El centro del Instituto Cervantes en el hotelito de la parisina Avenue Marceau, 11, que Sánchez acaba de regalar al PNV, fue siempre un ámbito de fatal discordia entre sus directivos y currelas. Se le supone entundado por el fantasma de Luis Álava Sautu, ingeniero alavés detenido tras descubrir la Gestapo en dicho edificio detallados informes sobre la red clandestina vasca en la España franquista, que el Gobierno de Euskadi había abandonado allí, en su precipitada huida ante la inminente entrada del ejército alemán en la Ville Lumière. La Gestapo se chivó a Franco, y Álava, jefe de la red, fue torturado, encarcelado y, finalmente, pasado por las armas en 1943. Sobra decir que el PNV echó la culpa al servicio, o sea, a la parte socialista del gobierno vasco en el exilio, que no habría limpiado la casa como era su obligación.

Durante mi época al frente del Instituto Cervantes (2001-2004), el senador Anasagasti no cesó de conminarme a evacuar el puñetero hotelito, acusándome de seguir los pasos del embajador franquista José Félix de Lequerica, otro traidor bilbaíno al pueblo elegido por Jaungoicoa, que se había incautado del inmueble en 1940. Yo alegaba que fue Felipe González el que lo entregó al Cervantes en 1992. El primer director del Cervantes de París, Félix de Azúa, lo encontró en un estado lamentable, lleno de ratas y con los sótanos como un garaje de Paiporta.

El PNV funda sus supuestos derechos a la propiedad del edificio en improbables leyendas ancestrales sobre su adquisición por consorcios americanos de compatriotas emigrados y enriquecidos gracias al juego, las ovejas o la trata, que se lo habrían cedido graciosamente al partido guía. Como todo en el pasado vasco, empezando por los vascos mismos, se trata de una invención, pero invención decorativa, innecesaria, porque es sabido que los socialistas profesan a los vascos de ocho apellidos una sumisión ancilar que supera incluso la del español medio. Además, ahí está la disposición adicional primera de la Constitución, que reconoce y ampara los derechos históricos privativos de los vascos, derechos históricos que consisten en cualquier cosa que reclamen los vascos –y, por delegación, los nacionalistas vascos– como derecho histórico. Basta que el PNV reclame como derecho histórico vasco la propiedad de la finca de Avenue Marceau 11 para que el Estado español y, en su nombre el jefe del gobierno, deba concedérsela sin chistar (en rigor, creo que correspondería hacerlo al Jefe del Estado). Y, puesto a ello, que pida perdón por usurpar dicha propiedad y detentarla durante ochenta y cinco años, aunque se prevea una compensación en la pastizara que el Cervantes pagará a Sabin-Etxea por el alquiler del chamizo durante los próximos cinco años, que el PNV le ha dado como moratoria antes de mandarle a los desokupas.