Transcurridas 48 horas de la operación relámpago de Estados Unidos para descabezar el Gobierno venezolano, parece claro que la Administración Trump apuesta, si es caso, por una transición a largo plazo pero que de momento deja intactas las estructuras de poder del régimen. La dura retórica de la nueva presidenta o del ministro de Defensa, sus peticiones de liberación de Maduro y su esposa, se dirigen al consumo interno. Los militares y las calles están en calma. No hay vacío de poder, pero siempre bajo la advertencia de que el golpe de fuerza de Washington puede repetirse «si el Ejecutivo no hace lo correcto». La amenaza de Trump desde su campo de golf no oculta sin embargo lo útil que se ha vuelto Delcy Rodríguez, también ministra del petróleo, para el interés nacional de EE UU: la gestión de las enormes reservas de crudo del país caribeño. Ni el presidente ni su estrecho colaborador en la agenda venezolana, el secretario de Estado, hablan de un futuro democrático para los ciudadanos.

Marco Rubio incide en la senda de desprecio a la oposición abierta por Trump. María Corina Machado y el resto de dirigentes contrarios al chavismo están fuera del país, subraya, en implícito reconocimiento de que no los considera un instrumento de transición viable por su incapacidad para influir en el ejército. Las fuerzas congregadas en torno a la Nobel de la Paz ven que la Casa Blanca las deja de lado después de que guardaran silencio ante su salvaje política contra los inmigrantes, también los venezolanos. Tampoco encuentran eco en el ánimo del republicano las condenas de la comunidad internacional por su intervención ilegal en Venezuela. La última, la que une a España con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.