El fin de semana nos ha dejado tres imágenes para la reflexión. Todas ellas vinculadas con las cuatro décadas de terrorismo etarra que padecimos y que afortunadamente pudimos empezar a dejar atrás tras la disolución de ETA, asfixiada por la democracia. Sare volvió a sacar a la calle el sábado a decenas de miles de vascos para reivindicar el final de la dispersión de los terroristas presos. Entre los manifestantes, de nuevo, dirigentes de EH Bildu, PNV, Elkarrekin Podemos, Geroa Bai, el independentismo catalán y los sindicatos ELA y LAB.

Pero la jornada aportó otras dos imágenes. En Iurreta, medio centenar de agentes de la Brigada Móvil de la Ertzaintza homenajearon a su compañero Jon Ruiz Sagarna. Hace un cuarto de siglo, Ruiz Sagarna sufrió gravísimas quemaduras en el 70% de su cuerpo, que estuvieron a punto de costarle la vida, en un ataque con cócteles molotov perpetrado por radicales contra la furgoneta de la Policía vasca que conducía en Rentería. El acto se celebró de espaldas al Gobierno Urkullu.

En Zarautz, dirigentes del PP homenajearon al concejal popular José Ignacio Iruretagoiena, asesinado por la banda hace 23 años. Ningún familiar quiso acompañar a Iturgaiz y los suyos. Mikel, hijo del edil, censuró horas después a Casado por seguir viviendo de las víctimas. «Ya es hora de que vuestra política se base en algo más que en nuestros muertos», lanzó.

Derrotada ETA, la política de dispersión de los terroristas presos resulta innecesaria y, por tanto, debiera haber terminado hace tiempo. El Gobierno Sánchez está en ello. Ojalá que por la razón que acabo de esgrimir y no porque forme parte de ningún acuerdo con los herederos del brazo político de ETA.

Pero el final de la dispersión es una cosa y la excarcelación anticipada de los etarras, como pretenden la izquierda abertzale o el denominado Foro Social, otra bien diferente. Hacerlo sería políticamente irresponsable, amén de una traición a las víctimas y a quienes se jugaron la vida por plantar cara a la banda y a sus voceros políticos.

Lo ocurrido en Iurreta y en Zarautz son nuevas evidencias de la dificultad de caminar hacia una verdadera normalización. Que ertzainas homenajeen a un compañero de espaldas al Gobierno de Vitoria y que la familia de un edil del PP asesinado inste a Casado e Iturgaiz a dejar de hacer política con las víctimas son sendas llamadas a la reflexión. Urkullu y el líder del PP deben examinar detenidamente lo que están haciendo, detectar posibles errores y corregirlos. La normalización, si queremos que sea algo más que una palabra, no acepta atajos ni falsedades.