Es difícil que a estas alturas del día de la marmota catalanista el hastío o la desesperanza no se apoderen de nuestro ánimo, pero no hay que olvidar que ésta es su principal arma y que nuestra apatía es su camino de tropelías e impunidad. El indulto, un paso más en ese baile siniestro de posiciones entre el nacionalismo catalán y una democracia cautiva en manos del Ejecutivo central. Los pasos siempre son hacia delante para los nacionalistas, incluso cuando lo dan a un lado, el Estado de derecho retrocede y la igualdad entre españoles queda sepultada y olvidada.

Cuando se promete una solución mágica desde La Moncloa, ya sea el Estatut con Zapatero o el indulto con Sánchez, siempre lleva a la consolidación del discurso victimista nacionalista que maquilla el régimen corrupto y xenófobo que representa; y en el otro lado de la trucada balanza, provoca la erosión acelerada del sistema constitucional español. Un  grave retroceso que amenaza con hacer saltar por los aires a la vez la Constitución del 78, el Poder Judicial y la política exterior, por llamarlo de alguna manera, respecto al independentismo.

En primer lugar, el Gobierno se suma al comportamiento independentista de llevar a acabo actos contrarios a la legalidad, como es el caso del indulto, medida de gracia, pero reglada. Se abre un nuevo camino en la enloquecida huida hacia ninguna parte del Gobierno de Sánchez. El problema es que el vehículo en el que huye es la democracia española y en él vamos todos hacia el precipicio del fin del Estado de derecho.

Lo que se logra con el indulto es cambiar el sentido de la dirección de la sentencia, del acusado, del sujeto que se sienta en el banquillo. Ahora la condena no recaerá en los golpistas sino en el sistema judicial español

Que no se cumpla ninguno de los requisitos legales recogidos en la Constitución, ni en la Ley de Indulto, y que el Tribunal sentenciador sea contrario a esta medida, supone no sólo un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, sino un aplastamiento del primero respecto al segundo, pues declara que la sentencia del procès fue injusta y desproporcionada y no fue acorde con los deseos de los condenados. El problema no estribaba en las ya reducidas penas del delito de sedición respecto al de rebelión -problema este de otro orden- sino la condena en sí, incluida la de malversación. Lo que se logra con el indulto es cambiar el sentido de la dirección de la sentencia, del acusado, del sujeto que se sienta en el banquillo. Ahora la condena no recaerá en los golpistas sino en el sistema judicial español, en la Constitución.

La falacia nacionalista

El indulto en estas condiciones pone en peligro el apoyo exterior al Estado español, unánime respecto de las pretensiones independentistas tras el golpe de Estado de 2017. Entonces el Gobierno de Rajoy permitió de forma inexplicable que el discurso falso victimista del nacionalismo proliferase en el espacio público internacional al no consentir que la diplomacia española emitiese una palabra para defender los intereses de España, pero se consiguió que nadie reconociese esa república imaginaria. Y especialmente se logró dar a conocer el esencial hecho de que Cataluña no es un solo poble. Las multitudinarias manifestaciones de octubre del 2017 en Barcelona y la victoria de los no nacionalistas en las elecciones de aquel año demostraron la falacia nacionalista catalana. Este hito lo consiguieron los ciudadanos al movilizarse.

Ahora tras habernos asegurado los apoyos externos difundiendo la gravedad de los actos contrarios a la ley por parte de los líderes del procés, reciben la noticia que el propio Gobierno decide asumir la tesis de los condenados y cuestionar a la Justicia española. Occidente lleva décadas en una espiral de autodestrucción prefiriendo el suicidio como civilización al llanto de una minoría que se ofende mientras agrede, y aun así causa estupor en Europa la firme voluntad del Gobierno español para acabar con el  propio sistema constitucional que les sustenta. Un caso de suicidio asombroso incluso para Europa.

Pero ante tanta propaganda de medios del Gobierno sobre los beneficios mágicos de esta medida de gracia, cabe preguntarse: y tras el indulto, ¿qué? El independentismo ni siquiera los pide, los acepta mientras claman por la amnistía y la independencia. Lo que viene tras el indulto es la negociación de un referéndum de la soberanía nacional celebrado sólo en Cataluña. Hasta ahora siempre se había negado esta posibilidad, incluso por por el PSC, pero si el Gobierno ha sido capaz de cruzar nuevos límites y abrir ese camino contra el Poder Judicial, incluso en un momento de amenaza exterior ante la debilidad de las fronteras interiores, es capaz de pactar un referéndum con ERC bajo sus condiciones. Luego vendrá el País Vasco.

La disputa actual versa alrededor de quién organizará ese pútrido referéndum para disponer de lo que no le corresponde

El diálogo actual entre el Gobierno central y el autonómico en manos independentistas, e ignorando una vez más a la mayoría no nacionalista de Cataluña, ha pasado de pantalla. Ya no quedan competencias que ceder, ni fondos a repartir que no estén ya acordados. La disputa actual versa alrededor de quién organizará ese pútrido referéndum para disponer de lo que no le corresponde, y que decida sobre la soberanía nacional sólo una parte privilegiada del territorio. Junts y la CUP quieren la vía unilateral para que el logro del referéndum sea gracias a ellos y no gracias al Gobierno de España al facilitarles un referéndum pactado vía ERC. Sánchez pretende ser él quien lo organice para arrogarse el título de “solucionador de conflictos” y hacer currículum de cara a un lucrativo futuro en el negocio de Zapatero. Sánchez nos ha situado en ese lugar en el que la disputa está en quién convoca el referéndum. En esto consiste el diálogo de Sánchez, en que acepten que la independencia se inicie desde La Moncloa.

Un acto de defensa propia

El indulto también lacera al Rey. Esa república catalana de la que habla Junqueras en su carta para celebrar el indulto que habrá de firmar el monarca una vez aprobado en el Consejo de Ministros.

En estas circunstancias acudir a la manifestación contra los indultos convocada por Unión 78 este domingo no constituye un mero deber cívico, ni siquiera moral, sino un acto en defensa propia, de supervivencia para un demócrata. Es hora de mostrar al mundo que hay un Gobierno que da la espalda al sistema constitucional y a la nación. Un Gobierno seducido por el autoritarismo que avanza con la impunidad de la apatía ciudadana. Hasta el momento.