En uno de los primeros capítulos de la serie The Bear la inspección municipal de Sanidad encuentra en el chapucero restaurante de Carmy todo tipo de deficiencias y riesgos para la salud: conductos mal sellados, roña por doquier y hasta un paquete de cigarrillos abierto junto a los peroles. La inspectora no cierra el establecimiento, pero le impone la denigrante obligación de exhibir en el escaparate una placa con una «C» de color naranja que advierte a los clientes de la mala nota que en términos de salubridad merece el tugurio.
Exactamente eso es lo que han hecho los letrados de la Comisión de Justicia con la proposición de Ley de Amnistía. La han examinado concienzudamente, han detectado múltiples indicios de inconstitucionalidad y los han puesto por escrito en un informe indeleble que avisa a los legisladores del terreno en el que se meten.
El informe no bloquea la tramitación porque no es vinculante, pero la pone bajo sospecha permanente. Ni los letrados podrán impedir que la ley sea aprobada, ni el Gobierno podrá evitar que lleve siempre adosado el estigma de que no pasó el examen jurídico en el primer fielato de carácter técnico.
El Gobierno ha tratado de diluir la importancia del informe, invocando otros de signo contrario; pero ni su contenido ni su valor procedimental son de ninguna manera equiparables. Eran los letrados adscritos a la Comisión de Justicia quienes tenían que cumplir con un trámite preceptivo y lo han hecho con inequívoca contundencia.
¿Significa este estigma que se abre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional estime los recursos que van a plantearse cuando la Ley de Amnistía sea aprobada? Absolutamente no.
El 7-4 con que de manera reiterada vienen resolviéndose a conveniencia de Sánchez las cuestiones más dispares, demuestra que Conde-Pumpido preside un tribunal formado por dos compartimentos estancos sin capacidad de ósmosis alguna.
La anunciada abstención de Juan Carlos Campo, que siendo ministro adujo por escrito que la amnistía era inconstitucional, reduce la mayoría gubernamental a un 6-4, pero de ahí no se va a mover el marcador. El resultado es tan predecible como el del Congreso o el del Senado.
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¿Significa, sin embargo, este estigma que se abre la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbe la Ley de Amnistía cuando le llegue una cuestión prejudicial planteada por alguno de los instructores de sumarios vinculados al procés? Absolutamente sí.
No puede pasar inadvertido que algunos de los aspectos en los que el informe de los letrados incide de manera más crítica coinciden con los que ya preocupan a la propia Comisión Europea: la impunidad de la corrupción, la inclusión de delitos de terrorismo, la extensión del periodo de aplicación o el propio blindaje de los efectos de la ley frente a su revisión por el TJUE.
Aunque la «cero preocupación» que Bolaños percibía en Bruselas sobre la amnistía esté yendo en aumento, el Gobierno cree tener resortes para abortar una censura explícita del ejecutivo comunitario. Y en cuanto al TJUE, largo me lo fiais. Cuando haya una resolución será ya imposible volver a encerrar el genio de la amnistía en la lámpara de la legalidad constitucional, pues sus efectos se habrán desparramado por doquier.
«La vuelta al Palau de Sant Jordi supondría para Puigdemont la culminación de su relato, dando pleno sentido a su resistencia en el ‘exilio'»
De ahí la prioridad compartida por el PSOE y Junts en blindar la ley para que ninguna cuestión prejudicial impida el levantamiento automático de las medidas cautelares dictadas por un instructor. Es decir -este es el ejemplo palmario- para que Puigdemont pueda volver impunemente a España, de forma que tras la autoamnistía llegue el autohomenaje con todas sus consecuencias políticas.
Basta leer sus medios más afines para darse cuenta de que la hoja de ruta de Puigdemont va encaminada a la reconquista de la presidencia de la Generalitat. Aunque él finja como Ricardo III o Simón Bocanegra que se hace de rogar, a la vez difunde entre los suyos incipientes encuestas que lo presentan como el «preferido» frente a Aragonès o Illa.
La vuelta al Palau de la plaza de Sant Jaume supondría para Puigdemont la culminación de su relato, dando pleno sentido a su resistencia en el «exilio». También la oportunidad de volver a poner el contador a cero y reanudar el procés hacia la independencia, bien mediante la aplicación directa del «mandato» del 1-O, bien mediante un referéndum de autodeterminación pactado con Sánchez.
El asunto es más complejo, al tratarse igual que en las demás autonomías o en el conjunto de España, de una elección parlamentaria en la que nadie tendrá mayoría absoluta. Aunque Aragonès acaba de lograr ser ratificado como candidato de Esquerra, al echarse a un lado Oriol Junqueras, la debilidad de su gobierno en archiminoría hace presagiar que llegará muy desgastado a las elecciones.
Ninguna encuesta ve a Esquerra ganadora, aunque en algunas siga apareciendo por delante de Junts. La clave estriba en si la suma de ambas fuerzas separatistas, más la CUP y una eventual «cuarta lista» impulsada por la Asamblea Nacional Catalana revalidaría su actual mayoría absoluta o no.
En caso afirmativo, si Puigdemont se presentara y fuera el más votado a ese lado de la raya, su investidura estaría garantizada, pues el anatema de botifler pesaría como una losa sobre quien dejara de apoyarle.
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Solamente en el caso de que el independentismo no tuviera mayoría arraigarían las opciones de Salvador Illa de encabezar, como probable lista más votada, un tripartito con Esquerra y los Comunes.
La gran pregunta estratégica del momento es ¿en favor de cuál de estas dos opciones está remando Sánchez? Por supuesto que su posición pública es el apoyo entusiasta a Illa.
No sólo por ser su amigo, colaborador y candidato, sino porque su investidura le permitiría proclamar la utilidad de la amnistía. Ya que nunca va a poder defenderla en términos morales y ya que el informe de los letrados la desmonta en términos constitucionales, Sánchez necesita ver refrendada su conveniencia política.
Pero sabe también que al día siguiente de que Illa lograra la presidencia de la Generalitat, se quedaría sin el apoyo de Junts en el Congreso de los Diputados. Sánchez sabe que una vez amnistiado, un Puigdemont derrotado en las urnas habría perdido su principal estímulo para seguir apostando dentro de la legalidad constitucional.
«Las elecciones catalanas determinarán si la legislatura colapsa antes de llegar a su ecuador y tendremos o no elecciones generales en 2025»
Puede parecer un argumento retorcido, pero algunos dirigentes socialistas alejados del núcleo duro de la Moncloa pronostican que Illa lleva camino de ser el gran sacrificado en la temeraria huida hacia delante de Sánchez por mantenerse en el poder. Alegan que la consumación de la amnistía va a hacerle mucho más difícil mantener la cohesión entre los sectores constitucionalistas que le apoyan y que el regreso triunfal de Puigdemont dará un fuerte impulso revitalizador a Junts.
Estamos hablando de una cita electoral que probablemente sucederá en el otoño y como muy tarde de aquí a un año. De algo que, por lo tanto, determinará si la legislatura colapsa antes de llegar a su ecuador y tendremos o no elecciones generales en 2025.
Para que Sánchez pueda ver culminado su propósito de completar los cuatro años de mandato será imprescindible que el pacto con Puigdemont tenga un propósito más allá de la amnistía. Teóricamente ese propósito ya está tasado: un nuevo régimen fiscal para Cataluña y el referéndum de autodeterminación.
Pero es evidente que las negociaciones secretas de Suiza avanzarán con muchas más perspectivas de acuerdo, si Puigdemont refuerza su asociación con Sánchez, teniendo que gestionar ambos asuntos de manera pragmática desde la Generalitat.
Si, por el contrario, las urnas le han arrojado al monte de la oposición, nada le bajará de su maximalismo.
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«Todos sabemos que lo que tenemos entre manos terminará con algún tipo de referéndum en Cataluña, pero tiene que caber en la Constitución», me decía el otro día alguien que se sienta en el Consejo de Ministros. El problema es que será imposible pactar con Puigdemont que el contenido y los efectos de ese referéndum quepan en la Carta Magna, a menos que él se vea de nuevo moldeando la Historia desde el Patio dels Canonges.
El dilema para Sánchez será apostar por disolver las Cortes con la impactante baza de la llegada de Illa a la Generalitat en la mano o agotar la legislatura mediante nuevos pactos con un Puigdemont restablecido en el poder.
De momento su prioridad es mantener esta segunda opción abierta. De ahí que las enmiendas pactadas en la Ley de Amnistía estén encaminadas a garantizar el pronto regreso del molt honorable prófugo sin incomodidad alguna. Y de ahí que desde Moncloa ya se apunte a que la prometida reunión del presidente con Puigdemont tendría lugar en España.
«Enarbolando el estandarte del liderazgo de la socialdemocracia europea, el objetivo natural de Sánchez es dar el salto de la política española a la UE»
Al final Sánchez jugará las cartas que le brinde el destino. Su preferencia va a quedar previamente determinada por dos factores: el reequilibrio de poder en Europa y la capacidad de aguante de Feijóo ante la ofensiva que el PSOE está intensificando contra él.
Como se ha visto en Davos, Sánchez levanta ya a nivel continental el vexilo de una socialdemocracia basada en una creciente intervención del Estado en la economía. Enarbolando ese estandarte, su objetivo natural es dar el salto de la política española a la europea. Dependerá del resultado de las elecciones de junio y del ulterior reparto de cartas que este sea el momento propicio o no.
Lo más probable es que el europarlamento se escore más a la derecha y esa ambición deba esperar. Pero si la presidencia del Consejo Europeo queda a tiro para la izquierda para compensar la hegemonía conservadora en la Comisión, Sánchez intentará jugar esa baza, abocando al PSOE a unas elecciones anticipadas.
La otra palanca que activaría el adelanto electoral sería el éxito de la «operación liquidar a Feijóo» que el Gobierno ha puesto en marcha por tierra, mar y aire. Alsina se sorprendía el otro día de cómo, cada vez que exhiben sus logros, sean reales o imaginarios, el presidente y sus ministros nunca dejan de contraponerlos a lo mal que lo hace Feijóo. Pero eso no es casualidad, sino cálculo.
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El PSOE sabe que la amnistía y demás concesiones al separatismo catalán, así como los pactos con Bildu y la propia inestabilidad política van a pasarle factura. Su gran temor es que el PP siga acercándose a la mayoría absoluta, de forma que su dependencia de un Vox cada vez más caricaturesco e irrelevante, deje de ser un arma electoral.
El único cortafuegos que puede parar que el vendaval de la oposición extienda ese incendio es desatar una pugna por el liderazgo del PP, incitando a Ayuso a competir con Feijóo. Y lo prioritario para eso es socavar la figura del líder gallego.
Es verdad que Feijóo no tiene la capacidad de proyección internacional que Sánchez acaba de exhibir en Davos. Tampoco su carisma o su frialdad letal. Pero al menos le iguala en tenacidad y le supera ampliamente en consistencia y fiabilidad. El día que llegue a la Moncloa muchos dirán que el hábito estaba hecho para ese monje.
«No hay un ejemplo tan palmario de juego sucio en la política como la conducta de Tezanos. Espero que un día tenga que pagar por ello»
Es lógico que el PSOE trate de abortar ese escenario. Pero no que para ello desate una cacería personal en la que sus dirigentes compiten por ver quién ataca más a Feijóo.
El propio presidente no pierde la ocasión de participar en el empeño. Así en su última entrevista en su medio de referencia, tras criticar el PP por no apoyar el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, soltaba la pierna: «Por cierto, con un líder que cobra tres sueldos».
Pero cuando la ofensiva superó todos los límites de lo tolerable fue cuando el miércoles el director del CIS glosó en Radio Nacional los resultados de su último barómetro. Contradiciendo a todos los demás sondeos, Tezanos volvía a colocar al PSOE en primer lugar y se sintió obligado a explicar por qué: «El PP es un partido con potencialidad grande, pero con un líder en caída total… La caída de popularidad de Feijóo es algo de lo que no se ha informado suficientemente».
Me quedé atónito al escucharlo. Era como si el director de la BBC -o incluso de la nada neutral TVE- se hubiera ocupado de que al líder de la oposición le maquillaran lo peor posible y luego saliera comentando lo mal que da ante la cámara.
Últimamente se habla mucho de la Operación Cataluña y del lawfare, pero no hay un ejemplo tan palmario del «juego sucio» en la política como la conducta de Tezanos. Espero que un día se le investigue a fondo y tenga que pagar por ello.
La parte positiva para el PP es que lo que tiene que hacer para frustrar los propósitos del Gobierno -mantener la cohesión interna- está estrictamente en sus manos. En cambio, Sánchez y su equipo navegan en un barco en el que el timón se resquebraja por momentos, de forma que pronto quedará al albur del viento de las decisiones ajenas.