ABC – 19/12/14
· Trece de los dieciocho magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han firmado un escrito en el que critican las supuestas injerencias del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la actuación del Poder Judicial.
En su escrito piden al presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, que solicite al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que «ponga coto» a las declaraciones del ministro. Los cinco magistrados que no han firmado el texto son el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados.
Los magistrados se refieren a unas declaraciones del ministro de Interior en las que se manifestaba en contra de las recientes excarcelaciones de etarras. Jorge Fernández Díaz consideró «lamentables» y constitutivas de un «posible delito de prevaricación» las excarcelaciones de presos de ETA por la Sección Primera de la Audiencia Nacional en aplicación de la normativa europea de acumulación de penas. Los tres jueces tomaron la decisión de excarcelar a históricos terroristas como «Santi Potros» y Alberto Plazaola apenas 24 horas antes de la entrada en vigor de una ley que limitaba la aplicación de esa acumulación de condenas, una decisión recurrida por la Fiscalía.
Los trece magistrados consideran que este tipo de afirmaciones «provocan falta de confianza en las instituciones» y creen que Rajoy debe «poner coto a manifestaciones como las que denunciamos».
En una decisión sin precedentes, los magistrados, «sin añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno», transmiten su «desazón» a Lesmes por unas palabras que «no son adecuadas ni guardan el debido respeto a este tribunal». Le piden, además, que transmita al Gobierno su malestar y recabe del presidente Rajoy «una reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las denunciadas».
Se da la circunstancia de que estos magistrados, junto con los que no firmaron el escrito participaron el martes en un Pleno en el que iban a unificar criterios ante la disparidad de criterios de las distintas secciones de la Audiencia Nacional. La profunda división en la Sala obligó a aplazar esta reunión hasta el próximo 13 de enero.
Nada más conocer el escrito de los magistrados, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, negó que desde su departamento o desde el Gobierno se haya presionado a jueces del Tribunal Supremo sobre cómo se han de computar las penas de los terroristas y ha subrayado que «respeta y respetará siempre» la separación de poderes como pilar fundamental de un Estado democrático como es España. Eso sí, el ministro recordó que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 13 de noviembre una ley orgánica que incorpora la norma comunitaria al derecho español, según la cual se impide en España la acumulación del tiempo de prisión cumplido por condenas impuestas en otros países de la UE antes del 15 de agosto de 2010.
ABC – 19/12/14