El apellido Mateu es uno de los que más ha sufrido el terrorismo de ETA. Los etarras asesinaron a tiros, primero, al padre, José Francisco Mateu Cánoves, magistrado del Tribunal Supremo y último presidente del Tribunal de Orden Público, el 16 de noviembre de 1978. Años después, otro comando de ETA acabó con la vida del teniente Ignacio Mateu Isturiz, uno de sus siete hijos, en una atentado perpetrado en 1986 en las cercanías del cuartel de la Guardia Civil en Arechavaleta (Guipúzcoa). Ahora, 30 años después, la Audiencia Nacional reabrirá la causa por este último crimen a petición de la Fiscalía.
El Ministerio Público ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 2 en el que solicita la reapertura de un sumario cerrado y la acusación contra dos de los etarras más significados durante los años 80. Se trata de José Antonio López Ruiz, Kubati, y José Miguel Latasa Guetaria. Ambos formaron parte del comando que asesinó, entre otros, a María Dolores Katarain, Yoyes, la primera que intentó abandonar ETA y que fue liquidada a tiros.
La Fiscalía solicita al juez Moreno que cite a declarar en calidad de investigados a ambos. Kubati salió de prisión de forma precipitada en aplicación de la sentencia de Estrasburgo que tumbaba la doctrina Parot.
La fiscal Carmen Monfort explica en su informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que sobre las 6.40 horas del día 26 de junio de 1986, se produjo un atentado, cometido presuntamente por miembros de la organización terrorista ETA, contra el cuartel de la Guardia Civil de Arechavaleta (Guipúzcoa), utilizando tubos lanzagranadas que no causaron daños materiales ni heridos.
Cuando los miembros de la Unidad Antiterrorista de la Guardia Civil se desplazaron a un monte en las inmediaciones, con el fin de localizar y examinar el artefacto, se produjo la explosión de una bomba-trampa con aparato temporizador, que causó la muerte a los miembros de la citada Unidad Ignacio Mateu Isturiz y Adrián González Revilla.
En los tubos lanzagranadas que se encontraban atados a un árbol, fueron halladas tres huellas anónimas, cuyo cotejo dio resultado negativo en aquella fecha. Por este motivo, el fiscal pidió en 1988 el sobreseimiento provisional de la causa.
Pese a los nuevos informes emitidos por el Grupo de Información de la Guardia Civil tanto en 1998 como en 2001, la causa abordó una serie de diligencias que tampoco fueron concluyentes y quedó de nuevo sobreseida.
Desde la Fiscalía se pidió de nuevo otro informe a la Guardia Civil, una vez que se reciben nuevos datos desde Francia sobre atentados antiguos y de que el Instituto Armado también revise sus archivos y levanta el polvo para tratar de esclarecer los casos aún pendientes de poner nombre y apellidos a los asesinos de ETA.
Así, la Fiscalía solicitó un nuevo informe al Servicio de Información de la Guardia Civil, por si hubieran «surgido nuevos indicios que permitiesen imputar la autoría de los hechos a personas concretas». El pasado 25 de octubre, los especialistas de verde elevaron un informe en el que detallaron todos los datos sobre el comando Goiherri Kosta, integrado por los investigados, en relación con este atentado.
Apuntan que en el lanzagranadas utilizado en el atentado reclamo aparecían huellas dactilares que en su día no se identificaron pero que, posteriormente, se supo que eran de los ahora investigados.
Y constatan una carta manuscrita por uno de los miembros del comando no identificado, fechada el 9 de septiembre de 1987, dirigida a Santiago Arróspide Sarasola, en la que se afirma: «Lo que sí nos hemos enterado es que le tienen mucho miedo a que les demos a los cuarteles, así es que tenemos que potenciar esto…». Además, los guardias señalan que el comando (del que formaban parte los dos investigados) colocaba en muchos de sus atentados, «un segundo artefacto trampa para cazar» a guardias civiles y policías, como ocurrió en el cometido contra el cuartel de Arechabaleta.
Inciden en los informes en que tanto en el atentado perpetrado ese mismo día contra el cuartel del Instituto Armado de Ordizia, como en el perpetrado contra cuartel de la Guardia Civil de Arechavaleta, «se utilizó como temporizador un reloj despertador mecánico modificado, de lo que se deduce que los explosivos utilizados en este último atentado, podrían encontrarse allí desde el día anterior».
Además, los elementos, materiales y técnicas de manipulación empleados en el atentado contra el cuartel de Arechavaleta, «son idénticos en algunos casos y similares en otros, a los usados por el comando Goiherri- Kosta». Dada la distancia entre ambas localidades, unos 35 kilómetros «es compatible espacial y temporalmente, que ambos atentados fuesen cometidos por el mismo comando».