El 14 de abril EH Bildu y ERC anunciaron que se había alcanzado un acuerdo suficiente para tramitar la Ley de Vivienda, en un protagonismo claramente concedido por el Gobierno Sánchez como si esa puesta en escena fuese también resultado de la negociación. El 27 de abril, el jueves pasado, PNV, Junts, PDeCAT y CUP votaron en contra de la iniciativa legislativa en el Congreso. La Cámara Baja del Estado español está siendo el escenario de las pugnas y ajustes de cuentas partidarias que no acaban de sustanciarse en Euskadi o en Cataluña. Resultaba extraño que tanto los republicanos como la izquierda abertzale primaran los cambios introducidos en la normativa vigente para hacer prevalecer el derecho a la vivienda en España, cuando podían orientar todos sus esfuerzos hacia su realización en el ámbito autonómico. Ámbito que la norma parece tratar de subalterno, cuando es titular de la competencia.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute alegó en su intervención en la Cámara que la ley no es invasiva sino habilitante. El portavoz jeltzale Aitor Esteban recordó que la mención constitucional al derecho a la vivienda es un apunte que corresponde a las autonomías hacer efectivo. El argumento de Matute es verdaderamente novedoso para la formación que representa en el Congreso, porque no solo santifica el Estado autonómico, sino que opta por su versión más centralista. Las razones de Esteban son coherentes con la posición tradicional de su partido. Aunque éste no podrá eludir en las próximas semanas el debate de fondo sobre si Euskadi debe regular de otra manera el mercado de la vivienda, o los jeltzales prefieren que todo siga más o menos como está.

Inmediatamente después de brindar a EH Bildu el anuncio de la Ley de Vivienda, y en declaraciones a EL CORREO, Pedro Sánchez realzó la coincidencia «histórica» y «estratégica» con el PNV, frente al «abismo» que separaría a los socialistas de la formación liderada por Arnaldo Otegi. Algo que eludió confirmar introduciendo retoques en la Ley de Vivienda que subrayasen la competencia autonómica a la que se deberá su aplicación; atendiendo así a la sensibilidad del socio declarado preferente. Cuando no ha sido la primera vez que Sánchez contrapunteara sus querencias materiales por la izquierda abertzale con la advertencia de que su aliado principal es el partido de Ortuzar y Urkullu. La secuencia de las dos últimas semanas ha empequeñecido tanto al PNV como a EH Bildu respecto a la preeminencia de su espacio propio en Euskadi y en Euskal Herria. Como si su posición relativa en la corte de Pedro Sánchez fuese determinante para la validación de su hegemonía o de sus aspiraciones entre los vascos.

La volatilidad de la política española está afectando, curiosamente, a la pugna entre el nacionalismo renovado y el soberanismo de izquierdas. Como si ambos fuesen dependientes de una graciosa concesión por parte del Gobierno Sánchez. Pero hay también otra volatilidad que afecta a la política vasca. Que lo mismo puede procurar entendimientos entre la izquierda abertzale y los jeltzales en materia educativa, mientras se confrontan en todo lo demás con un ánimo desigual. Lo ocurrido hasta ahora permite adivinar que el pulso continuará siendo muy cortesano si ambos están en condiciones de apuntalar la investidura de Sánchez para la próxima legislatura. Mejor no pensar en lo que se nos vendrá al respecto si Núñez Feijóo se hace finalmente con las riendas del país.