TONIA ETXARRI, EL CORREO – 24/09/14
· Después de este movimiento, se agudiza la impresión de que el Gobierno acierta cuando rectifica.
La reforma de la ley del aborto a la que se había comprometido el PP en su campaña electoral había suscitado tanta controversia que, al final, Alberto Ruiz Gallardón no ha podido con ella. Cuando el Gobierno de Zapatero hizo exactamente lo contrario (reformar la ley del aborto, a pesar de que no formaba parte de sus promesas de campaña) fue el PP quién más insistió en que se trataba de un tema muy delicado que no estaba, entonces, al cabo de la calle. Que no formaba parte de las preocupaciones reales de la ciudadanía, entre otras cosas, porque la ley de los tres supuestos de 1985, que aguantó las dos legislaturas del PP sin que a Aznar se le moviera el bigote, ya estaba amortizada. Y, entonces, era cierto.
Sin embargo, después de la ley del aborto del 2010 que permitía, entre otras cosas, que las menores de edad pudieran abortar sin consentimiento paterno, la polémica inexistente en la calle terminó tomando cuerpo en los enfrentamientos políticos. Y la familia socialista también experimentó en sus filas la discrepancia manifiesta aunque los disidentes, a la hora de la verdad, terminaron por acatar dócilmente la reforma Aido-Pajin. Y el PP decidió meterse de hoz y coz en este lío creyendo que la ocasión merecía una sacudida en la regulación de un problema que deja sobre la mesa una colisión de derechos entre la mujer embarazada y el no nacido.
Gallardón estaba dispuesto a recuperar una ley de supuestos más restrictiva que la del 85 reduciendo las condiciones a los casos de grave peligro de salud física y síquica de la madre. Pero entre el coladero que llegó a suponer la ley del 85 en su tercer supuesto y los informes médicos que tenían que certificar el desequilibrio mental de la embarazada que quisiera abortar, no se ha encontrado el punto intermedio. Y, sobre todo, consensuado.
Porque la mayoría de los partidos en el Congreso se han manifestado favorables a la ley de plazos. Aquí sí que es difícil encontrar las «terceras vías». En su partido, el PP, también han surgido voces disidentes. Dirigentes femeninas que han declarado que ellas defienden una ley de plazos. Y, finalmente, Rajoy ha tenido que cobrarse como víctima a Gallardón. No se puede simplificar aludiendo «intereses electorales» como el motivo de la renuncia a uno de los proyectos estrella de este Gobierno. Porque hiciera lo que hiciera, iba a perder adeptos.
Y ha tenido que elegir. Entre perder el voto de los sectores más duros y confesionales o perder el apoyo de los ciudadanos menos ideologizados y más preocupados por la economía. Después de este movimiento, se agudiza la impresión de que el Gobierno acierta cuando rectifica. Porque, a excepción de las reformas económicas, en otras medidas se ha mostrado dubitativo cuando ha crecido la presión.
Con esta dimisión, el Gobierno de Rajoy paga el alto precio de prescindir de uno de sus pesos pesados, con mayor proyección política. Gallardon se va con los deberes hechos al dejar ya preparados los recursos contra las iniciativas de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional. Pero, después de toda su carrera política, parece que se va por la puerta de atrás. Merecía una salida más digna.
TONIA ETXARRI, EL CORREO – 24/09/14