Tumbar a Lesmes

El Gobierno está decidido a poner toda la carne en el asador para que el PP ceda y negocie la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No está dispuesto, sin embargo, a entrar en la valoración de sus condiciones. Su pretensión es que el nuevo órgano de gobierno de los jueces se constituya de acuerdo con la actual ley orgánica que exige mayorías de 3/5 del Congreso (210 votos) y de 3/5 del Senado (159 votos). Rechaza la pretensión del PP de que Unidas Podemos no participe en el pacto ni acepta, por el momento, el compromiso de que se tramite una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que 12 de los 20 miembros de su Consejo General sean elegidos por sus colegas, jueces y magistrados. 

El partido de Casado tampoco cederá si no se aparta al grupo parlamentario confederal de UP de la negociación y si, en línea con las sugerencias de la Comisión de Venecia, del Grupo de Estados contra la Corrupción (Grecco) —organismos del Consejo de Europa— y de la Unión Europea, el PSOE no asume el compromiso irreversible de cambiar la ley vigente en línea con otras europeas que entienden la independencia de similares consejos judiciales de manera diferente: dando voto a los togados. Los populares esgrimen, además, que en esa dirección se pronuncia el segundo informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea presentado por el comisario de Justicia, Didier Reynders, que fija un estándar de elección directa judicial que en España no se cumple.

El Gobierno se abstendrá de alterar, como llegó a plantear en una proposición de ley luego retirada, el actual régimen de mayorías, porque se situaría al nivel del autoritarismo del Gobierno de Polonia. Gubernamentalizar el CGPJ mediante la elección de sus miembros por simple mayoría absoluta no es presentable en la UE y Sánchez fue cauto y tascó el freno. Sin embargo no renunció a aprobar la Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo por la que se estableció que el Consejo General del Poder Judicial estará en funciones cuando haya excedido el tiempo de su mandato, lo que implica que, desde la vigencia de esta norma —el 1 de abril pasado—, el órgano de gobierno de los jueces queda congelado y no puede nombrar ningún cargo judicial. 

Tanto la Constitución (artículo 122.3) como la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que el mandato de los consejeros es de cinco años y los actuales han rebasado en más de dos ese plazo. Toca la renovación, pero ninguna de las normas señala qué hacer cuando concurre una situación como la actual. Los constituyentes pensaron, quizá, que no se produciría jamás un bloqueo tan contumaz. Pero no hay otro instrumento que la negociación entre aquellos grupos parlamentarios que suman las mayorías suficientes. El deterioro irreversible de la relación entre el Gobierno, Unidas Podemos y el PP no permite suponer que en septiembre las posiciones se hagan más permeables. Pero se buscan atajos.

Está en ciernes la ‘operación Lesmes’, o, más exactamente, tumbarlo. Carlos Lesmes es el actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, elegido conforme a lo dispuesto en el artículo 585 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: es la primera autoridad judicial de España, ostenta su representación, es magistrado como exige la ley y su elección se produjo con el voto de los 3/5 de los vocales del Consejo (16 papeletas) en diciembre de 2013. El propósito de este ‘atajo’ consistiría en que Carlos Lesmes presentase su dimisión irrevocable e indujese con su decisión la misma de otros consejeros, dejando el órgano de gobierno de los jueces en situación crítica, creándose así una coyuntura tan inédita como insostenible. Esta operación está siendo impulsada desde el mes pasado por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y es “bien vista” por el Gobierno. 

Presionar a Carlos Lesmes y a los consejeros tenidos por ‘progresistas’ para desarbolar al PP es una iniciativa arriesgada, porque los de Casado pueden encastillarse más aún y se generaría así una crisis todavía mayor que la actual porque, aunque residuales, el Consejo todavía desempeña unas competencias que son útiles para el buen funcionamiento del sistema. Debe ceder, pues, el PP, pero deben hacerlo también el Gobierno y sus dos grupos parlamentarios. ¿Criterios? Parece razonable que el nuevo Consejo se elija conforme a la ley actual con un pacto de hierro para cambiarla conforme a los estándares del Consejo de Europa y de la Unión Europea asumiendo las sugerencias vehementes del comisario de Justicia de la UE.

Sería muy perturbador que Carlos Lesmes —que dice estar “harto”— dimita, caiga, y que con él lo hicieran otros consejeros y se abra así un boquete mayor en la desinstitucionalización que padece nuestro país. El presidente del CGPJ podría tomar una decisión drástica inmediatamente después de la apertura del año judicial el próximo 6 de septiembre. En ese acto, el magistrado intervendrá ante la cúpula judicial y bajo la presidencia del Rey, y lo hará en términos duros, como informaba aquí Beatriz Parera. Le urgen para que, a continuación, dimita de forma irrevocable. La crisis, si lo hiciera, sería mayor y peor. El mandato de la Constitución es, efectivamente, renovar el Consejo cada cinco años, pero solo mediante la negociación y el acuerdo, y ambas herramientas comportan cesiones de unos y de otros. Otros ‘remedios’ serían peores que las propias patologías institucionales que se pretenden resolver. Este asunto conviene que termine bien para la correcta institucionalización del Estado. 

Por fin: nuestros dirigentes, en este pulso estéril, transmiten la impresión de que hay jueces ‘rojos’ y ‘azules’, cuando la realidad es que la excepción confirma en España una regla general que consiste en la probidad de estos funcionarios en el ejercicio de su función jurisdiccional, para lo que cuentan con independencia plena e inamovilidad completa en sus cargos. Por eso, entre otras razones, el nuestro continúa entre la veintena de países que disfrutan una democracia plena. Aunque episodios como estos, más el deterioro que causan los extremismos vinculados a los partidos de Estado, estén erosionando la autenticidad democrática de nuestro sistema. Si prosperase la ‘operación Lesmes’ —su dimisión—, caeríamos en un hondón de desprestigio internacional. Sería un episodio de irresponsabilidad institucional. Hay que evitarlo y negociar como quiere la Constitución que se haga.