Agustín Valladolid-Vozpópuli

  • Lo que la fatua polémica suscitada alrededor de la medalla a Trapiello viene a ratificar, por si quedaba alguna duda, es hasta qué punto el PSOE le ha comprado el relato al enemigo

1.- Lo de Trapiello

El episodio que en estos días atrás situaba a Andrés Trapiello en el centro de uno de esos debates parvularios a los que desgraciadamente nos tiene acostumbrados determinada clase política, explica mejor que ningún análisis lo que le ha pasado al PSOE en Madrid. Incluso, abriendo el campo de visión, por qué le pasa al PSOE lo que le pasa. Criticar la concesión de la medalla de oro del Ayuntamiento de la capital al escritor por “el revisionismo de la historia que él representa”, que dijo la responsable socialista de Cultura (sic) en el consistorio -justificación luego confirmada por su portavoz, Pepu Hernández-, es una actitud incoherente e infantil inspirada en un argumento falaz y que pone de manifiesto altas dosis de penuria y de retorcido sesgo intelectual. Pero por encima de esto, la virtualidad de la estupidez es que ilustra con absoluta claridad uno de los motivos principales de la decadencia de este PSOE.

Lo que la fatua polémica suscitada alrededor de la medalla a Trapiello viene a ratificar, por si quedaba alguna duda, es hasta qué punto el PSOE le ha comprado el relato al enemigo, a los herederos de aquellos que decían defender la República cuando la verdad es que la República, para los más feroces adversarios de aquel PSOE, leninistas, troskistas y anarquistas, fue solo un pretexto. Les molesta Trapiello porque cuenta eso en el prólogo de Celia en la revolución, de Elena Fortún: “Miles de republicanos empuñaron en un primer momento las armas no tanto para defender a la República y los principios de la Ilustración que ella representaba, sino para hacer la revolución a la que encomendaban el trabajo de acabar precisamente con ellos (…). Era la primera vez en la historia, como muy bien vio Bolloten, en que tenían lugar al mismo tiempo dos revoluciones de signo contrario, la fascista y la comunista en sus diversas acepciones”.

Pierdan toda esperanza aquellos que en estos días han vuelto a reclamar añorados consensos en tiempos de crisis: no habrá pacto de Estado, sino la confirmación de un Frankenstein sin coleta

La novela de Elena Fortún (Editorial Renacimiento), ha sido durante mucho tiempo un texto proscrito. Por unos y por otros. Narra en su parte más extensa lo vivido por una adolescente, que mira a su alrededor primero con incredulidad y después con creciente angustia, en el Madrid sitiado. Escrito en 1943, se publicó por primera vez en España cuarenta y cuatro años después. “No hay en ella lugar para la distorsión ni la idealización de lo vivido”, aclaran los editores, y Trapiello, en su prólogo a la edición de 2020, entiende que es esa, la falta de alineamiento con ninguna de las partes, la causa de su proscripción y singularidad: “Apenas publicado [en 1987], desapareció de las librerías y únicamente en el mercado de viejo ha ido apareciendo desde entonces, con cuentagotas, algún que otro ejemplar, siempre a precios fabulosos, lo que habla de su carácter excepcional”.

Exilada primero en Argentina, adonde acompañó a su padre, militar republicano, y luego en Nueva York, Elena Fortún, seudónimo de Encarnación Aragoneses, regresó a Madrid en 1952 para morir. Tenía 65 años. El franquismo prohibió sus obras. La izquierda las ignoró. Cuando cargos electos del PSOE llaman revisionista a un Trapiello que reivindica a Indalecio Prieto, pero no a Largo Caballero, se alinean con esa izquierda autoritaria que niega cualquier versión de la historia que no sea la que, como hizo el franquismo, pretende imponer; la que durante la campaña del 4-M minusvaloró la inteligencia de los madrileños con ese guerracivilismo artificioso y primario y arrastró en su caída a gabilondos y demás incautos. La misma izquierda con la que el largocaballerista Pedro Sánchez se dispone a resistir porque lo que de ningún modo se le pasa por la cabeza es ceder una porción del poder, y mucho menos compartir un proyecto de emergencia nacional con la Oposición.

2.- Frankenstein 2

No, no hay proyecto de país ni el Gobierno tiene “plan B” tras la seria advertencia recibida en Madrid. El medio plazo no existe, y en esta vorágine de permanente improvisación y contienda electoral en la que estamos atrapados, lo que ahora toca es esperar a ver qué ocurre en Cataluña. La estabilidad de la nación entera en manos de Junqueras y Colau. Y, visto lo visto, si por fin el fugado Puigdemont deja de ser un obstáculo para recobrar cierta normalidad, encima hasta habrá que dar las gracias. Eso es lo que hay y esa parece ser ahora la apuesta. Acuerdo en Barcelona y renovación del pacto en Madrid. “Momento histórico”, lo llama Gabriel Rufián. Además, la lectura que hace el comité electoral permanente de Presidencia es que a Pablo Casado, subido en el patín de Ayuso, ya no le interesa acercarse a Sánchez; que después del 4 de mayo, para el líder del PP cualquier referencia a un pacto PSOE-PP en los temas esenciales que se eche el país a la espalda y transmita fiabilidad a nuestros socios, deudores y mercados será pura retórica. Que le han entrado las prisas y quiere llegar cuanto antes a Moncloa.

Pierdan toda esperanza aquellos que en estos días han vuelto a reclamar añorados consensos en tiempos de crisis: no habrá pacto de Estado, sino la confirmación de un Frankenstein sin coleta que cifrará su resistencia al éxito de la campaña de vacunación (en esto tiene razón Sánchez: el personal, salvo catástrofe improbable, ya ha pasado la penúltima página del virus) y a la llegada de las primeras remesas de fondos europeos. Problema número 1: una vez aprobado el plan en Bruselas, únicamente se librará el 13% de los recursos hasta conocer qué hay detrás de tanta farfolla resiliente e inconcreta.

Hasta saber si hay proyectos con la entidad suficiente para soportar el resto de los recursos que la Unión Europea prevé desembolsar. Por ahora (problema número 2), la escasa información que manejan los pocos privilegiados que tienen acceso a la gestión del Plan advierte de seguros reparos por parte de la Comisión Europea ante la escasa concreción de los proyectos, las dudas crecientes sobre la capacidad para llevarlos a cabo y la opacidad del proceso de selección de los mismos.

En esta vorágine de permanente improvisación y contienda electoral, lo que ahora toca es esperar a ver qué ocurre en Cataluña. La estabilidad de la nación entera en manos de Junqueras y Colau

De los tres principales centros de gestión del Plan, únicamente los proyectos que coordina Carme Artigas desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente de Nadia Calviño, parecen acreditar un notable nivel de calidad. Sobre lo que están haciendo los otros dos órganos decisorios (problema número 3), Presidencia (Sánchez) y Transportes (Ábalos), se ha extendido una consigna de silencio que despierta la desconfianza de nuestros socios y causa seria preocupación en España, empezando por la AIREF, que ve un “riesgo importantísimo” en la incertidumbre que rodea el Plan de Recuperación y Resiliencia, y siguiendo por los grandes empresarios, que en su mayor parte opinan que Sánchez va a intentar diferir hasta después de las próximas elecciones generales las reformas que reclama la UE y necesita la economía española para remontar.

Pedro Sánchez no tiene la menor posibilidad de hacer compatibles las expectativas de la Comisión Europea con las exigencias de sus socios de gobierno. Menos aun cuando, coincidiendo con las elecciones de otoño en Alemania, se requiera al conjunto de países de la Unión Europea condiciones más rígidas de cumplimiento del déficit y disminución de la deuda. No habrá entonces margen para esconderse, para seguir manteniendo la ilusión de una recuperación robusta que esté apoyada en la ficción y no en el reparto ortodoxo, durante los próximos seis años, de los fondos europeos. No habrá ya margen para un Frankenstein 2.

La postdata: primeras víctimas del ‘caso Plus Ultra’

La titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha decidido investigar a todo el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La decisión de la jueza está relacionada con la concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, y exime a la presidenta, Belén Gualda, quien fue nombrada con posterioridad al acuerdo del Consejo.

Se da por hecho que en esta primera fase del procedimiento la jueza reducirá la cifra de investigados de dieciséis a los seis componentes del Consejo Gestor, que es el órgano que tiene la última palabra sobre el montante de las ayudas del fondo de apoyo a las empresas solventes en dificultades, y cuyos miembros fueron los que estamparon su firma en la sorprendente ayuda concedida a Plus Ultra.

La investigación judicial ya se ha cobrado la primera víctima: la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, una alta funcionaria que inteligentemente ha optado por apartarse del foco político para defenderse con mayor margen de libertad. La segunda víctima es un intangible: el Consejo de SEPI ha paralizado el estudio de las peticiones de ayuda hasta que se aclare si sus titulares cuentan con el preceptivo seguro de responsabilidad civil, al parecer no prorrogado justo antes de que se tomara la decisión que favoreció a Plus Ultra.

Es este un asunto sobre el que planea además la sospecha de que solo las presiones políticas  hicieron posible que el expediente Plus Ultra acabara pasando todos los filtros. La jueza Esperanza Collazos pretende aclarar tal extremo durante la instrucción del caso.