Agustín Valladolid-Vozpópuli

La torpeza de rechazar un espacio de consenso con la oposición no es compatible con la exigencia posterior de que, en aras del interés general, unos y otros mantengan la boca cerrada

Tras los atentados del 11 de marzo de 2004, José María Aznar decidió que no era necesario convocar en Moncloa a los líderes del resto de partidos políticos para buscar una posición común. Aquel error, y la posterior insistencia en señalar a ETA como presumible autora por una razón estrictamente electoral, mandaron al PP a la oposición en las elecciones del domingo 14 de ese mismo mes y auparon al poder a Rodríguez Zapatero.

Hay notables diferencias entre aquellos hechos y los que hoy padecemos, pero por encima sobresale un factor común: la reacción prácticamente unánime y solidaria de los ciudadanos, solo rota inicialmente por la torpeza irresponsable de quienes pretendieron sacar rédito político y ahora aparecen en público bajando la voz y enseñando su mejor patita de corderos degollados.

Unidad que no ha sabido preservar un presidente que, de forma sorprendente, decidió anteponer la inestable fragilidad de su gobierno a la búsqueda de un consenso que hubiera sido determinante, y para bien, en las actuales circunstancias. Persuadido por un sector de su equipo, y por la seguridad en sí mismo que le caracteriza, Pedro Sánchez debió pensar que ya no era solo un líder de militancia, que se había convertido en un líder de masas, un Winston Churchill con sobradas condiciones naturales para pedir al país, sin apenas contestación, grandes sacrificios, y así sacar él solito la nación adelante y agrandar así su leyenda.

Ahora dirán lo que quieran, pero en el PP nacional, dos días después de las manifestaciones del 8-M, seguían manteniendo que esta era una crisis más psicológica que sanitaria

Como no podía ser de otro modo, el resultado de ese guion quimérico ha sido otro muy distinto. Vaivenes, indecisiones, peleas internas, fracasos, soledad. Sánchez, al igual que Aznar, ha despreciado a la oposición, ha excluido a los empresarios de cualquier debate sobre la practicidad de las medidas que afectan a las pymes y al empleo, y ha consumido gran parte de su tiempo y energías en discutir, a veces de forma extenuante, con quienes no han visto en su vida un balance y creen que una cuenta de resultados en números rojos es una maquinación de las élites contra la clase trabajadora.

Sánchez tenía todo a favor. Ahora dirán lo que quieran, pero en el PP nacional, dos días después de las manifestaciones del 8-M, seguían en Babia. Como él. Miembros del núcleo duro de Génova 13 mantenían que esta era una crisis más psicológica que sanitaria y que a lo único que nos iba a conducir es a una acusada caída del PIB y a un incremento aún más brutal del paro. Como muchos otros, se equivocaban en lo primero y acertaban en lo segundo, aunque, en su descargo, hay que anotar un dato relevante: si nadie se lo había comunicado, no podían tener la información que ya manejaba el Gobierno.

La dureza de los ataques más furibundos contra Sánchez, relacionados con la gestión de la crisis, es extemporánea y en ocasiones injusta

Creo que tienen razón los que defienden que las campañas de tierra quemada perjudican a todos, que no es el momento de apretar el gatillo judicial, que la dureza de los ataques más furibundos contra Sánchez, relacionados con la gestión de la crisis, es extemporánea y en no pocas ocasiones injusta. Tienen razón aquellos que sostienen que de echar algún día a este Gobierno, habrá que hacerlo cuando toque, en las urnas, y no utilizando rebuscados atajos a través de los tribunales, salvo evidencia delictiva. Pero tampoco se justifican los intentos de eludir cualquier asomo de crítica o responsabilidad política argumentando que esto le podía haber pasado a cualquiera o tirando del muy gastado recurso consistente en echarle la culpa de todo a la derecha.

Ahora dirán lo que quieran, pero en el PP nacional, dos días después de las manifestaciones del 8-M, seguían manteniendo que ésta era una crisis más psicológica que sanitaria

La derecha, el centro, la extrema izquierda, la derecha extrema y cualesquiera otra representación política, tienen no ya el derecho, sino la obligación de fiscalizar al Ejecutivo. El estado de alarma no justifica la hibernación del Parlamento, ni la censura previa de las preguntas a los responsables políticos o técnicos. Esto no es China, y en una democracia los partidos de la oposición, la prensa y en última instancia los ciudadanos, reclaman libérrimamente la verdad; quieren saber cuáles son las inauditas razones por las que las autoridades han tardado tres semanas en ponerse a estudiar el traslado de enfermos a las comunidades autónomas menos saturadas; necesitan explicaciones sobre las causas por las que, a pesar de contemplarse ya el riesgo de pandemias en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, han fallado la planificación y los protocolos previstos en la misma. Etcétera, etcétera.

Un error definitivo

La torpeza de rechazar un espacio de consenso con la oposición no es compatible con la exigencia posterior de que, a resguardo del interés general, unos y otros mantengan la boca cerrada. Gobernar en un sistema de libertades es sin duda uno de los oficios más difíciles que existen. Hacerlo, además, cuando sin verla venir te ha estallado en la cara una crisis de impacto desconocido en tiempo de paz, un drama global que afecta de un modo u otro a la totalidad de los ciudadanos de un país, convierte la gobernación en un ejercicio de altísimo riesgo. Pero intentar amortiguar las previsibles consecuencias del atropello fabricando amenazas que hoy suenan a fútiles excusas (“La derecha prepara el golpe para el día después”, Odón Elorza), sería el error definitivo de un Gobierno que ha sido incapaz de convertir la solidaridad en la mejor bomba de achique y cuyo principal (si no único) punto de adherencia es la enormidad de la tragedia.

Post Scriptum.- Hay quien en estos días lo ha expresado con lúcida sencillez en las redes sociales: estamos dejando morir a la mejor generación viva de este país, la que en mayor medida se ha sacrificado tras la guerra civil y ha sostenido la red de rescate social en los momentos más duros; la que, por ejemplo, mantuvo a flote con sus pensiones a millones de familias durante la crisis de 2008. La estamos dejando morir cuando era y es, con mucho, la que las autoridades tendrían que haber identificado desde el primer momento como la principal prioridad, la que una sociedad madura nunca debería haber soslayado, haciendo como que no la veía, asumiendo con una espeluznante frialdad la masiva desaparición de nuestros mayores en ignominiosa soledad. Una gigantesca injusticia colectiva, una inmoralidad que nos perseguirá como sociedad durante mucho tiempo: la de situar a los ancianos en el furgón de cola de la atención sanitaria. Nunca podremos perdonárnoslo.