con un escrito bajo el brazo en el que se mostraban, en principio, a favor de iniciar acciones por delito de desobediencia.
Pero, repentinamente, las cosas se torcieron. El fiscal jefe de Cataluña comunicó a Torres-Dulce –que ya está siendo abrasado por algunos sectores del PP y por parte del Gobierno– que había pedido la celebración de una Junta de Fiscales de Cataluña para el viernes y el sábado.
Durante esos días, la Generalitat llevó a cabo una eficaz presión sobre la Junta de Fiscales a través de dos de sus miembros comprometidos con el «derecho a decidir»: Martín Rodríguez Sol y Teresa Conte.
El resultado final fue el rechazo de la Junta a interponer una querella contra Artur Mas o cualquier miembro de su gobierno. Su escrito, fechado el día 17, en el que se escudan en el TC por su presunta «falta de convicción» a la hora de redactar la providencia prohibiendo la celebración del 9-N, levantó ampollas entre los magistrados del Alto Tribunal.
La rebelión de ese grupo de funcionarios de Cataluña provocó no sólo el enfado de los jueces del Constitucional, sino la inmediata reacción del fiscal general, a esas alturas ya en la picota por su supuesta actitud pusilánime. Torres-Dulce decidió convocar una Junta de Fiscales de Sala (la cúpula del Ministerio Público) para el miércoles 19 de noviembre.
El Gobierno no las tenía todas consigo, dada la diversa posición ideológica de los miembros de la Junta. Era el todo o nada para Torres-Dulce. Si su decisión de someter la interposición de una querella contra Mas salía derrotada, aunque la opinión de la Junta no sea vinculante, hubiera supuesto su desautorización y, por tanto, su dimisión. Además, el Gobierno habría quedado en posición muy desairada, ya que la Generalitat habría interpretado que la querella nunca tuvo base real y que se utilizó solamente como un instrumento para intimidar Mas y dar satisfacción a los sectores más conservadores del PP.
Sin embargo, Torres-Dulce logró un respaldo casi absoluto (la excepción fue Bartolomé Vargas), con apoyos tan significativos como el fiscal de Sala del Supremo, Mariano Fernández Bermejo, o el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
El escrito presentado el viernes por el fiscal superior de Cataluña (siguiendo órdenes de Torres-Dulce) es sólido y contundente. La posición adoptada por la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, a favor de activar las diversas querellas, confirma que la posición del Ministerio Público, también en Cataluña, es abrumadoramente partidaria del inicio de acciones penales.
¿Bien está lo que bien acaba? Parcialmente sí. Se han salvado los muebles, pero la credibilidad de la Fiscalía ha quedado tocada. Los ciudadanos tienen la sensación de que tanto el Gobierno central como la Generalitat han hecho todo lo posible para llevar el agua a su molino.
¿Que va a ser de Torres-Dulde? Su posición, aunque reforzada por la Junta de Fiscales, ha quedado debilitada. La falta de sintonía con el Gobierno y, en especial, con el ministro de Justicia es un lastre difícil de sobrellevar en un puesto en el que debe haber complicidad con el Ejecutivo, al menos en los temas de Estado.
El Gobierno, dicen algunas fuentes, le busca ya sustituto. Torres-Dulce no se amarrará al cargo y no le importaría volver a ejercer la carrera fiscal. Sin embargo, sería lamentable que la única víctima de los errores de gestión que han rodeado al 9-N, fuera precisamente el mejor fiscal general que ha tenido España en décadas.
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLOEL MUNDO – 23/11/14