Tristeza y decisión

No creo que nadie en la Conferencia Episcopal me contradiga si afirmo que su autoridad no debe utilizarse para apoyar a un partido político en concreto. Se abre a partir de aquí, sin embargo, un debate sobre el alcance del citado principio. ¿No puede entenderse, por ejemplo, de forma más amplia, que la autoridad de la Conferencia Episcopal tampoco debería usarse para excluir a un partido concreto si ello equivale, cuando dos partidos compiten por similar electorado, a apoyar al otro partido?

El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, bastante duro, en el caso Jumilla plantea una novedad insólita en el debate sobre las relaciones entre la Iglesia y la política. Los libros vienen llenos de ejemplos que dibujan una línea muy clara: la paulatina renuncia de las autoridades eclesiásticas a convertirse en actores políticos y la aceptación, primero, y la sincera defensa, después, de la separación de Iglesia y Estado, con todas sus consecuencias. Para lo que no estábamos preparados es para una irrupción en el debate político que no persigue ninguno de los fines de la religión católica, sino la práctica de un ritual propio de otra fe. Es más, la Conferencia Episcopal Española sale en defensa de lo que considera un principio constitucional, un principio democrático. Bien, según el Catecismo puede hacerlo si se trata de libertades fundamentales. Pero, ¿es este el caso?

Tomemos un católico que considera realmente, no por los prejuicios que le supongan, que una instalación deportiva no debe utilizarse para ningún uso de cariz religioso. Nuestro católico ha recibido varias bofetadas. Casi todas van acompañadas de insultos y falsas acusaciones de fascismo, racismo, etc. La más dolorosa de esas bofetadas, por inesperada, y por lo que une al creyente con sus obispos, se la ha arreado la autoridad eclesiástica. Alguna de las ofensas habituales contra los votantes de Vox está presente en la reacción de la Conferencia Episcopal. Pero, resumiendo, esta les acusa de atentar contra una libertad reconocida en la Constitución y propia de las democracias liberales. No porque la libertad religiosa supuestamente conculcada sea la de los católicos, sino porque se estaría discriminando a los musulmanes. Colectivo que está en el centro de un gran debate político mundial del que les supongo al tanto.

Puesto que los constitucionalistas no se han pronunciado hasta ahora sobre la recepción de la hostia en la mano, a mí me parece que hay aquí una anomalía. Apartemos la Constitución por un momento (por la separación Iglesia-Estado). La fe católica no es una ideología. La expansión islámica en Europa (sin reciprocidad en los países musulmanes) sí tiene un innegable componente ideológico. A menudo pretende que la ley civil se adapte a sus preceptos religiosos.

Termino preguntando, con todo respeto, a la Conferencia Episcopal: ¿por qué no reaccionó de forma similar cuando la actual vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, siendo teniente de alcalde de Ferrol, prohibió la utilización de un teatro municipal para la Semana Santa? Algunos, tristemente, no les entendemos. Pero no faltará decisión.