EDITORIAL EL MUNDO – 20/10/14
Hoy, tres años después del anuncio del cese de la violencia de ETA, el terrorismo prácticamente ha desaparecido de las preocupaciones de los españoles. En el barómetro del CIS del mes pasado ningún encuestado creía que el terrorismo es actualmente el principal problema de España. En septiembre de 2001, justo antes del comunicado de ETA, el 3,7% de los ciudadanos todavía pensaba que sí lo era. Y hace 10 años el terrorismo era la principal preocupación en nuestro país para el 41% de la población. Sin duda hay que felicitarse porque esa lacra haya quedado atrás en la historia porque es la mejor demostración de que el Estado de Derecho está triunfando sobre la barbarie. Los terroristas no matan porque ya no pueden hacerlo y, además, no han conseguido los fines por los que llevaron a cabo sus sangrientos atentados
Pero el análisis del camino recorrido en estos tres años nos lleva a concluir que las víctimas han cedido mucho más que sus verdugos en el objetivo de alcanzar una solución definitiva a la violencia etarra. En materia terrorista no se puede aspirar al empate y esa sensación se trasluce en algunos comportamientos y declaraciones. Sin ir más lejos, el lehendakari Iñigo Urkullu afirmaba ayer en este periódico que «está pendiente un reconocimiento por parte de ETA del daño injusto causado» y, a la vez, pedía «un acuerdo sobre una revisión crítica que ha de tener una parte compartida por todos (…) en materia de derechos humanos». Ha sido ETA y sólo ETA la que ha conculcado durante demasiados años los derechos humanos en España.
No valen las equidistancias en este debate. Pero tampoco una tibieza en la aplicación de las leyes que propicie a los violentos o a sus seguidores la ocupación de espacios de poder. Hoy, Amaiur, Sortu, Bildu…, organizaciones que giran en la órbita etarra y no han condenado expresamente el terrorismo, están en las instituciones democráticas propugnando los mismos objetivos que ETA. Una tibieza que se manifiesta también en decisiones como la excarcelación de Bolinaga en 2012 por motivos humanitarios a causa de un cáncer terminal. Hoy, más de dos años después lleva una vida normal en su casa. Son ejemplos de una política antiterrorista demasiado acomodaticia que no es entendida por buena parte de la sociedad y, especialmente como es lógico, por las víctimas.
El excepcional documento periodístico que hoy ofrecemos a nuestros lectores con la entrevista a Josu Zabarte, el carnicero de Mondragón, autor de 17 asesinatos en 20 atentados es la mejor prueba de que el Estado no puede bajar la guardia en la lucha contra ETA y contra sus ramificaciones más o menos edulcoradas. Zabarte está en libertad tras la anulación de la doctrina Parot después de pasar 30 años en la cárcel. Escucharle decir que no está arrepentido porque «yo no he asesinado a nadie. Yo he ejecutado», y afirmar poco después que «voto a Bildu sin ser de Bildu» porque «la izquierda abertzale lo está haciendo bien» es una prueba más de que ETA todavía tiene un peso específico en ese entramado que busca la independencia del País Vasco. Ha terminado la violencia, sí, pero ETA todavía no ha desaparecido porque ni ha entregado las armas ni se ha declarado derrotada. Luchar por conseguirlo sin contemplaciones es una de las tareas imprescindibles de este Gobierno.
EDITORIAL EL MUNDO – 20/10/14