Solo la casualidad puede hacer posible que un tratamiento sea efectivo si no parte de un diagnóstico previo y cierto del problema. Eso es precisamente lo que ocurre con el anteproyecto de ley de Educación que aprobará el Gobierno vasco el próximo martes. Y es que no es posible olvidar que este proceso no sólo se ha gestado en ausencia de análisis suficientes de nuestros resultados educativos (menos aún compartidos y participados), sino que nace con el ocultamiento prolongado de datos fundamentales sobre la situación real de la educación vasca. Un escenario de retroceso generalizado, pero con mayor incidencia en el alumnado más vulnerable.

En este contexto surge una iniciativa legislativa con base en un acuerdo político entre el principal partido del Gobierno vasco (PNV) y la principal fuerza de la oposición (EH Bildu). Las novedades de este texto, precedido contra toda lógica y legalidad por sus desarrollos (en materia de planificación y admisión de alumnado, currículos o conciertos educativos por ejemplo), son consecuencia de tal pacto, y sólo así se pueden entender plenamente su contenido y alcance.

El más evidente es la derogación de consensos básicos en nuestro país, especialmente en lo que corresponde al tratamiento lingüístico. Un acuerdo que necesitaba actualizarse, pero atendiendo a la realidad actual, y sobre todo a la necesidad de mejorar los resultados del alumnado sin rupturas innecesarias. Pero justo cuando el Tribunal Constitucional acaba de reafirmar la doctrina del Tribunal Supremo, reafirmando la necesidad de «un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas» y un «derecho efectivo a usarlas», el Departamento de Educación pretende elevar a norma jurídica «la priorización del euskera dentro del sistema educativo».

No es la única derogación relevante. La escuela pública vasca podrá ver los primeros pasos del Ejecutivo para deshacer su ley, una norma todavía referente para toda la educación vasca, pero que nunca reivindicó suficientemente. Observará la colocación en rampa de salida de otro texto que, concordante con la opacidad en la que nació, incrementará y generalizará la zozobra, en un momento especialmente delicado por el avance tecnológico y los profundos cambios demográficos y sociales. Y la preocupación, ya de todos los centros educativos en este caso, no radicará únicamente en no saber a ciencia cierta en qué lenguas podrán enseñar (suponiendo que puedan hacerlo en más de una), sino porque no quedan claros los propósitos del nuevo texto. Ni tan siquiera, si se tienen en cuenta los informes previos, qué centros concretos podrán formar parte del «servicio público vasco de educación» que se crea, y menos aún, con qué financiación contarán.

Al parecer, este martes el texto alcanzará el rango de anteproyecto, pero como la nave de Elon Musk, lo hace con un alto riesgo de fracasar en pleno lanzamiento. Y aquí no valdrá felicitarse por «haber aprendido un montón para el próximo». El derecho a la educación no casa bien con ensayo y error.