El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado fue un error político, además de un gesto de desprecio a la estética de la democracia, que forma parte de la ética política. Una fiscal profesional que ha sido ministra de Justicia y diputada del PSOE no puede pasar sin solución de continuidad de esos cargos a ostentar la jefatura del ministerio fiscal sin que crujan las cuadernas del sistema. Ya lo están haciendo. Porque Delgado se enfrenta a tres decisiones en las que si interviene a favor de las tesis, ciertas o supuestas, del Gobierno perdería cualquier credibilidad en el ejercicio de su función y si no lo hace, porque se abstiene, demostraría que su designación por el presidente del Gobierno careció de solvencia.

La fiscal general del Estado debe apartar con urgencia —a la vista de las informaciones no desmentidas— a los dos fiscales que en la Audiencia Nacional intervienen en la pieza separada del procedimiento denominado Tándem que afecta al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Es el conocido como caso Dina. La relación, por connivente, de uno de ellos con Marta Flor Núñez, la anterior abogada del vicepresidente segundo hasta que estalló el escándalo y a la que los fiscales filtraban información procesal de manera ilegal, es deontológicamente intolerable y la tardanza de la Fiscalía General del Estado en actuar comienza a causar alarma y hasta indignación. No basta abrir una investigación que ni siquiera es disciplinaria.

¿A qué espera Dolores Delgado? ¿Teme que se confirme con el apartamiento de esos fiscales la veracidad de las informaciones sobre su conducta y deje en pésimo lugar, si eso cabe, a Pablo Iglesias? Los dos fiscales cuya probidad está en una duda más que razonable investigaron en su momento a Baltasar Garzón, un gran amigo de la fiscal general, con lo cual ambos funcionarios resultan material radiactivo para su superior jerárquica. Si Delgado no está en condiciones de afrontar este asunto, tiene que abstenerse y dejar que el teniente fiscal —Luis Navajas— tome las decisiones pertinentes.

Es igualmente urgente —y en todo caso obligado— que la Fiscalía General del Estado dé instrucciones, o en su caso el visto bueno, al informe fiscal sobre las querellas y denuncias que contra ministros del Gobierno y contra el propio presidente se han interpuesto ante la Sala Segunda por presuntas responsabilidades en la gestión del covid-19. En este caso, y según una interpretación casi literal del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Dolores Delgado debería convocar la Junta de Fiscales de Sala, porque se dilucida una decisión que afecta a miembros del Gobierno. Aunque muchos de los integrantes de este órgano interno de la Fiscalía no son afectos a su superior jerárquica, sí lo son a la aplicación imparcial de la ley y parece difícil que los procedimientos penales que se solicitan sean legalmente viables, sin perjuicio de que puedan serlo en otras jurisdicciones.

También depende de la fiscal general la decisión de recurrir, o no, el tercer grado de los presos condenados por el Supremo el 14 de octubre del pasado año por los delitos de sedición y malversación. La resolución, aún pendiente e informada por la juntas de Tratamiento de las cárceles en las que cumplen condena, debe adoptarla la Consejería de Justicia de la Generalitat, cuya titular es Ester Capella, militante de ERC. Y solo el fiscal puede recurrir su determinación si es favorable a la semilibertad de los reos —el tercer grado es una forma de ejecución de la pena— hasta llegar, siempre por vía del ministerio fiscal, ante el tribunal sentenciador al que debe recurrir uno de los fiscales del juicio del ‘procés’, esto es, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena o Jaime Moreno, este último, además, fiscal delegado de vigilancia penitenciaria, es decir, el que imparte instrucciones en esta materia. No hace falta advertir de que la progresión de grado de los presos por sedición aliviaría al Gobierno de la presión de ERC y la inacción del fiscal consolidaría un régimen de ejecución de sentencia que les permitiría estar todo el día fuera de la cárcel, dormir en ella o en un centro especial de lunes a viernes, y hacerlo en sus domicilios los fines de semana.

Estas tres decisiones de la fiscal general del Estado ponen a prueba la idoneidad de su nombramiento, que resultó un exceso de Pedro Sánchez porque perjudicó la imagen del ministerio fiscal y situó a Dolores Delgado en una tesitura que ella misma jamás debió aceptar porque, antes o después, tendría que enfrentarse a resoluciones que requerirían de criterios exclusivamente profesionales que, en su caso, estarían contaminados por su proximidad ideológica y política reciente al actual Gobierno.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece procedimientos para solventar situaciones tan complejas como las que se le plantean a la fiscal general. Pero recurrir a la abstención o delegar formal o informalmente la decisión en el teniente fiscal resulta una alteración del normal funcionamiento de este cuerpo jerárquico. Cedió Sánchez a la avaricia de poder —más allá del que le correspondía— y ahora tiene una fiscal general del Estado que ofrece evidentes muestras de perplejidad y, según fuentes de su entorno, también de paralización decisora. Es comprensible: retirar a los fiscales del caso Dina, en el fondo la decisión más grave de las tres para Delgado, es dejar a la intemperie al vicepresidente segundo del Gobierno.