EL MUNDO – 23/07/17
· Ordena identificar por su nombre en cuatro días a los interventores encargados de impedir gastos para el 1-0Amenaza con «responsabilidad penal o contable» si mienten, se retrasan o se equivocan.
· El Gobierno no quiere dejar vacíos por los que puedan escurrirse las responsabilidades de la Generalitat si incumple la sentencia del Constitucional que declaró nulas las partidas presupuestarias previstas para financiar el referéndum del 1-O.
El método más evidente es el de reclamar la identificación uno por uno y por su nombre de todos los interventores y responsables económicos del sector público catalán, a los que advierte de posibles «responsabilidades penales o contables» si mienten, se retrasan o se equivocan. El Ejecutivo sabrá así quiénes son los que dan el visto bueno a los movimientos del dinero público. La lista debe llegar a Hacienda en cuatro días.
A ellos será, en definitiva, a quienes se exijan responsabilidades administrativas, contables y, en su caso, penales, si certifican gastos o autorizan pagos destinados, directa o indirectamente, a la celebración de la consulta independentista.
De esta forma, poniendo rostro, nombre y apellidos a los funcionarios encargados de tal labor, el Gobierno pretende evitar que se desvíe la responsabilidad de los actos ilegales hacia el magma difuso de los voluntarios o se esconda tras la excusa de la obediencia debida.
Así, el texto del acuerdo adoptado el viernes por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y que ayer publicó el BOE, obliga a la interventora general de la Generalitat de Cataluña a remitir, a más tardar el próximo miércoles, día 26, el listado de todos los órganos y entidades que conforman el sector público de la Comunidad, así como los nombres de los máximos responsables de los mismos; de los interventores delegados; de los responsables económicos y financieros en el caso de que no exista interventor; del director general de Presupuestos, y del director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Con el envío de este listado, cada uno de los afectados se da por requerido expresamente para cumplir escrupulosamente con lo dispuesto en el acuerdo de la Comisión Delegada so pena de tener que hacer frente a las responsabilidades oportunas.
Todos ellos tendrán que certificar de acuerdo con las precisiones que establezca el Ministerio de Hacienda que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos, presupuestarios o extrapresupuestarios, en sus respectivos ámbitos de competencia, que puedan estar destinados a la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum secesionista.
La interventora general de la Generalitat de Cataluña enviará al Ministerio de Hacienda todos los miércoles el certificado final. Debe hacerlo por medios electrónicos y con firma también electrónica. A este documento deberá adjuntar todos los certificados individuales que los distintos interventores delegados y responsables económicos de cada órgano o entidad le hayan proporcionado.
Será responsabilidad de la interventora general precisar si observa en los mismos algún tipo de falsedad. Cada certificado se referirá a los datos acumulados relativos a la semana natural anterior. La primera certificación semanal tendrá que ser remitida al Ministerio de Hacienda el próximo viernes, 28 de julio, y sus datos se referirán al periodo comprendido entre los días 17 y 23 del presente mes.
Además, deberá trasladarse otra certificación adicional referida al periodo comprendido entre el 1 de enero y el pasado 16 de julio. Esta última deberá llegar al Ministerio el día 9 de agosto.
Si estas órdenes se incumplen o bien se detectan falsedades en los datos remitidos, Hacienda informará a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos a fin de que adopte las medidas oportunas incluyendo la posible suspensión de la financiación correspondiente.
Ello no impedirá que, además, se exijan responsabilidades administrativas, contables y/o penales a las autoridades o gestores que hayan autorizado el gasto o pago ilegal.
El Gobierno justifica este control exhaustivo sobre las cuentas catalanas aludiendo a la obligación que tiene la Generalitat de cumplir con los compromisos que adquirió a cambio de ser beneficiaria de los mecanismos adicionales de financiación y liquidez puestos en marcha para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales.
Estos compromisos, según el Ejecutivo, se han tambaleado claramente en las últimas semanas. Y no sólo porque se haya detectado ya algún gasto no justificado –6.150 euros– en la partida destinada a procesos electorales, lo que el Gobierno considera como un «signo de riesgo», sino también porque a ello se añaden «las recientes manifestaciones» de representantes de las instituciones catalanas «declarando su voluntad de continuar con el procedimiento referendario».
Precisamente estos pronunciamientos –en boca del presidente Carles Puigdemont; del vicepresidente Oriol Junqueras, así como de diversos consellers y altos responsables catalanes– han puesto, en opinión del Gobierno, «en nuevo riesgo» la estabilidad y el funcionamiento normal de las Administraciones Públicas y el resto de instituciones de Cataluña, y han generado, añade, «una nueva situación de incertidumbre económica que está perjudicando a ciudadanos y empresas y por tanto a la estabilidad financiera».
Como prueba de ello, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cita «la desconfianza que se ha generado en los inversores en los últimos días» y que ha quedado reflejada en la prima de riesgo catalana y en su imposibilidad de financiarse en los mercados.
PUIGDEMONT Y LA «GUERRA SUCIA»
Puigdemont estalla en Twitter. El presidente de la Generalitat reaccionó ayer por la mañana en las redes sociales a la intervención económica con seis mensajes al Gobierno
«El FLA, los informes falsos». Puigdemont publicó, entre otras preguntas, si «los euros públicos de los catalanes que han servido para sufragar la guerra sucia y han pagado informes falsos, ¿nos los puede devolver, señor ministro?» .
«España se hunde si colapsamos». El portavoz del Govern, Jordi Turull, también advirtió ayer al Gobierno que si Cataluña se bloquea económicamente, «España se hunde». En una entrevista en Rac1 el también conseller tachó la medida de Hacienda sobre el FLA de «absurda» .
EL MUNDO – 23/07/17