El Correo-ANÁLISIS TONIA ETXARRI
El diálogo entre constitucionalistas se ha quebrado
Comienza el curso político parlamentario, en todas partes menos en Cataluña, con el traslado de una imagen de desgaste gubernamental más propia de una etapa electoral que de una necesidad de contener una estabilidad institucional cogida con pinzas. Al lehendakari Urkullu aún le queda tiempo de legislatura pero este año su partido le ha cambiado la partitura. Desde que el PNV propició, junto a otros, el cambio de Gobierno en La Moncloa –un viraje que le han agradecido los socialistas vascos que cogobiernan con él– los populares se le han situado enfrente. Le salvaron los Presupuestos en los dos ejercicios anteriores. Tiempos pasados. Ya nada es igual. «¿Cuántos escaños tiene el PP en la Cámara de Vitoria?», suelen preguntar, retadores, los interlocutores de EH Bildu. Pues nueve. Los mismos que los socialistas. Los suficientes para facilitar o impedir la mayoría que no tiene el Gobierno vasco.
El PP de Alfonso Alonso quiere escenificar los cambios. Los de Madrid y los de Vitoria. La ciaboga que realizó el PNV después de haber pactado los Presupuestos de Rajoy para colocar a Pedro Sánchez en La Moncloa. Y su alianza cerrada con EH Bildu sobre las bases del nuevo Estatuto. El lehendakari, tan apurado con la distorsión entre lo que él predica sobre los consensos y lo que practica su partido, no podrá evitar que el foco se dirija hacia la reforma del nuevo Estatuto. Un debate que se presume largo y que ha provocado ya duras críticas de sus socios socialistas. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, no consigue hacerse entender cuando habla de consensos. Lo más claro y directo de sus mensajes es su lazo amarillo en la solapa. En lo demás, se lía, tan partidario del derecho a decidir y del pacto con la izquierda abertzale, que es lo que le importa. Porque se van afianzando las alianzas independentistas en Euskadi mientras el diálogo entre constitucionalistas se difumina.
La interlocución que hace un año mantenían los populares , Ciudadanos y socialistas para hacer frente al ataque al Estado de derecho de los gobernantes catalanes ya no existe desde que Pedro Sánchez se ha instalado en La Moncloa.
El presidente socialista practica el diálogo con quienes le sostienen en el poder. Les debe unos cuantos favores. Y su apoyo condicionado es tan frágil que necesita amarrar la alianza con los catalanes a pesar de sus exigencias independentistas. Pero populares y Ciudadanos no contaban con la quiebra de la entente constitucionalista. Antes dialogaban y ahora se contraatacan. El controvertido caso de la tesis doctoral ‘cum laude’ de Sánchez –con sospechas de plagio y autoría subrogada– ha desatado la guerra entre el Gobierno y la oposición constitucionalista. Las dudas sobre su trabajo han puesto la ‘guinda’ a los cien días de Gobierno, cuyo balance ya había resultado eclipsado por la dimisión de su ministra de Sanidad. Amén del descoordinado gabinete que preside, que no cesa de marcar el ritmo diabólico de ‘decisión/error/rectificación’.
Con cien días, Sánchez ya acusa el desgaste. Pero su reacción y la de sus ministras ha sido desmesurada. ¿Acaso los medios tienen la culpa de que existan sospechas sobre algunos cargos públicos de haber copiado parte de su trabajo y haber resultado beneficiados de un trato privilegiado? El Gobierno da el caso del doctorado de Sánchez por cerrado. La oposición, no. Seguirá el pulso. Lo más descorazonador es ver cómo nuestros políticos se aplican la ley del embudo cuando se trata de juzgarse a sí mismos o a sus adversarios.
El curso parlamentario tendrá que esperar en Cataluña, donde el Parlament sigue cerrado por obra y gracia de los independentistas. Funcionan las comisiones; cierto. Pero, sin plenos, no hay debate ni control al Gobierno de Quim Torra. La política, ahí, se juega en la calle. El presidente valido de Puigdemont había pedido «encender pacíficamente» las calles y eso fue lo que hicieron los suyos al impedir que los manifestantes que pedían una escuela bilingüe pudieran terminar su recorrido. Con la pasividad manifiesta de los Mossos. Torra, en vez de ir al Parlament, presentó su plan de Gobierno en un teatro. Las diferencias entre JxCat y ERC están bloqueando la Cámara catalana hasta octubre. No se ponen de acuerdo para sustituir a los parlamentarios afectados por el proceso judicial. Esa es la clave. Están hurtando el debate. Lo critica hasta la CUP. Es un cierre en toda regla.