Vaya por delante que no siento la menor simpatía por Vox. Al contrario. Su apoyo a Netanyahu me repugna. Aceptar la desposesión violenta de los habitantes de un país- que es lo que, por muchas vueltas que se le dé, ha ocurrido en Palestina desde 1948-, me parece profundamente inmoral y una expresión del cínico nihilismo contemporáneo. La justificación de ese robo, a partir de una mezcla de argumentos religiosos, una geopolítica de pacotilla y un par de falacias acerca de ‘la democracia occidental’ y ‘los valores judeocristianos’, me resulta un ataque a la inteligencia. Ignoro si lo harán a cambio de apoyo económico, por el hecho de estar sus líderes sometidos a algún chantaje, por la creencia de que el filosionismo es el precio a pagar para poder difundir mensajes identitarios en Europa tras el Holocausto o por mera estupidez. En realidad, me da igual y, en cualquier caso, siendo yo un conservador, mis desacuerdos con las ideas y el estilo político de Vox, Alvises, etcétera, van mucho más allá del contencioso palestino-israelí.

Sin embargo, considero que, puesto que son un partido político plenamente legal, sus miembros tienen todo el derecho a la libre expresión de sus ideas que se garantiza a todos los ciudadanos. Quienes no estamos de acuerdo con ellas tenemos la posibilidad de ignorarlos, de discutir sus opiniones y de expresar nuestro rechazo por medio de los cauces legales existentes. Pero hasta ahí. Nadie tiene derecho a hacerlos callar, ni a amedrentarlos ni a agredirlos. Si se tienen pruebas de que sus actos y declaraciones promueven el odio, el autoritarismo o la violencia, serán las autoridades competentes quienes tendrán que instar a su ilegalización como partido.

Trabajo desde hace unos 27 años en una facultad donde se trató de asesinar a compañeros y amigos. Todavía esperan a que todas las fuerzas sindicales -¡de su propio centro de trabajo!- y todos los partidos políticos representados en los parlamentos de Pamplona y Vitoria consideren un hecho condenable la tentativa de exterminarlos. Mientras tanto, han tenido que ver durante todo este tiempo cómo quienes habían planeado matarlos eran objeto de culto público y su encarcelamiento descrito como una enorme injusticia.

Es cierto que desde 2011 y, sobre todo, desde 2018, las cosas han mejorado muchísimo en la UPV/EHU. Pero también lo es que, por lo menos en mi facultad -la de Ciencias Sociales y de la Comunicación- la falta de pluralismo en los espacios comunes se hace innegable. Centenares de carteles, pintadas y pancreaccionaartas, en los exteriores del edificio y en el interior de las aulas, nos recuerdan a diario que, por lo menos para el estudiantado, el menú en la práctica se reduce a la posibilidad de elegir entre la izquierda abertzale ‘tradicional’, aunque en una versión mucho más agresiva que la línea oficial de Bildu, y la joven guardia roja de GKS.

¿El autoritarismo, el totalitarismo de ambas opciones no inquietan al equipo rectoral? ¿Son ellas las que deben dictar quién puede hablar y quién debe ser apaleado por ‘autoritario’, como sucedió, por ejemplo, hace unos meses en Pamplona? ¿Alguien se tomará el trabajo de contarles un poquito sobre los crímenes de Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot? ¿Por qué ellos pueden hacer propaganda, poner pancartas, hacer pintadas en los pasillos y las propias aulas, sin que sean borradas, y ello no provoca ninguna reacción del equipo rectoral y una concentración legal de Vox, espero que muy minoritaria, lo lleva a ordenar la interrupción de la docencia presencial en Vitoria?

Me temo que es cuestión de tiempo que la extrema derecha gane las elecciones en España, como las ganaría ahora en Francia y Gran Bretaña. Espero equivocarme, pero, si es así, las dobles varas de medir habrán tenido no poca responsabilidad en ello.