Editorial en ABC, 25/6/2011
«Txapote» se ha librado del plazo máximo de encarcelamiento, pero todos los etarras que han asesinado desde 2003 saben que les esperan 40 años de prisión para asumir el sufrimiento que han provocado.
EL Estado de Derecho puede parecer paradójico porque no duda en amparar a quienes quieren destruirlo, cuando la ley los asiste. Por eso se le puede llamar Estado de Derecho, porque en él están prohibidas la arbitrariedad y la aplicación caprichosa de las leyes. Por virtuosa que sea para un ciudadano normal, se trata de una lección inútil para un criminal como Javier García Gaztelu, más conocido como «Txapote», al que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rebajado la permanencia en prisión de 40 a 30 años. El plazo de 40 años le fue fijado por la Audiencia Nacional, que refundió las diez condenas que pesaban sobre este sanguinario etarra aplicando la reforma penal de 2003, con la que se garantiza el cumplimiento efectivo de aquel plazo máximo de encarcelamiento. Sin embargo, el Supremo ha considerado que la reforma de 2003 no podía aplicarse retroactivamente a delitos cometidos con anterioridad. El criterio de la Sala Segunda es correcto, por mucho que suponga un beneficio para el terrorista. El principio de legalidad penal no permite empeorar —sí mejorar— la condición de un acusado o de un preso con reformas posteriores. «Txapote» no lo merece, pero no todo vale contra el terrorismo.
Dicho esto, la decisión del Supremo demuestra que las reformas legales son imprescindibles y que en un Estado democrático los jueces no pueden ni deben sustituir a los legisladores. En 2003, el Gobierno del Partido Popular asumió su responsabilidad e introdujo en el Código Penal el principio del cumplimiento efectivo de las condenas, con el apoyo del PSOE, que en las legislaturas anteriores se había opuesto a esta medida y a otras similares, como la eliminación de los beneficios penitenciarios. «Txapote» se ha librado del plazo máximo de encarcelamiento, pero todos los etarras que han asesinado desde 2003 saben que les esperan 40 años de prisión para asumir el sufrimiento que han provocado.
Editorial en ABC, 25/6/2011