El pasado 5 de septiembre, animado por la visita en Bruselas de la vicepresidenta Yolanda Díaz, el prófugo Carles Puigdemont convocó a los medios para anunciar su lista de condiciones a cambio del respaldo de sus siete diputados a la investidura de Pedro Sánchez. Las demandas del fugado eran tan excesivas y contrarias al Estado de derecho que en este periódico advertimos sobre el peligro de atender no todas, sino cualquiera de ellas.
Sólo un suicida se avendría a negociarlas, esgrimimos, en lugar de descartarlas y probar mejor fortuna en una repetición electoral.
Dos meses y cinco días después, en cambio, se ha impuesto el interés privado del candidato sobre los intereses nacionales. El documento publicado ayer por PSOE y Junts da cuenta de un acuerdo de investidura disparatado que atenta contra valores fundamentales de la Constitución como la unidad de la nación, la seguridad jurídica o el principio de igualdad entre los españoles. El compromiso de aprobar una Ley de Amnistía, que legitima los delitos del procés y deslegitima la actuación de la Justicia española para condenarlos, así lo constata.
El acuerdo entre las formaciones es tan descabellado que una simple enumeración de sus puntos es más elocuente que cualquier sucesión de adjetivos. Con el pacto, el PSOE accede a que la legislatura y la continuidad de su Gobierno pendan del hilo de un verificador internacional. Y abraza un concepto del lawfare («o judicialización de la política») que es insostenible de principio a fin, pues todas las acciones judiciales del procés se han iniciado desde la Fiscalía.
Con todo, la aceptación del lawfare contiene una derivada más preocupante. Da pie a que los procesados lo usen a su favor para acreditar que no actuaron contra la ley y que fueron los tribunales, en cambio, quienes se excedieron.
Los jueces hacen bien al temer, por tanto, que pasen a ser los juzgados. Hasta la asociación Jueces por la Democracia, más afín al PSOE, se ha unido a un comunicado conjunto de las principales organizaciones judiciales para condenar las «explícitas referencias» a desarrollar «comisiones de investigación» sobre sus procedimientos y sentencias. Lo que significaría quebrar la independencia judicial y, en pocas palabras, atacar la separación de poderes en España.
Es cierto que el PSOE se ha desdicho unas horas más tarde. En un comunicado, ha concretado que respeta «plenamente la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes». Pero para que esa rectificación sea creíble tendrá que venir acompañada de la corrección del documento firmado con Junts.
Desconexión de Cataluña
Ya en sus antecedentes, el documento revela hasta qué punto el PSOE se ha entregado al relato histórico retorcido y manipulado de Puigdemont y sus seguidores, que incluye los Decretos de Nueva Planta del siglo XVIII (por los que Cataluña, a juicio de Puigdemont, tuvo Constitución antes que Estados Unidos).
Es el mismo relato que el PSOE ha combatido desde 2017, tanto dentro de España como en Bruselas, en sintonía con el PP. Así lo hicieron los dos partidos de Estado, junto a Ciudadanos, para combatir la propaganda nacionalista, velar por el honor de las instituciones democráticas y neutralizar el golpe impulsado desde la Generalitat. La debilidad parlamentaria y la falta de límites de Sánchez ha desbaratado estos esfuerzos.
El PSOE ha firmado, para su desdoro, un relato que comienza con el señalamiento del Tribunal Constitucional y la responsabilización del PP por los delitos cometidos por los autores de la declaración unilateral de independencia. No hay en la redacción una sola muestra de crítica a los políticos que llevaron a Cataluña al borde del abismo. Sí queda muy presente, sin embargo, el victimismo de los nacionalistas.
No es una novedad que Puigdemont predique la idea de un Estado español que oprime con brutalidad los derechos y aspiraciones del pueblo catalán. El factor fundamental y diferencial es, en esta ocasión, que el PSOE suscribe sus palabras. Y casi tan grave como el hecho en sí es la razón para justificarlo: los votos que necesita su candidato para la investidura.
PSOE y Junts tienen razón cuando afirman que, «seis años después» del golpe, «la cuestión de fondo sigue sin resolverse». Podría pensarse que la cuestión de fondo es la garantía de que el nacionalismo catalán va a acceder al cumplimiento de la ley y a renunciar a la ruptura de España. Pero una lectura más profunda obliga a sospechar que Junts, con el acuerdo, no sólo no renuncia a la unilateralidad, sino que aprovecha el viento a favor para intercambiar estabilidad temporal del Gobierno por más cesiones dirigidas hacia la desconexión de Cataluña respecto al resto de España.
Si todavía había algún español qué se preguntara qué queda del presidente que prometió la detención de Puigdemont y la defensa inquebrantable de las instituciones democráticas, ayer pudo resolver que casi nada.
Es más: lo que cabe preguntarse ahora, a la vista de que el texto incluye las demandas insatisfechas de «un referéndum de autodeterminación» y «la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña», es qué garantías tienen los españoles de que Sánchez no atenderá más adelante estos puntos si ve amenazada su continuidad en la presidencia.
Es muy difícil que España salga igual que como entró en este laberinto. La próxima legislatura se debatirá pulso a pulso, y todo indica que con inestabilidad parlamentaria y tensiones sociales. El PSOE sostiene que el acuerdo «abre una nueva etapa y contribuye a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña». Pero nada invita a compartir este optimismo. Ni en Cataluña ni en el resto de España.