ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC 11/04/13
· Once millones de papeletas valen más que un millón de firmas o que un millar de manifestantes, por mucho ruido que armen.
Tanto empeño puesto por el expresidente socialista, tanto dinero invertido en obligar a los estudiantes a cursar una asignatura llamada «Educación para la Ciudadanía», y resulta que España anda más pez que nunca en el conocimiento de los rudimentos que constituyen el abc democrático. Inane hasta el extremo de dejarse avasallar por hordas de presuntos «indignados» que se arrogan una representación de la que carecen y se erigen en «pueblo soberano». Ayuna de conciencia nacional. Profundamente ignorante en lo que atañe a la Constitución. Carente de musculatura defensiva.
Chirría oír a Ignacio Fernández Toxo, líder de un sindicato que agrupa a un millón cien mil afiliados en un país con más de dieciséis millones de cotizantes a la Seguridad Social, pontificar en nombre de los trabajadores: «El Gobierno actúa contra la mayoría de la ciudadanía». Ofende a la inteligencia que Ada Colau, ese personaje de moda en busca de pesebre partidista, dé lecciones de civismo desde una plataforma, generosamente subvencionada con dinero público, dedicada al acoso e intimidación de políticos «culpables» de militar en las filas del centro-derecha. Produce honda inquietud al ciudadano honrado, cumplidor de sus obligaciones tributarias, comprobar que el Ministerio del Interior no ha ordenado todavía a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que impidan, con todos los medios a su alcance, estos actos de coacción violenta no sólo lacerantes para quien los sufre, sino contrarios al espíritu y la letra del Estado de Derecho que nos cobija.
Porque nada hay más opuesto a la ciudadanía que la turba. Ambos términos se refieren a un conjunto de personas en un contexto político, pero si el primero connota libertad ordenada, ejercicio responsable de los derechos democráticos, mayoría medida en los comicios, imperio de la Ley, espíritu cívico… el segundo evoca caos. El diccionario define «turba» como «muchedumbre de gente que se manifiesta tumultuariamente»; exactamente lo que hacen los secuaces de Colau al abrumar con sus «escraches» a ciertos electos del PP escogidos como chivos expiatorios de su ira. Antes que ellos desempeñaron ese papel los judíos, los herejes, las «brujas», los enajenados, los constitucionalistas en el País Vasco… En breve nos tocará a periodistas, banqueros y bancarios, jueces, profesores, o cualquiera con capacidad de articular un discurso público que no pase por el aro antisistema.
Basta leer cierta prensa, cada vez más abundante, o seguir la actualidad a través de algunas televisiones y radios, para constatar hasta qué punto se ha impuesto el lenguaje tergiversado propio del argumentario de megáfono y pancarta. En las redes sociales se eleva hasta la amenaza directa y el insulto obsceno la agresividad mostrada hacia quien se permite cuestionar algunas doctrinas de la izquierda radical, como por ejemplo que un desahucio puede ser dramático pero no deja de ser una medida contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, aceptada en un contrato por quien la sufre y por tanto lícita. «Fascista» es lo más amable que puedes esperar leer en tu cuenta de twitter si te atreves a refutar alguno de sus dogmas sagrados. Y sin embargo nada hay más totalitario que confundir la razón de la fuerza con la fuerza de la razón.
En democracia, la voluntad popular determinante a la hora de atribuir la responsabilidad de gobernar se expresa mediante el voto en las elecciones. La protesta tiene sus cauces y su valor, en ningún caso prevalentes con respecto al veredicto de las urnas. Once millones de papeletas valen más que un millón de firmas o que un millar de manifestantes, por mucho ruido que armen. Todo lo demás es barbarie.
ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC 11/04/13