Como le decía el otro día, tanto la amnistía ahora, como antes la concesión de los indultos, la eliminación de la sedición o la modificación de la malversación han sido cuestiones que afectan al entramado jurídico de nuestra convivencia. Algo que el común de los ciudadanos observa con cierta lejanía no exenta de desinterés. Pero el sistema de financiación es diferente pues afecta al bolsillo que, como sabe, esta bien cerca. Justo en los pantalones, ahora que casi nadie usa chaqueta. Y eso, claro, es diferente y la cosa adquiere cierto dramatismo.

La opinión de los inspectores es rotunda, pero camina por vericuetos distintos a los generales. El poderoso cuerpo del Estado se alarma fundamentalmente por cuestiones que le atañen a él, como son las tareas de inspección que se verán entorpecidas por la aparición de agencias tributarias repartidas por todo el país. Ponen de ejemplo a las haciendas forales de las que se quejan por su falta de colaboración en dichas tareas al oscurecer el cruce de datos fiscales de los contribuyentes que actúan en varias comunidades, y resaltan las dificultades que se encuentran para investigar el funcionamiento real de muchas operaciones del IVA.

Pero al común de los mortales les preocupan otras cuestiones. Si vive en una comunidad que ‘aporta’ al saco común, le preocuparán las alteraciones en la ordinalidad del sistema. Pero si vive en una de las que ‘reciben’ estará asustado ante la eventualidad de que pase a recibir menos si los que aportan abandonan el sistema. Ambas preocupaciones son lógicas. La primera, de la que se quejan amargamente y con razón los catalanes, se basa en la injusticia que supone el hecho de que tras los ajustes realizados en el saco común, quienes aportan más se vean superados por algunos de los receptores netos. De ahí que propongan topar y limitar el ejercicio de la solidaridad, algo que al parecer se integra perfectamente en el cacareado progresismo que anega a los que mandan. La otra preocupación también es lógica, pues la solidaridad entre regiones es uno de los pilares sobre los que se asienta la convivencia en el Estado y dañar la primera es resquebrajar la segunda.

Llegados aquí reaparecen los viejos fantasmas de los sistemas forales. Una de sus principales virtudes, como reconoce todo el mundo, es el ejercicio de la corresponsabilidad fiscal. Ni para el País Vasco ni para Navarra existe el FLA y las dos comunidades gastan ‘de lo suyo’, de tal manera que se responsabilizan ante sus ciudadanos/contribuyentes de la presión fiscal que ejercen sobre ellos y del gasto social que les devuelven a cambio. Son sistemas de ‘mayoría de edad regional’ que no todas las demás desean y que, incluso, a algunas espanta. Pero la opacidad del cálculo del Cupo, que nadie entiende y nadie se toma la molestia de explicar con sencillez y claridad, abre la puerta a las consideraciones más perversas, ayudadas en el evidente desfase existente entre las distintas comunidades a la hora de comparar el gasto social por habitante.

La propia Asociación de Inspectores de Hacienda de la que hablábamos al principio califica de ‘agujero negro’ al régimen foral. Es un calificativo a todas luces exagerado, pero es evidente que le vendría bien un poco de claridad.